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Dejando de lado cuestiones distributivas o de equidad, ¿qué es mejor para consolidar la recuperación de la economía: un ajuste tarifario para las empresas privatizadas o aumentos de salarios y jubilaciones?
El lector de Página/12 puede encontrar ridícula la pregunta, pero ella sintetiza la polémica que divide aguas actualmente entre los economistas.
Una fortísima corriente, representada por los consultores de la city, asegura que lo mejor es garantizar rentabilidad a las empresas, que así invertirán, generarán más puestos de trabajo, y a su turno mayor demanda. Bajo esa concepción Domingo Cavallo y sus acólitos diseñaron todas las políticas económicas prevalecientes durante la última década.
La clave estaba, desde esta perspectiva, en ofrecer incentivos a los empresarios –suba de tarifas en sectores monopólicos, rebaja de aportes patronales, facilidades para remitir utilidades al exterior, etc.– para que invirtieran, sin importar el costo fiscal, social o político de las medidas, porque a la larga, supuestamente, dispararían un círculo virtuoso. Cualquier otra fórmula que en lugar de apuntar a la “oferta” (la billetera de los empresarios) se preocupara por expandir la “demanda” (el bolsillo de los trabajadores/consumidores) era y es tildada de populista.
La política económica de Kir-chner marca un drástico cambio conceptual frente a esa visión dominante durante toda la década menemista y el breve período de la Alianza.
“Todas nuestras medidas se basan en el consumo como motor de la economía y como inductor del proceso de inversiones”, dijo ayer una y otra vez Lavagna. Al revés de lo que se decía antes, lo importante es que los empresarios se encuentren con una demanda sostenida para sus productos, porque si la ecuación costo-beneficios les cierra las inversiones llegarán en cuanto deban agrandar sus fábricas para satisfacer los pedidos.
Sin restar mérito a la voluntad política por quemar la receta anterior, el abandono de la convertibilidad contribuyó a este cambio de régimen.
El tipo de cambio libre y alto basta para mejorar la rentabilidad de los empresarios que exportan o compiten con importaciones en el mercado interno.
Pero con las exportaciones no alcanza para crecer y reducir el desempleo. Alrededor del consumo se sigue moviendo la mayor parte de la economía y del empleo. Así, todo aumento de salarios y jubilaciones sirve para levantar las trabas a la expansión del mercado interno, después de la abismal caída inicial del poder de compra provocado por la devaluación.
Según los cálculos de Economía, el 90 por ciento de los aumentos anunciados ayer irán directamente a consumo, porque sus beneficiarios no tienen ninguna capacidad de ahorro. Lo poco que ganan lo destinan casi en su totalidad a cubrir sus gastos y en algunos casos ni siquiera les alcanza.
En cuanto a las privatizadas, si bien no gozaron de los beneficios de la devaluación, se desempeñan en mercados cautivos. Y, por lo tanto, cualquier ajuste de tarifas para los usuarios domiciliarios, licuaría poder adquisitivo destinado al consumo. Es de sentido común: si un consumidor sin capacidad de ahorro debiera pagar más cara la luz o el gas, antes que prescindir de esos servicios dejaría de comprar vestimenta, alimentos u otros servicios no indispensables.
Más allá de estas consideraciones, es difícil adjudicar todo el crédito por el cambio de rumbo a Lavagna. Sus pasos en el último año y medio han sido a veces erráticos y hasta contradictorios. De hecho, como ministro de Duhalde impulsó un decreto para incrementar las tarifas de luz y gas para los consumos residenciales, incluso antes de que el Gobierno trazara una política salarial coherente.
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada es, dentro del gabinete, uno de los más vehementes defensores de la idea de que no hay nada mejor para apuntalar la reactivación que una agresiva política salarial. Y el propio Kirchner también se ha encargado de señalarle a su ministro de Economía la importancia de manejar los tiempos políticos y sociales si el objetivo es el crecimiento sostenido.