La Justicia de Santa Fe ordenó la prisión preventiva de los ocho acusados por la desaparición de Paula Perassi, la joven rosarina de 34 años que fue vista con vida por última vez en 2011, cuando estaba embarazada. La resolución de la Cámara de Apelaciones de Rosario dispuso que cuatro de los imputados, entre ellos el empresario Gabriel Strumia, quien era amante de la víctima, sean trasladados a una cárcel común, y que los cuatro restantes, considerados encubridores, cumplan prisión domiciliaria. De ese modo, quedó sin efecto la resolución judicial de agosto de 2015 que excarceló a todos los imputados. El cadáver de Perassi, que fue vista por última vez el 18 de septiembre de 2011, nunca fue encontrado. “Aunque pasó mucho tiempo, la verdad va a salir a flote, sólo quiero conseguir los huesos de mi hija”, dijo Alberto, padre de la joven desaparecida.

Perassi tenía una relación sentimental con el empresario Strumia, esposo de Roxana Michl. De acuerdo con la hipótesis de los fiscales Román Moscetta y Donato Trotta, esa relación entre Strumia y Perassi derivó en un embarazo que el empresario no quería que siguiera adelante. Por ello, señalaron durante la investigación, el empresario, su esposa y la partera Mirta Rusñisky inicialmente le provocaron un aborto, luego la asesinaron y, finalmente, hicieron desaparecer su cadáver. De acuerdo con los investigadores, el crimen contó con encubrimiento policial, facilitado por el encubrimiento de Daniel Puyol, Comisario Jefe de la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. Por otra parte, los fiscales también sindicaron como coautores del encubrimiento al subjefe policial Jorge Enrique Krenz y los policías Gabriel Godoy, Aldo Gómez, María José Galtelli.

Por ello, en la audiencia celebrada ayer en los tribunales de Rosario, el juez de Cámara Carlos Carbone desestimó los planteos de nulidad realizados por las defensas y ordenó las detenciones de todos ellos, en una cárcel en el caso de los primeros cuatro y en sus domicilios para los restantes.

Los ocho imputados habían sido procesados y detenidos el 19 de mayo de 2015, cuando el juez penal de San Lorenzo, Juan José Tutau, consideró que, en lugar de exculpar, el que no apareciera el cuerpo de la víctima era un motivo para dejar detenidos a los imputados: la desaparición de los restos de Parassi, evaluó, “evidencia que lo pretendido era lograr la impunidad”.

La decisión del juez Tutau, que llegó al día siguiente de la marcha que cada 18 de mes organizaba la familia de la joven Perassi para reclamar justicia, fue procesar a los agentes Krenz (jefe de la Agrupación de Unidades Especiales al momento de la desaparición), Aldo Gómez, Ramón Godoy, María José Galtelli y el comisario inspector Adolfo Daniel Puyol (ex jefe de la Agrupación Cuerpos) por “encubrimiento por favorecimiento personal y por no denunciar la perpetración de un delito cuando estaba obligado; agravado por su condición de funcionario público”. A Strumia, empresario de Puerto General San Martin, su esposa, Roxana Michl, y Mirta Rusñisky, señalada como la persona que consumó un aborto contra la voluntad de la joven, en la localidad de Timbúes, los consideró responsable del delito de “aborto sin consentimiento seguido de muerte”.

En la resolución, el magistrado dijo que encontraba “sobrados elementos de convicción” para dictar los procesamientos. Además, apuntó a “la cadena de encubrimiento o actos tendientes a desviar la investigación o mantener la teoría de que Perassi se encontraba con vida para no preocupar a sus familiares y alentar falsas expectativas de que en algún momento aparecería”. Eso se extendió a lo largo de más de un año, y quien lo inició fue Strumia, explicaba la resolución. En tanto, había afirmado Tutau, por parte de los policías existió un “deliberado e ilegal accionar”. La imposibilidad de dar con el cuerpo de Parassi –una búsqueda en la que participó, inclusive, el Equipo Argentino de Antropología Forense–, señaló entonces, “evidencia que lo pretendido era lograr la impunidad, en el entendimiento de que sin cuerpo no hay condena”.

Sin embargo, tres meses después el juez penal de Rosario, Adolfo Prunotto Laborde, ordenó las excarcelaciones de todos los implicados en el caso. La decisión sobrevino tras la apelación de las defensas de los imputados, a quienes liberó previo pago de una caución de entre 30 y 100 mil pesos. En marzo de este año, la Corte Suprema de Santa Fe anuló el fallo de Prunotto Laborde. El tribunal señaló la “falta de fundamentos” esgrimidos por el magistrado para excarcelar a los imputados.