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A once años del múltiple crimen que lo hizo célebre, el odontólogo Ricardo Barreda tiene una chance de salir en libertad. La Suprema Corte de Justicia bonaerense le ordenó al Tribunal de Casación “revisar” la condena a reclusión perpetua que le impuso un tribunal, en 1995, por matar a escopetazos a su mujer, su suegra y sus dos hijas. De esta forma, la Justicia provincial deberá rever “la cuestión de fondo” de la sentencia: su posible condición de inimputable en el momento de cometer el hecho, como reclaman sus abogados defensores. En caso de obtener una sentencia favorable, Barreda quedaría en libertad. Sus defensores interpusieron además un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aceptó la demanda y solicitó que se conceda al condenado una instancia de apelación.
Barreda fue condenado a reclusión perpetua en noviembre de 1995, en un fallo dividido dictado por un tribunal oral de la ciudad de La Plata. Pero la apelación a esa sentencia ante la Cámara de Casación nunca fue considerada. La reforma al Código Procesal de la provincia, realizada en 1998, creó la instancia de Casación como el segundo paso hacia una sentencia firme. Sin embargo, el tribunal entendió entonces que no le correspondía revisar el caso Barreda, ya que el juicio al odontólogo fue anterior a su creación, y en consecuencia, giró el expediente a la Corte provincial. Después de cinco años, el máximo tribunal bonaerense determinó que Casación debe conceder a Barreda la posibilidad de una apelación y expedirse sobre la condición de inimputabilidad que planteó su defensa. Cuando lo haga, la condena al odontólogo quedará firme.
“Hace ocho años que Barreda espera la posibilidad de formular una apelación y tiene el derecho de hacerlo. Es un principio consagrado en la Constitución Nacional y en el Pacto de San José de Costa Rica. Con este fallo se le permitirá acceder a esa instancia”, explicó a Página/12 Octavio Etchegoyen Lynch, abogado defensor del dentista platense. El letrado había interpuesto además un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de lo cual el organismo recomendó la concesión de una instancia de apelación.
El 15 de noviembre de 1992, en su casa de La Plata, el odontólogo mató, con una escopeta marca Víctor Sarrasquetta, a su esposa, Gladys McDonald, de 57 años; a sus hijas Celina de 26 y Adriana de 24; y a Elena Arreche, de 86, su suegra. “Disparé harto de las cargadas, las indiferencias y el rencor que me dispensaban todas esas mujeres”, relató Barreda a un funcionario policial tras ser detenido. Sin embargo, en diciembre del 2001 manifestó a la prensa que estaba “arrepentido” del crimen y que “no volvería a cometerlo”.
Si recibe un fallo favorable por parte del Tribunal de Casación, Barreda quedaría en libertad, puesto que la cuestión de su inimputabilidad se remitirá al momento puntual en el que se produjo el cuádruple asesinato, según consideró su defensor. “Hace once años que se produjo el hecho. Mi defendido vivía en una entorno familiar muy difícil. Existía un odio constante. En 57 años (la edad que tenía cuando se produjo el hecho) no cometió ni una sola infracción de tránsito. Fue un pico de locura el que lo empujó a cometer aquel aberrante acto”, señaló Etchegoyen Lynch.
En prisión, desde hace once años en la Unidad Carcelaria Nº 9 de La Plata, Barreda estudia la carrera de Derecho y le faltan tan sólo ocho materias para graduarse. “Es una figura respetada y venerada por los demás internos. En todos estos años, no se contaminó con los modos de la vida carcelaria y trata a todo el mundo con respeto. Los presos lo ven como un señor”, remarcó el defensor.
El tribunal oral que condenó a Barreda en primera instancia se pronunció en forma dividida sobre la cuestión. Los camaristas Pedro Soria y Eduardo Hortel consideraron que era imputable y que actuó “con predeterminación y alevosía”. No obstante, la jueza María Rosentock fundamentó lo contrario al sostener que el detenido sufría “un delirio reivindicatorio”. Etchegoyen Lynch adelantó que la defensa intentará en la apelacióndemostrar la inimputabilidad y que, para ello, sustentará su posición en el argumento planteado por la magistrada Rosentock en su voto.