La minera Barrick Gold tuvo tres derrames contaminantes en San Juan y no fueron informados a la población. Así lo confirmó un documento oficial (del Ministerio de Ambiente), incluido en la causa judicial. En la Puna jujeña, el gobierno provincial viola las leyes que protegen a los pueblos indígenas y dio luz a la minería de litio, que pone en riesgo las Salinas Grandes y la vida de 33 comunidades kollas y atacama. Ante la avanzada minera, con fuerte apoyo del gobierno nacional, la Unión de Asambleas Ciudadanas se reunió en Jáchal (San Juan), denunció la complicidad del poder político y judicial con las empresas, exigió el retiro de Barrick Gold y advirtió que resistirán la avanzada de nuevos proyectos.

El 12 de septiembre pasado, trabajadores de la mina Veladero (de Barrick Gold, la mayor empresa del sector) avisaron por WhatsApp a sus familiares de un derrame contaminante y pidieron que no tomen agua. El aviso llegó, siempre mediante los vecinos, a todo el pueblo de Jáchal. Empresa y gobierno provincial guardaban silencio. Hasta que, un día después, tuvieron que reconocer el derrame de cianuro y agua contaminada. Barrick Gold precisó que habían sido 15.000 litros, negó la contaminación y descartó que haya llegado al río. Una semana después, el 21 de septiembre, reconoció que se trató de 224.000 litros. El 23 de septiembre confesó que fueron un millón de litros y que la contaminación llegó al río.

En diciembre, un informe oficial sobre el derrame, de la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal, determinó que se “acreditó contaminación” en cinco ríos directamente vinculados a la zona de operaciones de Barrick Gold (ríos Potrerillos, Jáchal, Blanco, Palca y Las Taguas).

La semana pasada, una pericia del Ministerio de Ambiente de Nación que consta en el expediente judicial (y difundida por el periodista Juan Pablo Parrilla de Infobae) confirmó los temores y denuncias de la comunidad sanjuanina: la minera tuvo otros derrames. Sucedieron el 31 de julio y el 29 de noviembre de 2011. Y el 22 de marzo de 2012.

Se repitió el mecanismo de septiembre pasado: ni Barrick Gold ni el gobierno provincial informaron a la población. La empresa los calificó como de una gravedad “baja” (a los dos primeros) y de “media” (al de 2012). La Asamblea Jáchal No Se Toca no cree en los informes de la minera y afirmó que, como en septiembre, la contaminación fue mucho peor a la reconocida por Barrick Gold.

Del 24 al 27 de marzo se realizó en Jáchal el XXVI encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio de referencia contra el extractivismo, donde confluyen organizaciones territoriales de todo el país. Se trataron cuatro grandes temáticas (megaminería, fracking, agronegocios y contaminación urbana). Se recordaron las medidas tomadas por el gobierno nacional en favor del extractivismo (quite de retenciones al agronegocio y a las mineras, despidos de Secretaría de Agricultura Familiar, subsidios a las petroleras, entre otros). Hubo coincidencia en dos puntos fundamentales: señalar que el presidente Macri intentará profundizar el extractivismo y, por otro lado, que las resistencias territoriales se multiplicarán.

En Jujuy también comenzó el relanzamiento de la megaminería. Y en uno de los lugares más frágiles y de mayor conflictividad: las Salinas Grandes, una extensa planicie blanca que suele ser la foto más buscada de los turistas. Allí viven y trabajan desde hace generaciones los pueblos originarios Kolla y Atacama. Y es también una gran reserva de litio (mineral que se utiliza para baterías de teléfonos, computadoras y autos eléctricos). Desde hace al menos seis años se alinearon en la causa empresas multinacionales, gobiernos y científicos para explotar el litio. Los tres actores minimizaron los riesgos ambientales (afectación del salar y contaminación del agua dulce).

Tampoco contemplan los derechos de los pueblos indígenas. Según la legislación vigente (incluida la Constitución Nacional), los estados deben obtener el consentimiento, libre, previo e informado sobre cualquier acción que pudiera afectar los territorios indígenas. Nada de eso sucedió en Jujuy, donde la Mesa de Pueblos Originarios de Salinas Grandes y Laguna Laguna de Guayatayoc, que reúne a 33 comunidades, denunció la violación de los derechos, se movilizó frente al poder político y afirmó que no quieren minería en su territorio. La causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara aplicar los derechos indígenas).

El gobierno de Gerardo Morales asumió con el discurso público de respetar los derechos indígenas. Creó el Ministerio de Ambiente (designó a María Inés Zigarán) y la Secretaría de Pueblos Indígenas (al frente de Natalia Sarapura, referente del Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy –COAJ–). El gobierno provincial visitó las Salinas Grandes, se reunió con las comunidades, tomó nota de las necesidades (desde caminos y escuelas, hasta políticas activas para el trabajo local) y se mostró dispuesto al diálogo y trabajo conjunto.

El 8 de marzo, la minera canadiense Dajin Resource anunció en el exterior la firma de un acuerdo para operar en 90.000 hectáreas de las Salinas Grandes. Mantuvieron reuniones con los secretarios de Minería de Nación (Daniel Meilán) y de Jujuy (Miguel Soler). No hubo ninguna participación de las 33 comunidades originarias que viven en el lugar (que se enteraron por los medios de comunicación). Clemente Flores, vocero kolla, reiteró el rechazo de las 33 comunidades a la minería y advirtió una escalada de acciones directas en defensa del territorio indígena.