A casi 25 años de su sanción, la ley de cupo femenino –que puso al país a la vanguardia de las acciones afirmativas para promover la participación política de las mujeres– sigue sin cumplirse. Más del 10 por ciento de las listas oficializadas en las Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) del 9 de agosto con candidatos/as a ocupar un puesto en el Congreso nacional incumplieron con la ley que establece un piso que el 30 por ciento de las candidatas deben ser mujeres. En algunas provincias, como Misiones y Salta, las listas que estuvieron fuera de la ley llegaron al 50 por ciento. Hoy vence el plazo para presentar las listas oficiales para las elecciones del próximo octubre y varias organizaciones reclaman que esta vez sí se cumpla el cupo.

Mientras el movimiento de mujeres reclama la paridad política, lograr que se cumpla el piso del 30 por ciento de cupo femenino sigue siendo un trabajo arduo que recae en candidatas y organizaciones de la sociedad civil. “Es inadmisible que casi un cuarto de siglo después de la sanción de la ley de cupo femenino, los partidos políticos la sigan incumpliendo y que el Poder Judicial deje que estas situaciones se produzcan y no ejerza sus funciones de control, ya que se trata no sólo de una normativa sancionada por el Poder Legislativo, sino que además el principio de igualdad en el que se apoyan está incorporado en nuestra Constitución nacional”, dijo a Página/12 Lucía Martelotte, de la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“De las 234 listas que se oficializaron para competir en las PASO en las elecciones nacionales del domingo 9 de agosto, 25 (más del 10 por ciento) no cumplen con lo establecido en la ley de cupo femenino (24.012/1991) y su decreto reglamentario (1246/2000), modificado por el decreto 451/2005”, dice el informe realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.

La falta de cumplimiento atraviesa las distintas fuerzas políticas. Estas listas pertenecen a diferentes provincias (Misiones, provincia de Buenos Aires, Salta, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán) y a diversas alianzas y partidos (Cambiemos, Cruzada Renovadora, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Unidos, Frente para la Victoria, Frente Popular, Movimiento Independiente Justicia y Dignidad, Partido Obrero, Partido Popular, Partido Socialista, Partido Unite por la Libertad y la Dignidad, Progresistas, UCR y Unidos por Una Nueva Alternativa).

La ley de cupo fue sancionada en 1991 y convirtió a la Argentina en el primer país en incorporar las cuotas para elecciones partidarias. La ley establece que las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 por ciento de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas. Y que no será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. Luego los decretos reglamentarios posteriores ajustaron los alcances de esta modificación tratando de sortear las trampas con que muchos partidos seguían incumpliendo la ley.

Según el monitoreo realizado por ELA, en las PASO los partidos incurrieron en alguno o varios de los siguientes incumplimientos:

- no se cumple con el porcentaje de mujeres establecido;

- no se respeta la alternancia requerida, ya que hay más de dos varones seguidos en la lista;

- no se incluyen mujeres entre los cargos suplentes.

Misiones encabeza el ranking de mayores incumplimientos, con un 54 por ciento (7 de 13) de listas en falta: Frente Unidos, Frente para la Victoria, UCR (Por Misiones), UCR (Nuevo Radicalismo), Partido Socialista, Movimiento Independiente Justicia y Dignidad y Cambiemos. Sigue Salta, con un 46 por ciento (6 de 13) de listas en infracción: Cambiemos Salta (El nuevo camino), FpV (Néstor vive, somos el proyecto), Partido Obrero, Progresista (Sembrando socialismo), Unidos por una Nueva Alternativa (Salta para todos), Unidos por una nueva alternativa (Salta Trabaja).

“Asegurar el efectivo cumplimiento de la ley de cupo –y la decisión sobre la no oficialización de las listas que incumplen con la normativa– debería ser responsabilidad de la Justicia Electoral. Sin embargo, en los casos en que las partes interesadas no presentan una acción judicial para cuestionar la oficialización de las listas, los incumplimientos quedan ilegítimamente convalidados por las autoridades. Dejar la carga de formular estos reclamos en manos de las mujeres políticas que están viendo vulnerados sus derechos (ver aparte) es obligarlas a un enfrentamiento con los aparatos partidarios que las han relegado históricamente, con costos para sus carreras políticas, de por sí complejas”, dice el informe.

“La semana pasada tuvimos una reunión con el director de la Comisión Nacional Electoral para alertar sobre esta situación”, explicó Martelotte. Además, junto con Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Asociación de Abogados de Buenos Aires el jueves enviaron una carta a los juzgados federales de Primera Instancia de las provincias en las que identificaron incumplimientos. A nivel internacional presentaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se pronuncie ante el incumplimiento, pero aún no tuvieron respuesta.

La semana próxima, cuando la Cámara Electoral publique las listas oficiales, la organización volverá a revisarlas para detectar posibles infracciones a la norma. “Si encontramos un incumplimiento vamos a tener que accionar judicialmente”, dijo Martelotte.