La Justicia porteña ordenó al Gobierno de la Ciudad que suspenda Mi Escuela Saludable, el programa que realiza evaluaciones a estudiantes en edad escolar y que está coordinado por una ONG de la que participan Monsanto, Syngenta y Coca-Cola, entre otros. La medida se enmarca en una acción de amparo presentada por el secretario general de Ademys, Jorge Daniel Adaro, y el legislador Gustavo Vera (Bien Común), que cuestiona la delegación a entidades privadas de las tareas de planificación y evaluación de programas de salud. “Lo que venimos percibiendo por parte del gobierno es una ingerencia creciente de organizaciones no gubernamentales en las escuelas públicas, que entendemos que se trata de un proceso de privatización”, manifestó Adaro.

El juez Lisandro Fastman, titular del juzgado N° 14 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, dictó una serie de medidas vinculadas al desarrollo del Programa Mi Escuela Saludable que se realiza en escuelas públicas porteñas con la participación del Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI). La decisión de Fastman respondió a un pedido de acción de amparo en la que se remarca la necesidad de contar con mayor información y se exige al gobierno porteño que “se abstenga de implementar la evaluación de los niños, niñas y adolescentes prevista en el Programa Mi Escuela Saludable y, en el caso de haberla iniciado, proceda a su inmediata suspensión”, hasta tanto se proporcione la información requerida y se resuelva la medida cautelar solicitada por los amparistas.

Según contó el padre de un alumno de la escuela República de Colombia Nº 26, de Boedo, la comunidad se sorprendió al descubrir que el programa de salud estaba coordinado por la Jefatura de Gabinete y por ILSI. “Lo primero que me llamó la atención cuando mi hijo llegó con el permiso que debíamos firmar es que no estuviera coordinado por la cartera educativa o la sanitaria”, dijo Eduardo Chávez Molina a Página/12. Además de la gaseosa y la multinacional de agroquímicos, ILSI aglutina a Syngenta (dedicada al desarrollo de semillas y pesticidas) y la farmacéutica Bayer.

A fin de tomar esta medida, el juez consideró el dictamen del Asesor Tutelar y coincidió con el funcionario en que “de las constancias agregadas no se desprende con la claridad suficiente cuál es el rol que tendría la organización civil mencionada y también faltan elementos que permitan conocer el contenido y la extensión del programa”. De acuerdo con lo resuelto, el gobierno porteño deberá, en el término de dos días, “adjuntar copias certificadas de todas las actuaciones administrativas vinculadas con la evaluación prevista en el marco del Programa Mi Escuela Saludable, en especial, las relativas a la intervención de la entidad privada Instituto Internacional de Ciencias de la Vida”.

Además, Fastman resaltó “el intenso grado de protección que la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos de igual rango confieren al derecho a la salud”, y subrayó el artículo 21 inciso 13 de la Constitución de la CABA que establece que “no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro, bajo ninguna forma de contratación que lesione los intereses del sector, ni delegarse en las mismas las tareas de planificación o evaluación de los programas de salud que en él se desarrollen”.

Otra de las normas que tuvo en cuenta el magistrado es la ley local de Salud Escolar N° 2598, que en su artículo 16 prevé que la planificación, la dirección, la coordinación, el control y la evaluación de las actividades reguladas por dicha ley, son tareas que corresponde a la conducción educativa del Gobierno de la Ciudad. “Lo que aquí se dispone no importa cuestionamiento alguno a la oportunidad, mérito y conveniencia del Programa, aspectos propios del resorte exclusivo de la administración demandada, como así tampoco a la necesidad e importancia de realizar la evaluación y los objetivos propuestos”, aclaró Fastman. La decisión se “centra en el cuestionamiento formulado al modo de su implementación”, agregó.

El secretario general de Ademys contó a este diario que no es la primera vez que se presentan este tipo de situaciones en el ámbito de la educación estatal en Buenos Aires. El año pasado, la asociación docente detectó que una organización llamada “Protege tu corazón” daba clases de educación sexual con contenidos que entraban en contradicción con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral y promovían, por ejemplo, la castidad. “Igual que en aquel caso nos parece importante que se haga público y realizar todas las acciones posibles para frenar el avance sobre la educación pública”, señaló Adaro.

Informe: Paz Azcárate.