En el juicio por la detención y las torturas que Luciano Arruga sufrió el 22 de septiembre de 2008, meses antes de su desaparición, en enero de 2009, la fiscalía pidió una pena de diez años de prisión para el policía bonaerense Julio Diego Torales, mientras que los abogados que representan a la familia del joven solicitaron 16 años de cárcel. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cuyos abogados integran la parte querellante, sostuvo que Luciano Arruga, a los 16 años, el 22 de septiembre de 2008, “fue detenido de manera irregular y llevado al Destacamento de Lomas del Mirador”, que funcionaba en una casa de familia, en “un lugar que no estaba habilitado para alojar detenidos y prohibido expresamente” para llevar a menores de edad. El veredicto será dado a conocer el viernes próximo, a las 12.

En ese destacamento “estuvo aislado, incomunicado y privado del derecho de ver a su familia durante nueve horas”, a la vez que “recibió golpes, trato inhumano y amenazas” que tuvieron un fuerte impacto psicológico en los pocos meses que le quedaban de vida, ya que murió poco después, aunque su cuerpo recién fue hallado e identificado en octubre del año pasado.

El CELS recordó que cuatro meses después de esa detención arbitraria, Luciano “desapareció en circunstancias que están siendo investigadas por la Justicia Federal. Como muchos jóvenes pobres que viven en los barrios populares, Luciano era estigmatizado, discriminado y hostigado por integrantes de la Policía Bonaerense”. Lo mismo le ocurrió a su familia, que “en todas las ocasiones en que tuvo que reclamar por él sufrió también distintas formas de maltrato”.

En la audiencia de ayer, en el Tribunal Oral Nº 3 de La Matanza, el fiscal José Luis Longobardi solicitó diez años de prisión para el acusado, y los abogados querellantes Juan Manuel Cambie, de la Asamblea por los Derechos Humanos de La Matanza, y Maximiliano Medina, por el CELS, elevaron la solicitud a 16 años. Los abogados defensores de Torales, por su parte, pidieron la absolución de su representado y negaron que Luciano Arruga haya sufrido torturas.

El fiscal Longobardi sostuvo que en el juicio quedó acreditado que “el 22 de septiembre de 2008, entre las 11 y las 19.40, en el destacamento de Lomas del Mirador, Luciano Arruga estaba alojado y sufrió agresiones físicas y psíquicas, y recibió una brutal golpiza y amenazas”. Ante una sala colmada de público, dio por probado que “lo amenazaron con que lo iban a llevar al pabellón de los ‘violines’ (violadores), lo degradaron, lo humillaron y le dieron un sandwich salivado que le obligaron a comer”.

Para el fiscal, además de Torales, hubo otros dos policías que torturaron a Arruga, pero hasta el momento no fueron identificados. El fiscal señaló que el principal “elenco probatorio” fue el propio Luciano Arruga, porque “nos marcó el camino hacia la verdad, tuvo que vencer miedos y su propia muerte”. Precisó que el joven “nos habló a través de su madre (Mónica Alegre), que no dio vestigios de venganza ni de odio, y otra vez Luciano volvió a hablar a través de la hermana (Vanesa Orieta), que declaró que le dijo que lo sacaran de ahí porque le estaban pegando”.

Con la presencia en la sala de las dos mujeres, el fiscal aseguró que “en sus testimonios no hay fisuras ni contradicciones” y “la madre estoicamente hizo lo que tenía que hacer, buscar el DNI de él” para que luego de estar detenido, lo dejaran irse en libertad, aunque los policías lo mantuvieron preso hasta entrada la noche.

Acerca de las heridas sufridas por Arruga, Longobardi hizo hincapié en que la médica policial que lo vio al llegar al destacamento certificó que no tenía lesiones, pero otro profesional del Policlínico de San Justo que lo revisó al salir estableció que tenía un golpe en la cara y que manifestó que había recibido golpes en el cuerpo. Pidió sólo diez años para Torales, en consideración a su falta de antecedentes penales.

“Las lesiones se produjeron en el destacamento, los golpes están acreditados y todo fue acompañado por la humillación, las amenazas y el destrato. Todo eso le generó miedo y el cambio de actitud a partir de esta golpiza”, dijo por su parte el querellante Combi, en referencia a que Arruga “se volvió triste, no salía a la calle y no trabajaba tras ser torturado”, tal como dijeron en la audiencia su madre y su hermana.

“Le quebraron la vida”, remarcó Combi, repitiendo lo que dijo ante los jueces la hermana de la víctima.

A su turno, los abogados defensores, Gastón Jordanes y Juan Grimberg, pidieron la absolución de Torales. Afirmaron que “Luciano ha sido una víctima social por el Estado ausente y mi asistido es una víctima procesal. Mi cliente no es Videla, ni Pinochet, ni Milani, es un señor trabajador y no hay elementos que acrediten su participación en el hecho”.