En su último día de alegato, el fiscal federal Fernando Arrigo pidió condenas de entre tres años y ocho meses y diez años y once meses para los imputados en el juicio por el choque de trenes de Once, que se lleva adelante en los Tribunales Federales de Retiro. Al término de un extenso alegato final que duró cinco jornadas, Arrigo pidió al Tribunal Oral Federal 2 que se condene al maquinista Marcos Córdoba a tres años y ocho meses de cárcel e inhabilitación por ocho años para manejar trenes por el delito de “estrago culposo agravado”. Pero las penas mayores fueron para los ex funcionarios y empresarios: más de diez años para los dos ex secretarios de Transporte y el ex titular de TBA.

Respecto del motorman de la formación Chapa 16, que chocó contra el andén de la terminal de trenes, el fiscal entendió como agravante la “gravedad del hecho” y la “naturaleza de su conducta”, que según el fiscal fue imprudente y negligente.

Sin embargo, a favor del maquinista Arrigo entendió que debía considerarse su nivel de educación y su “situación socioenonómica”, que derivaba en una “reducción de su capacidad de autodeterminación y así la aceptación del modo de trabajo” al que lo sometía la empresa.

Para el empresario Sergio Cirigliano, titular de la ex concesionaria TBA, el fiscal pidió diez años y once meses de prisión.

Para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi reclamó una condena de diez años y diez meses de cárcel por “estrago culposo agravado por lesiones y muerte” y “defraudación a la administración pública por administración fraudulenta”.

Arrigo consideró que “la actividad de los funcionarios públicos en general debe ser examinada con mayor rigurosidad por cuanto todo desvío o abuso funcional resulta un quebrantamiento a la confianza pública que toda actividad estatal debe merecer”.

Para los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte Pedro Ochoa Romero y Antonio Sicaro reclamó diez años y seis meses y diez años de prisión respectivamente.

El fiscal pidió además penas de entre nueve años y diez años y seis meses de prisión para todos los procesados que integraban el directorio de la empresa concesionaria TBA y de la firma controlante Cometrans.

En su extenso alegato, que demandó cinco audiencias, Arrigo afirmó que sin falta de mantenimiento “no se hubieran producido las consecuencias” que tuvo el choque de trenes.

“Este no fue un hecho aislado”, agregó antes de enumerar todas las falencias de mantenimiento, reparación y renovación de los vagones que el día de la tragedia conformaron el tren chapa 16. “Ese día hubo retrasos por falta de trenes” y recordó que el maquinista que entregó esa mañana el tren a Marcos Córdoba, Leonardo Andrada, declaró en la causa que el Chapa 16 estaba “abarrotado de pasajeros”.

“Ese día –había señalado el fiscal– habían transcurrido 18 minutos sin trenes desde la estación Moreno”, antes de la partida del Chapa 16. “Se condicionó negativamente la seguridad del pasajero con los incumplimientos del horario, la falta de mantenimiento de los trenes, todos estos factores estuvieron presentes y provocaron la tragedia”, evaluó la fiscalía.

El Chapa 16 “no había cumplido planes de mantenimiento, sólo de limpieza y se comprobó la canibalización de formaciones similares para quitar repuestos faltantes por inexistencia de stock”, opinó.

La empresa TBA, ex concesionaria del servicio, avaló “la puesta en circulación el 22 de febrero de 2012 a la formación en condiciones deficientes, con un compresor que no funcionaba, pérdida excesiva de aire en el sistema de freno, gran cantidad de óxido, falta de reparaciones generales”.

El tren “tenía más de 22.000 kilos de carga contra los 18.000 admitidos y esto fue consecuencia de las demoras por falta de formaciones”.

También aludió a la rutina de “asignar horarios pico a conductores de menor edad y experiencia, medida del sindicato”, al “incumplimiento en la programación de ciclos de mantenimiento de material rodante, a la falta de organización y falta de formaciones disponibles seguras y mantenidas”.

“Esa fatídica mañana el sistema de freno del Chapa 16 se alejada de la integridad, de ocho vehículos de la formación sólo seis tenían compresores en condiciones operativas”, remarcó el fiscal en base a algunas de las pericias.

Los jueces Jorge Tassara, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon ya los pedidos de pena hechos por las cuatro querellas que actúan en la causa.

Para Jaime, Schiavi, los ex responsables de la Comisión Nacional de Regulación Automotor Antonio Sicaro y Pedro Ochoa Romero y el empresario Sergio Claudio Cirigliano se pidieron penas de hasta 18 años de prisión, en tanto que una querella reclamó 22 años para el maquinista Córdoba, entre otros acusados. El juicio se reanudará el próximo 5 de octubre con el inicio de los alegatos de las defensas.