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La muerte de Omar Cigarán, ocurrida el 14 de febrero de 2013 a manos de un uniformado de la Bonaerense, marcó un hito en la historia de la hiperactividad de la policía provincial en concomitancia necesaria con la hibernación judicial, especialmente de la fiscal Ana Medina: la muerte del joven de 17 años fue elevada a juicio por pedido e impulso de sus familiares, solos, ante la inercia de Medina, quien consideró que el crimen estaba justificado porque el policía Diego Walter Flores había disparado en legítima defensa, y retiró su acusación. Poco antes del crimen, colegas del acusado allanaron la casa de la madre para decirle: “Si hoy al guacho no lo entregás a la comisaría, mañana lo tenés muerto”. El de Cigarán fue uno en una serie de casos casi idénticos (chicos baleados por la espalda por policías bonaerenses que declararon legítima defensa), denunciada ante la Suprema Corte provincial por el defensor juvenil Julián Axat. La fiscal Medina fue denunciada a su vez, reiteradamente, por organismos de DD.HH. por su habitual inercia en enredos policiales.

A Omar Cigarán lo perseguían uniformados de la Bonaerense por la ya conocida lógica del reclutamiento de pibes para robar para la policía. Los ajustes de cuenta o las persecuciones por negarse a robar o por pretender salirse de la red que termina irreversiblemente con sus vidas, conforman la lógica habitual del sistema que el caso Arruga puso en evidencia. De hecho, la propia Ana Medina solicitó el allanamiento de la casa de la madre de Omar, a pedido de la comisaría segunda. En ese allanamiento, los polis amenazaron a la madre: “Si hoy al guacho no lo entregás a la comisaría, mañana lo tenés muerto”. Y lo tuvo muerto. Flores lo mató al día siguiente, en el barrio Hipódromo de La Plata.

Cumplida la amenaza, fue la propia Ana Medina quien entregó el cadáver del joven a la misma comisaría 2ª que había hostigado al joven previamente al delegarles la investigación y brindarles la posibilidad de trasladar el cuerpo hasta la morgue policial. Curioso que cediera el traslado a los perseguidores, que debieron atravesar toda la ciudad para retirarlo cuando la Asesoría Pericial dependiente del Poder Judicial, donde se realizaría la autopsia, estaba a dos cuadras del lugar del crimen.

Después de que Medina se retirara de la acusación, los familiares llevaron todo el peso de la causa hasta lograr que fuera elevada a juicio oral. Su pedido fue aceptado por el juzgado de Garantías 6 a cargo de Fernando Mateos y confirmado luego por la Cámara de Apelaciones de La Plata, por entender que había elementos suficientes para ventilar la causa en juicio por homicidio, y que el proceder de la fiscal había resultado apresurado.

El caso recayó en el Tribunal Oral 4 platense, a cargo de los jueces Juan Bruni, Julio Alegre y Emir Caputo Tártara, con el fiel de la balanza algo torcido: la audiencia para presentar pruebas fue notificada a la defensa un mes antes de su realización. A la querella, unas horas antes.

Como complemento estatal, el Ministerio de Seguridad proveyó de tres defensores de su staff al acusado.

“Omar es otra víctima más de abandono por parte del Estado y de la Justicia. Vemos muchas madres pidiendo ayuda para sus hijos y nadie las escucha, mucho menos si el criminal es un policía. Además la familia se ve obligada a entender criterios como los de la fiscal y de asuntos internos, que fundamentan la inocencia del asesino de su hijo. En este caso podemos decir que Vara no se murió, Medina lo resucitó”, afirmó Rosa Bru, presidenta de la Asociación Civil Miguel Bru, que asiste a la familia de Cigarán con el abogado Juan Manuel Morente.

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