Desde Rosario

El juez de sentencia Ismael Manfrín estará a cargo del juicio escrito por la explosión del edificio de la calle Salta 2141, ocurrida el 6 de agosto de 2013. A días de haberse cumplido el segundo aniversario del hecho que conmocionó a la ciudad y al país, en el que 22 personas perdieron la vida, la jueza de instrucción Irma Patricia Bilotta elevó la causa a la etapa de juicio que, según prevé la fiscal Graciela Argüelles, podría llevar un año, hasta llegar a una sentencia.

Ayer, la funcionaria judicial dijo tener una “fuerte expectativa de condena”, que podría ser con penas de prisión efectiva para algunos de los once imputados en el expediente que acumula más de seis mil fojas: los inspectores de Litoral Gas Gerardo Bolaños, Guillermo Oller y Luis Curaba; el jefe de éstos, Claudio Tonucci; la gerenta técnica de la empresa, Viviana Leegstra; el gasista Carlos García y su ayudante, Pablo Miño; el gasista que trabajó doce días antes de la tragedia, José Allala, y los tres integrantes de la administración del edificio siniestrado, Mariela Calvillo, Norma Bauer de Calvillo y Carlos Repupilli, serán juzgados a partir de ahora, en una nueva instancia del proceso, enmarcado en el sistema de conclusión de causas, ya que cuando ocurrió el hecho, todavía no regía la reforma procesal penal.

Luego de que el mes pasado la fiscal Argüelles y los abogados querellantes presentaran su pedido de elevación a juicio, esta semana la jueza Bilotta remitió las actuaciones al juzgado de Sentencia Nº6, que como se encuentra vacante debió sortearse un juez, por lo que Manfrín será quien defina la situación de los acusados de estrago culposo agravado, un delito que tiene pena máxima de hasta cinco años de prisión efectiva.

Al respecto, la fiscal Argüelles señaló que el juicio podría finalizar a mediados del próximo año, teniendo en cuenta el tiempo necesario para la producción de la prueba y que son varias las partes en el proceso. Como parte acusadora en el juicio, la funcionaria aseguró que hay “muchas pruebas” contra los acusados, por lo que esta nueva etapa de la causa despierta una “fuerte expectativa de condena”.

Al mismo tiempo, explicó que una vez producidas las pruebas que hay en el expediente, las partes están en condiciones de pedir pena, cuestión que luego deberá ser evaluada por Manfrín. “En ese momento tendremos que analizar quién tiene mayor grado de responsabilidad. Y pediremos las penas. Nosotros ya visualizamos quiénes tienen mayor responsabilidad, pero eso se va a ir decantando en el juicio”, sostuvo. En ese contexto, consideró que “hay posibilidad de pedir penas de cárcel para algunos” de los imputados.

La fiscal destacó el “esfuerzo” que llevó llegar a esta etapa del proceso, donde se obtendrá una sentencia tras la investigación que llevó dos años. Sin embargo, afirmó que esta etapa del expediente también es compleja y llevará tiempo. “Tenemos un compromiso con esta causa para responder las expectativas de los familiares de las víctimas y de la sociedad.” Tampoco descartó la posibilidad de que haya nuevos imputados.