Que la justicia responda positivamente a una mujer que denuncia ser víctima de violencia de género no implica que resuelva. El caso de Adriana Toporovskaja pone en duda el sentido de respuesta positiva. Su caso es una radiografía de las vicisitudes por las que pasa una mujer víctima de violencia, pese a que sus denuncias contra un ex fueron recibidas y se activaron algunos resortes. La denunciante, aterrada, tuvo que contratar un custodio privado al que paga de su bolsillo; llegó a alojarse con sus tres hijas en un hotel durante una semana, a su costo; viajó en remís en dos oportunidades para recorrer más de 50 kilómetros oficiando como notificadora judicial para presentar la cédula de restricción ya que el fax del juzgado no funcionaba. Además pidió que intervinieran su teléfono por las permanentes amenazas que recibía, y como respuesta le dijeron que lo estaban evaluando.

Desde el 31 de marzo, Toporovskaja presentó casi una decena de denuncias contra Gustavo Melnek, su ex pareja durante dos años. La había amenazado con matarla, la había tomado del cuello, la mujer estaba aterrada. La siguió amenazando por teléfono, y apareció por el colegio de sus tres hijas. Las denuncias entraron por la comisaría de la mujer de Morón, el juzgado 9 de Familia y la fiscalía 10.

El caso de la denunciante podría ubicarse dentro del espectro de casos en los que la respuesta del Estado es relativa. Es decir, responde. Suele ser tan complicada la causa para la víctima que se toma como positiva una respuesta a medias. Con sus denuncias, logró obtener un botón antipánico, una orden de restricción de acercamiento, y custodia policial. Logró que fueran citados a declarar los testigos que aportó. Pero aún no fue citado el denunciado, pese a que sigue violando las perimetrales. Para Toporovskaja ni fue tan sencillo obtener el botón, ni tan estricta la restricción de acercamiento, ni tan personalizada la custodia policial. De hecho, contrató un vigilador privado por su propia cuenta, porque de la custodia dispuesta por la justicia terminó ocupándose un patrullero que, si bien está pendiente del llamado de la mujer, hace el recorrido habitual de su cuadrícula.

El botón antipánico se entrega durante un tiempo limitado. Para recibirlo debió tramitarlo personalmente en el juzgado de familia. Desde allí tuvo que solicitarlo en la Municipalidad, pero cuando concurrió allí le indicaron que era en otro edificio, y cuando logró localizarlo, le dijeron que del botón se ocupaban en otra dirección. “Estoy sola, hago de madre y padre, llevo a mis hijas al colegio, las dejo y ya sigo para mi local –dijo Toporovskaja a este diario–. Ese día. antes del local hice todo el recorrido por el botón. Cuando llegué estaba cerrado aunque estaba en hora”. El primer botón no funcionaba. “Me decían que no me ubicara en el living porque no tenía señal. Como para que le diga, señor asesino, salgamos del living que tengo que apretar el botón”. Finalmente logró que le cambiaran el dispositivo. Cuando se lo entregaron ya estaba vencido el plazo de tenencia y tuvo que renovar ante el juzgado.

La orden de restricción no fue más sencilla. Más allá de que luego de obtenida el denunciado la sigue traspasando, el día en que la ordenó el juzgado, “no les funcionaba el fax”. Había que notificar a la comisaría de Padua, encargada de notificar de la restricción al denunciado. “Tendría que llevarla usted”, le sugirieron. Pagó un remís y recorrió los 8 kilómetros para entregar a la comisaría. La restricción había que informarla a la empresa, la línea de colectivos 238, de la que Melnek es chofer del interno 232. La línea tiene una parada delante del local de Toporovskaja. Primero, la mujer envió por medio de su abogado una carta documento que la empresa no atendió. Obtuvo entonces en el juzgado una orden para notificar a la empresa, pero tuvo que llevarla ella hasta la terminal, en Pontevedra. Tomó un remís, a su costa, para cubrir los 18 kilómetros de ida y vuelta. La acompañaba el custodio privado que contrató también a su costa. De su bolsillo también salió la semana en un hotel de Morón, en el que se refugió con sus trillizas cuando el terror la había tomado por asalto.

Si hubiese que ubicar el caso entre otros de violencia de género, podría decirse que en esta oportunidad el Estado respondió mínimamente haciendo lugar a algunos de los pedidos de la denunciante (aunque la intervención telefónica es un dilema que están “evaluando”, tal como describió Toporovskaja a este diario; la restricción no restringe; y el denunciado no fue citado). Las vicisitudes de la denunciante no terminan acá. Los botones antipánico y las restricciones de acercamiento, son inocuas y además tienen vencimiento, y volver a aplicarlas implica cargar a su costa horas de espera, de trámites, de incertidumbre y de dinero. Y le tocó una jurisdicción con respuesta.

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