El camarista penal de Viedma, Juan Bernardi, fue procesado ayer por la Justicia, imputado por los delitos de corrupción de menores y facilitación de la prostitución infantil. El procesamiento lo ordenó el juez a cargo de la causa, Fabio Igoldi, quien ordenó la prisión preventiva de Bernardi, aunque le otorgó a su colega la excarcelación porque todavía mantiene su jerarquía judicial, aunque el procesado está suspendido en sus funciones por resolución del Consejo de la Magistratura desde el pasado 31 de marzo.

Este mismo organismo debe resolver a continuación sobre el pedido de desafuero de Bernardi, interpuesto por Igoldi, con la finalidad de proceder a su inmediata detención.

El mismo auto de procesamiento y prisión preventiva recayó sobre otro imputado, Julio Antueque, encargado de la casaquinta que Bernardi tiene en las afueras de la capital rionegrina, quien fue detenido al mediodía y alojado en la seccional 1ª de Viedma.

Según la investigación, que lleva varios meses de desarrollo, el delito investigado tuvo como víctimas a varias jóvenes alojadas en el Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (Caina), dependiente del Ministerio de Desa-rrollo Social rionegrino.

Los investigadores creen que el escenario de los hechos pudo haber sido la casaquinta de Bernardi, bajo el cuidado de Antueque, vivienda ubicada sobre la costa del río a 16 kilómetros del centro de Viedma.

El magistrado procesado y detenido aseguró el jueves pasado, cuando prestó declaración indagatoria, que es “absolutamente ajeno” a los hechos que se le imputan.

Sin embargo, tres semanas atrás, en declaraciones a un diario local, Bernardi admitió que en una ocasión compartió, en su casaquinta, un asado con Antueque y algunas menores, pero descartó que hubiese habido alguna forma de contacto físico con las jóvenes.

Las actuaciones del caso, que tiene amplia repercusión social en Viedma, arrancaron con la denuncia de la madre de una de las presuntas víctimas.

El caso está investigado por el juez Igoldi a través del fiscal Juan Puntel, pero existe otra causa, a cargo del fiscal Hernán Trejo, sobre eventuales irregularidades en el funcionamiento del Caina y la responsabilidad que les cabe a las autoridades de la cartera de Desarrollo Social.

“La facilitación para la prostitución de menores alojadas en el Caina de Viedma no sería un tema nuevo y hemos encontrado antecedentes del año 2008 que se desprenden del expediente por el asesinato del estudiante Atahualpa Martínez”, afirmó la diputada provincial Susana Diéguez, presidenta de la comisión parlamentaria investigadora de ese caso, todavía irresuelto.