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La Justicia realizó ocho allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires y rescató a seis víctimas de trata para explotación laboral, tras la denuncia de una adolescente de 16 años que escapó de un taller textil ilegal. Las víctimas eran trasladadas desde Mendoza y Bolivia. No habían cobrado ningún salario, vivían hacinadas y sin medidas de seguridad e higiene. Por otro lado, la organización La Alameda confeccionó un mapa con 170 nuevos talleres clandestinos regenteados por redes de explotación laboral, que los vecinos de esos lugares detectaron en la última semana. Además se presentaron denuncias contra el gobierno porteño por el taller incendiado en el que murieron dos niños.

El titular de la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional Federal Nº 10, Diego Iglesias, ordenó allanar cinco domicilios ubicados en Flores, Mataderos y Villa Lugano, y tres locales comerciales de Once y la avenida Avellaneda. Durante los procedimientos, fueron rescatadas seis personas y otras cinco fueron detenidas, tras lo cual fueron clausurados los lugares allanados. En los talleres había, además, 22 trabajadores, muchos en situación migratoria irregular.

La causa judicial se inició en octubre pasado, cuando una adolescente de 16 años, que había escapado de un taller ilegal, realizó la denuncia y contó que una mujer –ahora imputada– la trajo desde Bolivia mediante engaños, entre ellos, la promesa de trabajo bien remunerado. Tres días duró el viaje hasta la Ciudad de Buenos Aires, contó la joven, quien fue obligada a vivir en el taller donde trabajaba de lunes a sábado desde las 6 hasta las 22. Además era víctima de maltrato físico y psicológico, y padecía hostigamiento sexual.

Una investigación conjunta entre la Fiscalía y el Departamento de Investigaciones de Trata de Personas de la Prefectura Naval Argentina individualizó a los talleres y sus responsables. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 5, Norberto Oyarbide, ordenó el registro de los inmuebles y la detención de las personas vinculadas con la organización.

Por otra parte, organizaciones sociales y vecinos presentaron ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) un mapa con 170 talleres esclavos que funcionan en barrios porteños y no fueron detectados por las autoridades de la Ciudad. La presentación, acompañada por una marcha a la sede del gobierno porteño bajo la consigna “Basta de trabajo esclavo”, fue realizada un día después del segundo incendio en diez días en el taller de la calle Páez 2796, del barrio de Flores, donde dos niños murieron calcinados. Las ONG denunciaron que el siniestro fue intencional, y que tuvo por objetivo borrar pruebas que involucran a marcas de ropa “esclavistas”.

Las ubicaciones de los talleres ilegales fueron aportadas por las agrupaciones Floresta de Pie, Versalles de Pie, Recoleta Insegura, Once de Pie y Unión Vecinal de Villa General Mitre, y vecinos de Flores, Mataderos, Almagro, Villa Crespo, Villa Santa Rita, Lugano, Parque Patricios y Liniers.

El legislador porteño y referente de La Alameda Gustavo Vera responsabilizó al subsecretario de Trabajo porteño, Ezequiel Sabor, por la falta de control en esos talleres clandestinos. La Auditoría General de la Ciudad, a cargo de Eduardo Epszteyn, también apuntó contra el funcionario macrista: “Entre que se hace una inspección y se toma una decisión administrativa, se demoran en promedio 350 días”. En la causa que tramita en el Juzgado Federal Nº 12, a cargo de Sergio Torres, están denunciados por los mismos delitos el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal; y el responsable de la Agencia Gubernamental de Control, Juan José Gómez Centurión.