Horacio Piombo, uno de los jueces cuestionados por reducir la condena del violador de un niño de seis años debido a las presuntas “tendencias homosexuales” de la víctima, renunció ayer a sus cargos de profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata (UNLP). El magistrado envió una carta con la renuncia, horas antes de que el Consejo Directivo de la facultad comenzara a analizar su suspensión. Por su parte, el juez federal Carlos Rozanski consideró como “canalla” el fallo de Piombo y su par Benjamín Sal Llargués, el otro camarista que quedó en el ojo de la tormenta. A la vez, Rozanski valoró la reacción social de condena, que mostró que “la nueva Argentina abraza a ese niño”, y consideró que “nuestro país merece mejores jueces”.

El decano de la Universidad de La Plata, Vicente Atela, confirmó que Piombo presentó su renuncia ayer por la tarde y que “inmediatamente fue aceptada”. El magistrado envió la carta con la renuncia justamente cuando el Consejo Directivo de la facultad analizaba suspenderlo como titular de las materias Derecho Internacional Público cátedra I y Derecho Internacional Privado cátedra II.

“El gravitante decisivo para tomar este camino fue que, como profesor ligado profundamente a esta casa, debía imperativamente contribuir a la paz y a la tranquilidad de la facultad; facilitar a las autoridades el ejercicio de sus funciones alteradas por tomas de despachos y desórdenes impedientes del normal dictado de los cursos”, escribió el juez en su carta de renuncia. “Soy plenamente consciente de lo casi insignificante de mi aporte en un contexto de violencia generalizada; pero siempre será, pienso, algo útil, ante la animosidad que muestran muchos ciudadanos, profundamente desinformados por una campaña mediática de fuerte contenido político. Se trata, en definitiva, de una situación injusta y lesiva frente a la cual no tengo otra alternativa de comportamiento que evitar que sus efectos se extiendan a las instituciones que más quiero”, aseguró.

La noticia de su renuncia generó la indignación de estudiantes universitarios y organizaciones de derechos humanos, que pretendían que las autoridades de la facultad lo suspendieran hasta que el Consejo Superior de la UNLP tomara la decisión sobre si iniciarle un juicio académico. Los estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales habían levantado la toma del decanato, luego del compromiso de las autoridades de que iniciarían a ambos jueces un juicio académico.

La semana pasada, el Departamento de Derecho de la Universidad Nacional del Sur (UNS), de Bahía Blanca, y el Consejo de la Magistratura bonaerense dieron de baja a Sal Llargués como profesor invitado en la UNS y como académico integrante del CM bonaerense. De esta manera, también se habían sumado a las filas de las numerosas organizaciones que cuestionaron el fallo.

Piombo y Sal Llargués redujeron la pena al abusador de un niño de 6 años. El argumento de los camaristas fue que el hecho no había sido “gravemente ultrajante”, porque el chico ya había sido violado con anterioridad por su padrastro y, señalaron los magistrados, porque tenía una tendencia homosexual definida.

Para el juez federal Rozanski, los camaristas que firmaron el fallo “son peores” que el victimario porque tomaron su decisión “con los recursos que el Estado puso en sus manos, con los códigos que los legisladores elaboraron y el Poder Ejecutivo promulgó, con las convenciones que nuestro país ratificó y dio máxima jerarquía en nuestra Constitución”. El plexo legal “es para proteger a ese niño”, pero “lo desprotegen, denigran, humillan y condenan, sosteniendo que la nueva violación no es tan grave esta vez, ya que antes lo había violado su propio padre”. “No hace falta saber derecho para horrorizarse ante este fallo ni ser abogado para repudiar a sus autores”, sentenció.

El juez, presidente del Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata, afirmó que “nuestro país merece mejores jueces que los que ofendieron a ese niño y nadie dude de que los tendremos. Sólo hay que sacar los estrados y elegir buena gente para que desde abajo, al mismo nivel que el resto de la sociedad, ejerzan su responsabilidad con sensibilidad y sensatez”.

Por su parte, la Federación Argentina LGBT (Falgbt) presentó el pedido de juicio político a los jueces ante el Consejo de la Magistratura bonaerense. En tanto, César Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), señaló que en el sitio de Internet Change.org se reunieron más de 180 mil firmas para pedir el juicio político y la destitución de los magistrados. “Apelar a la orientación sexual de un menor de seis años para reducir una pena no sólo es discriminar, sino también atentar contra los derechos de todos los niños”, dijo Cigliutti.