A más de tres años del hecho, el asesinato de Patricio Jonathan Barros Cisneros, de 26 años, ocurrido cuando estaba detenido en la Unidad Penitenciaria 46 de San Martín, comenzó a ser sancionado con la condena a prisión perpetua de cinco de los guardiacárceles señalados como autores materiales. El caso, calificado como “torturas seguidas de muerte” por el Tribunal Oral 4 de ese partido bonaerense, estuvo plagado de episodios tendientes a lograr la impunidad de los autores. Se dijo que Barros Cisneros se había “suicidado” golpeándose contra las rejas cuando se comprobó la existencia de 36 heridas en su cuerpo, muchas de ellas en la cabeza y en el cuello, producto de la feroz golpiza a la que fue sometido el 28 de enero de 2012, cuando era visitado en la cárcel por su pareja. El tribunal solicitó que se investigue por “encubrimiento agravado” a los entonces jefes de la U-46, por construir la versión del falso suicidio.

Los cinco guardias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) condenados a prisión perpetua son Héctor Mario, Rodrigo Emilio Chaparro, Gerardo Rodolfo Luna, Víctor Miguel Gallego y Juan Manuel Liberto, mientras que el sexto imputado, Javier Keem, fue absuelto. Liberto, el único de los acusados que había llegado al juicio en libertad, fue detenido tras la lectura del fallo, mientras que Keem fue dejado en libertad.

Al analizar el fallo del tribunal, integrado por Mónica De Benedetto, Julio César Di Giorgio y Marcelo José Machado, la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, sostuvo que constituye “un precedente importantísimo” porque “muestra la complejidad de las discusiones sobre violencia institucional y lo que se viene denunciando desde hace muchísimos años”.

Consideró que los jueces dieron “un mensaje muy fuerte a los miembros del SPB en cuanto a que no son tolerables las situaciones de violencia en las cárceles”. Litvachky puntualizó que hay “muy pocos antecedentes” de condenas a prisión perpetua en casos de estas características, ocurridos en una unidad penitenciaria. En el juicio oral que finalizó ayer con la sentencia, los abogados del CELS Mariano Lanziano y Eva Asprella, al igual que la fiscal Paula Leiva, habían solicitado la misma pena que aplicó el Tribunal Oral 4 de San Martín.

El crimen ocurrió el 28 de enero de 2012, cuando Barros Cisneros esperaba la visita de su pareja, Giselle, que en ese momento tenía 18 años y a pesar del intenso calor, y de estar embarazada, tuvo que esperar tres horas para ingresar a la U-46. Los jueces dieron por probado que Luna y Liberto requisaron a Barros Cisneros, mientras que Chaparro lo recibió para llevarlo a admisión.

En ese momento, el detenido pidió hablar con Luna para poder tener un lugar de visita más cómodo y fresco, pero los penitenciarios rechazaron la solicitud y fueron a hablar con Mario, el encargado de turno. La agresión contra Barros Cisneros comenzó cuando entraron al pasillo que conduce a la sala de visitas. Lo golpearon con saña durante un cuarto de hora.

“Todos pegaban piñas, patadas, trompadas, saltaban arriba, en la cabeza, en las costillas, en la entrepierna, donde se les cruzaba, como a una pelota de fútbol, como a una bolsa de basura”, declaró uno de los testigos del juicio oral. La mayoría de las declaraciones coincidieron en que escucharon a la víctima suplicar para que dejaran de golpearlo. Lejos de la clemencia, un penitenciario fue a buscar gas pimienta y se lo arrojó en la cara al detenido, que estaba tirado en el piso.

La autopsia confirmó las afirmaciones de los testigos presenciales: la médica que la realizó demoró más de 10 minutos en dibujar ante el tribunal “el mapa” con las 36 heridas que tenía Barros Cisneros sobre su cuerpo, en especial en el cuello y en la cabeza. Recién al final de la golpiza, uno de los penitenciarios se dio cuenta de que la novia de Patricio había visto todo. Aunque ya era tarde, la sacaron del penal.

La falsa versión que inventaron los penitenciarios decía que el detenido había atacado a Chaparro y que luego se había “suicidado golpeándose contra las rejas”. Al principio, la versión fue avalada por los responsables del penal de San Martín. Ellos eran el director de la cárcel, Leonardo Dziata; el subdirector Eduardo Orzusa y el subdirector de Asistencia y Tratamiento, Mauricio Pinedo. La cúpula fue relevada de su cargo el 2 de febrero de 2012 y ahora será investigada por orden de los jueces del Tribunal Oral 4.

La mentira oficial, en su momento, aseguraba que Chaparro había sido herido con una faca por Barros Cisneros, pero todos los testigos dijeron que la víctima estaba desarmada y se comprobó que el penitenciario se había lesionado a sí mismo en una de las oficinas del penal.

En los fundamentos de la sentencia, el tribunal apeló a una consideración reiterada e ignorada con frecuencia por el SPB: “La privación de la libertad no puede implicar prácticas de violencia ni tratos indignos o degradantes hacia los detenidos”. Subrayaron que los sufrimientos físicos y psíquicos graves como los recibidos por Barros Cisneros conforman “el delito de tortura”. El CELS consideró que eso sienta “un precedente importante” frente a otras sentencias que, ante castigos similares, le dan una calificación menos gravosa.

En febrero de 2012, cuatro de los implicados en el asesinato de Barros Cisneros se fugaron y permanecieron más de un año en esa condición. Sólo tres de ellos fueron luego capturados, los ahora condenados Rodrigo Chaparro, Héctor Mario y Gerardo Luna, mientras que el cuarto, César Benítez, sigue en situación de prófugo.

El 6 de febrero de 2012, el secretario de Ejecución Penal de la Defensoría General de San Martín, Juan Manuel Casolati, aseguró ante los medios de prensa que la directora provincial de Política Penitenciaria, Natalia Savichevich, había sido alertada sobre esa posible fuga, que finalmente no pudo ser impedida. El Ministerio de Seguridad bonaerense ofreció una recompensa de cien mil pesos a quien pudiera dar información cierta sobre el paradero de los penitenciarios.

Otro hecho relacionado con este caso fue el supuesto suicidio de Víctor Hugo Silva, de 24 años, otro de los guardias que había sido acusado por la muerte de Barros Cisneros y que apareció ahorcado, con una sábana, en julio de 2012, en una celda de la Alcaidía de Avellaneda. Su abogado, Damián Barboza, le aseguró en su momento a Página/12 que “se suicidó cuando le confirmaron la prisión preventiva”.