Martes, 1 de septiembre de 2015 | Hoy
SOCIEDAD › RECLAMAN POR LA MUERTE DE OCHO PERSONAS EN DOS TALLERES ILEGALES
La investigación por la muerte de dos niños en un taller ilegal en Flores, en abril pasado, aún no citó al empresario que alquiló el local. El caso del taller incendiado en la calle Luis Viale, en 2006, donde murieron seis personas, no tiene fecha de juicio.
Familiares de las víctimas y sobrevivientes de los dos talleres textiles incendiados hace cuatro meses y en 2006 exigieron ayer, en conferencia de prensa, avances en las causas y reclamaron justicia por las ocho víctimas que suman ambos siniestros, siete de los cuales eran niños. Por el primero, hace nueve años y que estuvo a punto de prescribir, se reclama la realización del juicio oral y por el segundo, la imputación del empresario responsable del local ubicado en Páez y Terrada.
“Para nosotros es muy importante vincular ambos casos porque expresan una problemática muy clara, que es la explotación laboral en el rubro textil donde los trabajadores se desempeñan en condiciones de precariedad y sin derechos”, dijo a Página/12 Gabriela Carpineti, abogada de los padres de Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, los niños de 5 y 10 años fallecidos en el incendio del 27 de abril último en el barrio de Flores. En ese sentido, la abogada de la familia Menchaca consideró que “estamos ante procesos judiciales pero también políticos” y que “no es un problema privado el incendio de talleres o las condiciones de vida y de trabajo”. Por esta causa, encuadrada en el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, declarará esta semana el tío de Rodrigo y Rolando, Victoriano Menchaca. La querella, por su parte, exige la imputación del propietario del taller, Lee Sung Yop, un empresario de nacionalidad coreana.
El primero de los incendios referidos, donde murieron cinco niños y una joven embarazada, ocurrió el 30 de marzo de 2006 en el taller textil ubicado en Luis Viale 1269 del barrio porteño de Caballito. Esta causa, que tiene imputados por el delito de “estrago doloso” a dos hombres que se desempeñaban como capataces, se encuentra en condiciones de entrar a juicio oral, luego de dos intentos de resolverla con juicios abreviados y de sortear la prescripción. “Sólo falta la orden de Casación Penal”, señaló Myriam Carsen, abogada de los padres de una de las víctimas fatales y sobrevivientes del incendio, y agregó que “si bien consideramos que los imputados eran partícipes, queremos que se impute también a los dos empresarios dueños del taller, quienes hasta el momento ni siquiera han sido citados a declarar, así como a funcionarios y policías que ignoraron las reiteradas denuncias de un vecino del barrio”. A diferencia del local de Páez y Terrada que no contaba con habilitación alguna, el taller ubicado sobre la calle Luis Viale contaba con permiso para que trabajen hasta cinco operarios; sin embargo, la cifra de costureros ascendía a cuarenta, a lo que se sumaban veinticinco niños que convivían con los trabajadores.
De la conferencia también participaron la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas; el vicecónsul de Bolivia, Valentín Herbas, y Juan Vázquez, referente de Simbiosis Cultural, organización que nuclea a jóvenes costureros de la comunidad boliviana y que organizó el evento.
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