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Por Cecilia Rodríguez *

Disputar el sentido de seguridad democrática

Gendarmería nacional hiere con balas de goma a jóvenes y niños de una murga y funcionarios policiales heridos en Bajo Flores, policías federales pidiendo identificación sin estar ellos debidamente identificados, exagerados operativos policiales apostados en edificios públicos para impedir el ingreso de centenares de trabajadores despedidos, otros tantos imponentes despliegues para dar cumplimiento al decreto que deroga una ley sancionada por el Congreso son algunas de las postales recientes que tiene entre sus protagonistas a las fuerzas de seguridad. Estas imágenes actualizan reflexiones que hemos tenido en los últimos años en diferentes espacios, con militantes, con vecinos, con funcionarios de Gobierno. Siempre fue más sencillo para muchos de los que compartimos un mismo espacio político decir qué no es democrático, pero bastante más complicado era darle sentido democrático a la seguridad. La discusión se complejizaba para quienes teníamos la responsabilidad de conducir las fuerzas, donde, además, cualquier tipo de comentario “tribunero”, o en ocasiones demagógico, carecía de sentido.

En mi experiencia en diferentes cargos de gestión me tocó conocer de cerca a familiares de “caídos en cumplimiento del deber” o a heridos integrantes de las fuerzas. Cuando un miembro de una institución policial resulta herido, es que el procedimiento no ha salido correctamente. Cuando un miembro de alguna fuerza policial es atacado por un ciudadano para impedir que realice su tarea, lo que se ve es todo lo que nos queda transitar para llegar a tener una fuerza de seguridad democrática, legitimada e integrada con su pueblo. Una fuerza de seguridad que respeta los derechos humanos, que sabe cómo aprehender a un delincuente y entregarlo a la Justicia respetando todo lo prescripto por la ley. Una fuerza de seguridad que sabe que actúa en una sociedad compleja, en un entramado social que necesita de personal capaz de entenderlo y de gestionar el conflicto.

Todas las violencias son dolorosas y todos los delitos deben sancionarse.

Pero atención, la violencia institucional es, si se quiere, más dolorosa, más grave, y debe sancionarse más duramente. Porque cuando una institución cuya función social es cuidar, proteger, garantizar la vida, cambia su signo y lastima, no sólo se violenta a las víctimas de esa violencia, sino que se violenta todo el sentido, se lesiona la malla que nos contiene y la democracia se hace frágil.

Si hay algo que hemos aprendido es que en nuestro país la impunidad sólo trae más impunidad. En los noventa, y el actual afanoso resurgimiento, nos hicieron creer que había que olvidar para pacificar el país, que había que indultar para convivir mejor. A fuerza de lucha de los Organismos de Derechos Humanos, de las organizaciones sociales y políticas, a fuerza incluso de sentido común, comprendimos que el horror no se guarda debajo de la alfombra. Los delitos se ponen sobre la mesa, se juzgan y se sancionan. Y entonces podemos empezar a convivir mejor. Pero de poco serviría juzgar los hechos de violencia institucional que sucedieron durante la dictadura si no sancionáramos lo que sucede en democracia.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a partir del Decreto 1742/12, tiene un área dedicada exclusivamente al seguimiento de las denuncias, a conocer y asesorar a las víctimas para que estas denuncias se puedan judicializar y que los hechos en los que el personal de las fuerzas de seguridad están involucrados no impliquen para las víctimas ni para su entorno social una pérdida de fe en las instituciones. Las instituciones deben cuidar a las víctimas y sancionar a los culpables. Pero esto no alcanza. Una institución que tiene a su cargo el uso racional de la fuerza para proteger a la población, no puede solamente recibir sanciones cuando ese uso es irracional o directamente inadecuado.

Cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner me honró con el cargo de ministra de Seguridad, no lo hice desde una valoración negativa hacia las fuerzas de seguridad. Por el contrario, sentía el orgullo de trabajar con estas fuerzas de seguridad en aquél proyecto de país. Por eso trabajamos convencidos en acciones de formación, de revisión de la práctica, de cambios profundos en las escuelas donde se educan nuestras fuerzas de seguridad, porque es la tarea educativa que articula teoría y práctica, la que cambia profundamente el modo de actuar. Por mencionar un espacio, el Cedop (Centro de Entrenamiento y Doctrina Policial de la PFA), donde todos los policías hacen un entrenamiento intensivo en el que no sólo se practica cómo usar la fuerza, sino cómo no usarla. Es decir, cuáles son las mejores estrategias de disuasión para que los hechos delincuenciales no terminen siempre en situaciones violentas, aunque esa violencia sea legítima y legal.

Recuerdo mi participación en mayo de 2015 en el panel de apertura en el 3er Encuentro Federal por la Seguridad Democrática y Popular, en el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional realizado en el Salón de los Pasos Perdidos del Senado de la Nación; con la compañía de los compañeros Leo Grosso, Horacio Pietragalla, Pablo Ferreyra, Victoria Montenegro y Mónica Macha. Participar en ese espacio, frente a un centenar de familiares de víctimas de la violencia institucional policial y como responsable de la cartera de Seguridad, no fue sencillo. Además de movilizante, fue provocador: nuestras políticas públicas –por acción u omisión– tienen rostros, tienen nombres y el cumplimiento de sus derechos debe ser nuestro desvelo.

Por eso, debemos estar atentos, para que no se vaya en el sentido contrario, y para avanzar en una dirección que no es sólo la de sancionar a los que hacen lo que no hay que hacer, sino también la de exigir y construir un modo de hacer que sea eficaz y respetuoso de los Derechos Humanos. Y para eso tenemos que involucrarnos todos. Si no hay denunciantes los hechos de violencia no se pueden juzgar ni sancionar. Y si no nos comprometemos en construir entre todos una seguridad democrática siempre estaremos lejos de estar satisfechos con nuestras fuerzas de seguridad.

El momento de sólo separar de las fuerzas a los que hacen un uso inadecuado o delictivo del poder que les ha conferido el Estado, no ha alcanzado. Hay que denunciar, sancionar y construir.

Desde ya que quienes hoy tienen a su cargo la conducción política de las fuerzas tienen una responsabilidad ineludible. Los protocolos de actuación, las reglamentaciones, las orientaciones operativas, dónde desplegarse, qué y a quiénes proteger, así como las declaraciones que funcionarios de gobierno hacen públicas, constituyen directrices, mensajes claros para la actuación policial.

Como militantes, como compañeros, como ciudadanos comprometidos con la democracia y con el país, es que debemos convocarnos a denunciar y a estar atentos para que se juzgue y se sancione cada vez que un agente de alguna de las fuerzas violente su deber y haga un uso inadecuado de su poder o un uso delincuencial de ese poder, y también debemos disputar el sentido de seguridad democrática que queremos, para construir fuerzas de seguridad populares, fuerzas de seguridad que protejan al pueblo y sean cuidadas por su pueblo.

* Ex ministra de Seguridad de la Nación.

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Por Norberto Alayón *

Los niños baleados

Gustavo González es el director de la murga Los Auténticos Reyes del Ritmo, cuyos integrantes (niños, mujeres embarazadas, ancianos, adultos) fueron inexplicablemente baleados por la Gendarmería. Manifestó que “hoy muchos chicos no quieren venir y algunos, me dijeron los padres, tienen pesadillas nocturnas, porque recuerdan lo que les pasó”.

Además de las heridas producidas por las balas, ¿cuánto de violencia, cuánto de dolor psicológico, cuánto de miedo, cuánto de sensación de injusticia, cuánto de impotencia, cuánto de rabia contenida, impactará en la conciencia de esas familias y, en particular, de esos niños y adolescentes, que podrían llegar algún día a sentirse tentados o directamente impelidos a “devolver” comportamientos violentos similares a los que perversamente padecieron en esta ocasión?

La abogada Carolina Stanley es la ministra de Desarrollo Social de la Nación. Designó como secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia a la también abogada Yael Silvana Bendel. Bendel había asumido el 24 de febrero de 2014 como Asesora General Tutelar de la CABA, en reemplazo de la especialista Laura Mussa. Su propuesta de designación por el Gobierno de la Ciudad fue impugnada por diversas organizaciones: el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación para el Estudio de Investigación de la Mujer (FEIM), entre otras instituciones. Las distintas objeciones concluyeron en que “no posee la mínima idoneidad técnica para el correcto ejercicio del cargo”. No obstante ello fue designada y ahora está, a nivel nacional, a cargo de la Senaf. Bendel, a su vez, designó a María Mercedes Agresti como su subsecretaria de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia.

En la Ciudad de Buenos Aires, donde fueron baleados los niños, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, designó como ministra de Hábitat y Desarrollo Humano (antes era Desarrollo Social) a Guadalupe Tagliaferri, quien previamente había desempeñado importantes cargos en la CABA: directora general de la Mujer, subsecretaria de Promoción Social, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por su parte, Tagliaferri nombró a Gabriela Marcela Francinelli como directora general de Niñez y Adolescencia de la CABA. Ambas, Tagliaferri como presidenta y Francinelli a cargo de la Dirección General de Servicios de Atención Permanente, habían sido funcionarias del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En la actualidad, en la misma fecha en que fueron reprimidos los niños que solamente bailaban, la presidencia del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la CABA es ejercida por Isabella Karina Leguizamón. La abogada Isabella, de 45 años, tesorera de la Fundación Unidos para Amar, reemplazó en este cargo a Guadalupe Tagliaferri. Oficialmente, el Consejo de los Derechos es definido como “el organismo especializado en Infancia que tiene como finalidad promover, proteger y garantizar los derechos de todas/os las/os niñas, niños y adolescentes”.

Impacta favorablemente observar la cantidad de secretarías, subsecretarías, direcciones, consejos, cuya misión formal aparece ligada a la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

Ahora bien, Carolina Stanley, Yael Bendel, María Mercedes Agresti, Guadalupe Tagliaferri, Gabriela Francinelli e Isabella Karina Leguizamón ¿intervendrán para mitigar en algo, aunque más no fuera, la discriminación y la violencia sufrida por los niños que simplemente disfrutaban bailando en su barrio y que fueron brutalmente baleados en un símil de prácticas dictatoriales? ¿Intervendrán para evitar la reiteración de estos bárbaros hechos de represión a los niños, que representan a ciertas ideologías fundamentalistas de la época?

Si ello no llegara a suceder, ¿Unicef Argentina podría manifestarse al respecto en cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por la Asamblea General de Naciones Unidas y cuyo texto es Ley Nacional desde 1990 y que fue incorporado, en 1994, a la Constitución Nacional Argentina (artículo 75, inciso 22)?

* Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).