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Fayt quiere cumplir veinte años como presidente de la Corte Suprema

 Por Irina Hauser

Carlos Fayt sueña con cumplir sus veinte años como juez de la Corte Suprema ocupando la presidencia del tribunal, en la que asumió interinamente después de la renuncia de Julio Nazareno. Por eso les pidió ayer a sus colegas que posterguen hasta el 23 de diciembre la elección de su sucesor, que estaba prevista para esta semana. Todavía no se sabe qué pasará, pero nadie descarta que el supremo consiga lo que quiere porque el candidato a heredar su trono, Enrique Petracchi, aún no cuenta con los cinco votos necesarios. Adolfo Vázquez imprimió un tono de conventillo a la reunión cuando comenzó a quejarse por la filtración de un documento que autorizaba un plus por desarraigo (para el administrador Nicolás Reyes) con una aclaración junto a su firma que decía “sí, si distribuye”.
Fayt distribuyó carpetas con un listado de todo lo que hizo en sus cuatro meses de presidente como para fundar diplomáticamente el pedido de continuidad. Allí habla de activación de causas demoradas, reclamo de dictámenes al procurador, achicamiento de secretarías, obtención de inmuebles para la Justicia y presentación de dos proyectos de ley para limitar la jurisdicción de la Corte y reducir el número de causas que tramita, entre otras cosas. El atenuante para sus aspiraciones ya lo dejó en claro días atrás: prometió retirarse, con 86 años, en el primer semestre de 2004. Sus dos décadas en el alto tribunal, donde lo nombró Raúl Alfonsín, se cumplen en diciembre.
El interinato de Fayt en la presidencia venció, en teoría, el fin de semana pasado. El sostiene otra cosa: “A mí no me eligieron para completar el mandato de Nazareno, sino para estar mientras diga la Corte”, dijo entre sus colaboradores. Algunos de sus pares sostienen, sin embargo, que la elección del nuevo presidente debería hacerse entre esta semana y la próxima, ya que así estaba establecido. Pero el problema, al parecer, es que el único candidato firme, Petracchi, aún no tiene cinco votos garantizados. Lo apoyan Juan Carlos Maqueda, Augusto Belluscio, Eugenio Raúl Zaffaroni, Antonio Boggiano y un voto no confirmado es el de Guillermo López, que hará efectiva su renuncia el 1º de diciembre. “Nadie quiere hacer la gran Nazareno y votarse a sí mismo”, dijo un funcionario del tribunal. Y aclaró que aún no está descartado que el martes próximo se concrete una elección. Todavía, incluso hay discusiones sobre cuánto debe durar el mandato y si la presidencia debe ser o no colegiada.
En la reunión plenaria de ayer de la Corte, hubo lugar para otros reclamos personales. Vázquez –que enfrenta quince cargos en la Comisión de Juicio Político– entró a la sala de acuerdos encolerizado e hizo llamar al administrador general del tribunal, el riojano Reyes, para pedirle explicaciones sobre una noticia que publicó la revista Veintitrés y que le valió la presentación de un nuevo pedido de juicio político, que hizo el abogado Ricardo Monner Sans. El semanario reveló un documento de circulación interna de la Corte donde los ministros autorizaban a Reyes, en marzo de 1999, a cobrar un plus salarial. En el caso de Vázquez, su firma aparece acompañada de una aclaración que dice “sí, si distribuye”.
–Si a usted le hacen juicio político no es por mi culpa –disparó Reyes, un hombre de tez morena y labios gruesos, que suele usar anteojos grandes de marco dorado.
El entredicho causó sorpresa porque el administrador, como viejo amigo de Nazareno, también lo fue de Vázquez. Pero Reyes perdió mucho poder en los últimos tiempos, desde que perdió facultades. Vázquez, por su parte, les dijo a los demás que “si distribuye” no era un pedido de coima sino una indicación para que “se reparta entre Córdoba (donde consignaba domicilio) y Buenos Aires”. A algunos de sus pares la situación les pareció absurda y la fundamentación “innecesaria e incomprensible”. “Es más serio no decir nada”, comentaron al final del acuerdo.
Más allá de estas cuestiones, la mayoría de los ministros de la Corte planteó mantenerse en la posición de no dar el aumento de 200 pesos quereclaman los trabajadores judiciales y discutieron –aunque postergaron decisiones– sobre los planteos del suspendido Eduardo Moliné O’Connor.

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