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Esta vez los tiempos políticos y el pragmatismo coincidieron con la necesidad. Tal como anticipó Página/12, hoy ingresará al Congreso el primer proyecto de amnistía para los más de tres mil procesados, imputados y condenados por distintas manifestaciones sociales. La iniciativa es de los diputados kirchneristas del grupo Talcahuano, en base al proyecto elaborado por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y consensuado con más de 40 organizaciones sociales. “Este instrumento es imprescindible para comenzar a concretar el abandono de la criminalización de la protesta”, expresó Gabriel Lerner en nombre de la Correpi. “Creemos que el proyecto tiene el guiño del Presidente”, comentó uno de los diputados del grupo Talcahuano.
Al cierre de esta edición, los legisladores cercanos al Gobierno afinaban la redacción definitiva de un proyecto que apunta a resolver las situaciones del pasado, es decir, cerrar las causas abiertas contra manifestantes por haber participado en protestas. Pero también se orienta a establecer algún criterio a seguir a futuro por parte de la Justicia en próximos casos. Hubo algunas modificaciones al proyecto inicial, que los autores conocieron y avalaron. La amnistía abarcaría todos los hechos que ocurran a partir de reivindicaciones sociales, económicas, políticas, gremiales, de derechos humanos o estudiantiles, y pueden ser cortes de rutas u otras vías públicas, escraches, movilizaciones contra la represión o por la libertad de personas detenidas, acciones orientadas a suspender desalojos de familias o trabajadores, movilizaciones de ahorristas, por entrega de alimentos o por reclamos gremiales, huelgas o paros, intentos de paralización de subasta de bienes de productores, especialmente rurales, y ocupaciones de inmuebles por familias carenciadas, la actividad de asambleas populares, la puesta en producción de empresas o la instalación de comedores escolares. La modificación en rigor fue el agregado de la excepción de los artículos 79 y 80 del Código Penal, es decir que serán amnistiados los hechos “cualquiera sea el bien jurídico lesionado” salvo los delitos de homicidio simple y calificado.
Según pudo saber este diario, firmarán el proyecto los diez diputados del grupo Talcahuano, además de los aristas Marcela Bordenave y Eduardo Macaluse, la frepasista Margarita Jarque, los izquierdistas Patricia Walsh y Jorge Roselli. La semana próxima ya sería remitido seguramente a las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación Penal. El diputado Ricardo Gómez se reunirá mañana con el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que integra una comisión de notables creada para consensuar las iniciativas tendientes a la amnistía o desprocesamiento de los militantes sociales. Ese grupo, integrado por representantes de la CTA, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el CELS y el penalista Alberto Binder, estudió varios borradores pero aún no llegó a ningún acuerdo. Gómez comentó que, en este caso, el Parlamento tomó la iniciativa porque “no siempre tiene que ser el Ejecutivo el que pague los costos políticos”.