“Siempre fueron trompadas”, describió con timidez y voz entrecortada Delia Rosa Moyano. No necesitó más palabras para dar cuenta del contexto de violencia doméstica que atravesó la relación de doce años con su pareja, Jorge Cuello, con quien tuvo tres hijos. Delia, una mujer de 34 años, de condición muy humilde, del ámbito rural de Olavarría, se animó a decirlo y la escucharon los tres jueces del Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Azul, que la juzgan por la muerte de Cuello: en la noche del 24 de agosto, la joven atinó a manotear un cuchillo de la cocina para defenderse de los golpes que le daba su marido, que la quería atar y no le daba tregua. Le dio un puntazo como última instancia, cuando sintió que su vida podía correr peligro. El hombre resultó herido, pero no fue a atenderse y a los tres días falleció, sin recurrir a una atención médica. Hoy se conocerá el veredicto. La defensa pidió su absolución porque entendió que actuó en legítima defensa. Pero la fiscalía no contempló el contexto de violencia de género y reclamó pena de prisión perpetua al acusarla del delito de homicidio agravado por el vínculo de convivencia.

Delia recurrió varias veces al destacamento policial, ubicado a unos cien metros de su rancho. Lo declararon dos efectivos de la Bonaerense de Espigas, el pueblo rural donde vive la mujer. También contaron que una noche la llevaron a dormir al hospital con sus tres hijos, que hoy tienen 9, 6 y 3 años, porque la mujer no quería volver al hogar por los golpes del hombre. Según contó, hizo denuncias y nunca prosperaron.

“Por los antecedentes de violencia de género que se ventilaron en el juicio, Delia no puede ser condenada: es imprescindible que el tribunal tome en cuenta ese contexto de malos tratos reiterados”, indicó a Página/12 Laurana Malacalza, titular del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ayer, el Observatorio hizo una presentación ante el tribunal donde enumera la jurisprudencia de casos similares, en los que la acusada fue absuelta, por considerar que el contexto de violencia de género es el que configura la legítima defensa. “Es muy preocupante la inacción de la Justicia en la provincia de Buenos Aires para proteger a las mujeres que denuncian violencia de género. Pero parece que funciona para investigar a las mujeres que se defienden”, señaló Malacalza.

El juicio contra Delia comenzó la semana pasada. Llegó al debate oral y público con arresto domiciliario, para poder seguir al cuidado de sus hijos y con permiso para llevarlos y buscarlos en la escuela. Pero antes estuvo detenida en la Unidad Penal 52 de Azul y sus hijos derivados al hogar Namasté.

En la primera audiencia del juicio recibió el apoyo de Fernando Wilhelm, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Azul. Delia se crió en el campo, con su padre y sus hermanos, luego de que falleciera su madre, cuando ella era una niña. Con Cuello se fue a vivir a los 20 años; él tenía 48. Con el tiempo y el consumo excesivo de alcohol, el hombre desarrolló cirrosis.

Según se ventiló en el juicio, Delia hizo presentaciones, un año antes del trágico desenlace, que llegaron hasta la Comisaría de la Mujer de Olavarría. Pueden haber sido exposiciones civiles o denuncias. Ella no pudo precisarlo. No sabía que podía pedir la exclusión del hogar del golpeador. Nunca la citaron luego de recurrir a la policía en busca de ayuda. “Hice la denuncia cuando me agarró con un fierro, me golpeó toda, por todo el cuerpo, me puteaba, me pateaba, trompadas siempre”, contó. Su pareja la doblaba en edad y en peso: tenía 60 años y alrededor de cien kilos. En la zona, los vecinos sabían de las golpizas que ella sufría y del alcoholismo que potenciaba su violencia. También lo afirmó otra policía, Patria Torres, durante el juicio. “Siempre ella denunció, nunca él”, declaró y detalló que llegó a ver a Delia golpeada las veces que fue al destacamento a dar cuenta de la violencia física o a pedir que fuera a su casa un patrullero, para “calmar a Cuello”.

El defensor oficial, Martín Marcelli, pidió su absolución. Y encuadró el hecho como un caso de legítima defensa. La fiscalía pidió la pena de prisión perpetua. Hoy, está previsto que los jueces Marcelo Céspedes, Joaquín Duba y Gustavo Borghi dicten la sentencia.