Sábado, 9 de mayo de 2015 | Hoy
SOCIEDAD › FUE CONDENADO POR COMPLICIDAD CON UNA BANDA DE LADRONES DE AUTOS
Como fiscal de San Isidro, Hernán Collantes intervino en varias causas resonantes. Entre ellas, la de la muerte de Marcos Schenone, en la que fue condenado Horacio Conzi. Ayer fue condenado por “blanquear” autos robados mientras era funcionario judicial.
Hernán Collantes, ex fiscal de San Isidro, fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación absoluta por dedicarse, mientras era funcionario judicial, a prestar una ayudita a una banda: lo que hacía era “blanquear” autos robados, a los que les levantaba el pedido de secuestro. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro dio por probado los vínculos que al momento de ser fiscal tenía con la organización delictiva, y lo consideró autor del delito de “encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público y falsedad ideológica”. Collantes se desempeñó como fiscal hasta 2007 e investigó varias causas resonantes, entre ellas el homicidio de Marcos Schenone, cometido por el empresario gastronómico Horacio Conzi.
La causa por la que ayer fue condenado Collantes se inició en 2007, pocos meses después de que renunciara a su cargo como fiscal para desempeñarse en la actividad privada. La instrucción estuvo a cargo del por entonces fiscal de Vicente López Eduardo Rodríguez y luego la causa la continuó su colega de San Isidro Patricio Ferrari. Rodríguez pidió en su momento la detención de Collantes, pero el Juzgado de Garantías que intervino lo rechazó. La defensa de Collantes, a cargo de Juan Carlos García Dietze, sostuvo por entonces que la Justicia “captó que existe un ánimo de revanchismo en el Ministerio Público Fiscal de San Isidro”.
En el expediente original había otros dos imputados: Hugo Chiozza –que por cuestiones procesales aún no llegó a la etapa de juicio– y Claudio Max González, quien murió en enero de 2009, durante un enfrentamiento con efectivos de la DDI de Mercedes en la localidad bonaerense de Paso del Rey, donde lo sorprendieron con un camión cargado con cuatriciclos que fue robado en un hecho de “piratería del asfalto”. González, armado con un FAL, murió acribillado por la policía.
Con el antecedente de haber sido imputado en al menos tres causas, finalmente los jueces Marcelo García Helguera, Raúl Luchelli Ramos y Agustín Gossn decidieron condenar ayer a Collantes y fijar en dos años y medio de prisión la pena, aunque de ejecución en suspenso, por lo que el ex fiscal que en la actualidad ejerce como abogado particular penalista no fue detenido. El tribunal dispuso también para el imputado una inhabilitación absoluta por cinco años.
Mientras era titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de San Isidro, Collantes tenía relación con una banda de ladrones. La maniobra en la que intervenía el fiscal consistía en que un miembro de la organización se presentaba en su fiscalía para denunciar que había comprado de buena fe un auto que tenía “problemas de documentación”.
La causa más importante en la que participó Collantes cuando era fiscal fue el crimen de Marcos Schenone, asesinado a balazos el 16 de enero de 2003 en Beccar, hecho por el que el empresario Horacio Conzi, dueño del complejo gastronómico Dallas, fue condenado a 24 años y 6 meses de prisión. Collantes era el adjunto del por entonces fiscal titular Mario Kohan en la UFI 2 de San Isidro. Hugo Conzi, hermano de Horacio, había acusado a los fiscales de “mentirosos y ladrones” y denunciado que “la Justicia de San Isidro es un desastre”.
En mayo de 2004, y ya como fiscal titular, Collantes investigó como posible crimen por envenenamiento el fallecimiento de Lidia Elizabeth Scopino (39), una ciudadana estadounidense y ex policía de Nueva York, que apareció muerta en Beccar y estaba en la Argentina para tramitar una herencia.
En noviembre de 2003, el ex fiscal llevó adelante una “megacausa”, donde fueron detenidos diez efectivos policiales del Comando Patrullas de Vicente López y otros nueve de la comisaría de Florida, acusados por asociación ilícita, extorsión (contra sus propios pares), cohecho (cobro ilegal a comerciantes, empresas de transporte y de seguridad por servicios extra de vigilancia) y defraudación a la administración pública, además de falsificación de documento público, malversación de caudales e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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