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El bloque de diputados del Partido Socialista presentó ayer en sociedad un proyecto que propicia la despenalización de la droga para consumo personal. “La penalización de la droga para consumo, que rige desde 1989, no ha servido en absoluto para mejorar la situación planteada por la drogadicción y sólo sirvió para criminalizar a más de 200 mil personas, en su mayoría jóvenes, que no cometieron ningún delito”, aseguró ayer el diputado socialista Eduardo García, al presentar la iniciativa que cuenta con el apoyo de legisladores de otras bancadas, entre ellos Patricia Walsh, de Izquierda Unida, y el ex ministro de Salud del radicalismo Aldo Neri. García recordó que la penalización del consumo personal de estupefacientes “conculca el artículo 19 de la Constitución Nacional en la medida que está invadiendo la esfera de la libertad personal”. El autor del proyecto, cuya posibilidad de aprobación en Diputados es por ahora un interrogante, sostuvo que el 98 por ciento de las personas sancionadas por la norma vigente “no tenían antecedentes penales” y que “en el 87 por ciento de los casos tenían en su poder menos de cinco gramos” de una sustancia ilegal, al momento de ser detenidos.
García, al hacer la presentación formal del proyecto en el Salón José Luis Cabezas del Congreso Nacional, estuvo acompañado por su colega de bancada Jorge Rivas, por Aldo Neri y por Silvia Inchaurraga, de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA), uno de cuyos slogans sostiene que en el país “la ley de drogas hace más daños que las drogas”. En la Argentina, la legislación respecto de la tenencia ha tenido muchas idas y venidas. Entre 1968 y 1974 fue despenalizada, pero volvió a tener sanción en 1974 a partir de una ley impulsada por el ex ministro de Bienestar Social e inspirador de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) José López Rega.
En 1986 fue la Corte Suprema la que dejó sin efecto la sanción de los tenedores, por considerar que la medida era “anticonstitucional”, precisamente por su contradicción con lo establecido por el artículo 19 de la Carta Magna, que resguarda las libertades personales, siempre que ello no perjudique a terceras personas. Sin embargo, en 1989, luego del alineamiento del menemismo con las políticas globales que llegaban desde los Estados Unidos, se sancionó la ley 23.777, que dice en su artículo primero que será reprimido con prisión de uno a seis años o multa el que tuviera en su poder estupefacientes aun “cuando por su escasa cantidad y demás circunstancias surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. Para poder escaparle a las sanciones, los tenedores deben hoy declararse adictos, aunque no lo sean, para evitar ir a prisión y poder acceder a un programa de rehabilitación.
El proyecto presentado por el diputado Eduardo García modifica el segundo párrafo del artículo primero de la ley vigente, que mantiene las mismas penalidades “excepto cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. Respecto de los adictos que tengan que recibir tratamiento de desintoxicación, se establece que deberán ser asistidos “en establecimientos adecuados que el tribunal (interviniente) determine de una lista de instituciones bajo conducción profesional reconocidas y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente y con autorización de habilitación por la autoridad sanitaria nacional o provincial, que hará conocer mensualmente la lista actualizada al Poder Judicial, y que será difundida en forma pública”.
García, y los demás integrantes del bloque del Partido Socialista, aseguraron que la penalización de la tenencia surge “del alineamiento del menemismo con las políticas de Estados Unidos, en el marco de las llamadas ‘relaciones carnales’”. La crítica a la penalización en la Argentina incluyó un cuestionamiento a la política global en el mundo. “A pesar de la llamada ‘tolerancia cero’ en materia de drogas, unos 180 millones de personas en el mundo, es decir el 4,2 por ciento de la población mundialmayor de 15 años, consumen drogas ilegales y habitualmente toman más de una sustancia”, según las estadísticas dadas a conocer en 2001 por la Oficina de la ONU para el Control de Estupefacientes y la Prevención del Crimen. El negocio de las drogas creció del mismo modo, hasta recaudar “unos 500 mil millones de dólares anuales”.
Fuentes del bloque socialista de la Cámara baja reconocieron a Página/12 que la presentación del proyecto “tiene por sobre todas las cosas la intención de plantear un debate que entendemos necesario y que hoy puede contar con un apoyo que no hubiera tenido en la década del noventa”. Para ejemplificar la nueva situación, basta con recordar que uno de los que impulsa desde hace años la despenalización de la droga para consumo personal es Eugenio Zaffaroni, flamante integrante de la Corte Suprema de Justicia. “La penalización es una adaptación al prohibicionismo norteamericano y la punición del consumo es lisa y llanamente inconstitucional”, es la rotunda afirmación que hizo Zaffaroni cada vez que se lo consultó sobre el problema.