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El fiscal que investiga el crimen del ecologista Carlos Castello, quien en 2008 fue encontrado muerto de un balazo en la cabeza en su casa de la ciudad bonaerense de Lobos, pidió que sean sometidos a juicio oral tres peritos médicos de la Bonaerense acusados de encubrimiento y falso testimonio, informaron hoy fuentes judiciales. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio del fiscal de Berazategui, Ernesto Ichazo, los peritos están acusados de ocultar evidencias para hacer pasar la muerte de la víctima como “suicidio”, tal como estuvo caratulada la causa durante más de cuatro años hasta que se determinó que, en realidad, se había tratado de un homicidio.

El pedido del instructor judicial fue presentado ante el juez de Garantías 7 de Quilmes Gustavo Alejandro Mora y alcanzó a los comisarios Jorge Alvarez Ceballos, Karina Marcela Sabules y Pablo Carlos Miceli.

Al primero de los acusados, el fiscal Ichazo le imputó el delito de “falso testimonio con encubrimiento agravado” por haber adulterado el escenario del hallazgo del cuerpo de Castello (62) y protegido a los probables asesinos.

Mientras que Sabules y Miceli están procesados por “falso testimonio” porque si bien no estuvieron presentes en la autopsia al cuerpo de la víctima, “consignaron falsamente en un informe que las características del orificio de entrada de bala en la cabeza de Castello y ausencia de lesiones en el cuerpo eran compatibles con signos observados en casos de autoagresión (suicidios)”, precisó el fiscal Ichazo en la causa.

“Estoy satisfecho por esta resolución porque viene a corroborar que Carlos no se suicidó”, dijo Eduardo Castello, hermano de la víctima y quien pidió que se investiguen “más complicidades policiales”. La investigación judicial se inició el 20 de octubre de 2008, cuando Carlos Castello fue encontrado muerto de un disparo en la cabeza dentro de su casa, ubicada a 100 metros del destacamento policial Laguna de Lobos, a 115 kilómetros al sudoeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Si bien en un primer momento la hipótesis del caso fue el suicidio, la Justicia determinó luego que el ecologista había sido secuestrado, golpeado y finalmente asesinado.

Al momento del crimen, Castello estaba enfrentado con las autoridades del Club de Pesca de Lobos y de la Municipalidad local a partir de una denuncia que él había formulado por la usurpación de una calle que permitía el libre acceso del público a la ribera de la laguna.

En el marco de esa disputa, la víctima también había organizado y encabezado varias movilizaciones de vecinos de la zona que se oponían a dicha medida.

Durante la instrucción de la causa, la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y el Ministerio de Seguridad provincial apartaron de la investigación a la Bonaerense y la reemplazaron por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional.

En 2014, los gendarmes realizaron una inspección en la casa de la víctima y hallaron muestras de sangre y otros elementos que permitieron descartar la hipótesis del suicidio y abonar la del homicidio.