La Justicia condenó a 13 años de prisión a los capataces del taller textil clandestino de la calle Luis Viale cuyo incendio, ocurrido hace más de 10 años, provocó la muerte a cinco niños y una mujer de 25 años. El Tribunal Oral Criminal (TOC) N° 5 consideró que Juan Manuel Correa y Luis Sillerico Condori fueron coautores de los delitos de “reducción a servidumbre en concurso con estrago culposo seguido de muerte”, y ordenó que fueran detenidos de inmediato (ambos permanecieron en libertad todo el tiempo que duró el juicio) para comenzar a cumplir la condena. La resolución, además, ordenó devolver la causa al tribunal de instrucción para que investigue “la posible participación de los copropietarios del inmueble”, que también eran quienes encargaban y compraban toda la producción del taller, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Abraham Geiler, en lo sucedido. Los jueces también ordenador investigar “la posible comisión de delitos de acción pública por parte de personal de la Policía Federal Argentina y de Inspectores” encargados de supervisar el funcionamiento del lugar antes de la tragedia, y si –como pidió el fiscal durante el proceso oral– uno de los testigos brindó falso testimonio en el juicio.

Poco antes de la sentencia, los imputados proclamaron su inocencia. “No soy culpable y pido justicia”, sostuvo Sillerico, mientras que Correa dijo: “No hicimos nada malo”.

Los diez años que transcurrieron entre la jornada del incendio y las muertes y el día de ayer, con las condenas, fueron “muy duros”, aseguró Luis Fernando Rodríguez Palma, padre de Harry, el niño boliviano de 3 años que falleció entre las llamas. “Fueron muy duros y de mucha soledad, y de no poder decirle a mi hijo mayor, que hoy tiene 16 años, ‘se ha hecho justicia por tu hermanito’”, contó, al tiempo que subrayó la importancia de que se vaya a investigar a los dueños del taller. La abogada de la querella, Myriam Carsen, indicó que sus representados no apelarán porque están “conformes con el fallo”, aunque “uno no puede estar contento, por el dolor que todo esto implica”. “Es un fallo que sienta precedentes porque ha pedido que se investigue a los dueños de las marcas. En relación a la policía y los inspectores, va a ser más difícil porque ya hubo una investigación, mala, pero ya se hizo, así que habrá que presentarse como querellante e impulsar”, adelantó. En la lectura de la sentencia estuvo presente también el presidente de la Cámara de Senadores de Bolivia y ex cónsul de ese país en Argentina, José Alberto Gonzáles Samaniego, quien advirtió que la sentencia sirve, entre otras cosas, como “un mensaje para aquellos que traen engañados a personas desde Bolivia, para que sepan que también pueden quedar presos”. Agregó, además: “seguramente en este momento nos está viendo en la televisión de algún taller una persona que está siendo sometida a estas condiciones de trabajo, pero este juicio sienta un precedente para que las víctimas se animen a denunciar”. El funcionario aseguró que “para el Estado Plurinacional de Bolivia, este juicio no fue el objetivo final sino sólo una etapa del proceso de justicia”, y que persiste “la necesidad de seguir hasta los dueños de las marcas”. La costurera Lourdes Hidalgo, sobreviviente del incendio, dijo que no podía alegrarse con el fallo, porque lo sucedido dejó “una cicatriz que no podrá sanarse nunca”. Sin embargo, señaló su conformidad con que se haya ordenado investigar a los dueños, los “verdaderos responsables”, y a la policía e inspectores, a quienes acusó de “cómplices”.

Los jueces Rafael Oliden, Fátima Ruiz López y Adrián Pérez Lance dieron al conocer las condenas ayer por la mañana, en una resolución que informó, además, que los argumentos del fallo serán leídos en audiencia el 28 de junio al mediodía.

Desde las escalinatas de Tribunales, Rodríguez Palma, el padre del pequeño Harry, explicó que para las víctimas es significativa la orden judicial de investigar a Fischberg y Geiler, los propietarios del taller. “Las condenas siempre eran a los talleristas y la mayor ganancia se la llevan las marcas. Cuando nos venían los jeans para arreglar veíamos en la etiqueta que se vendían a 150 o 200 pesos, mientras que a nosotros nos pagaban 0,50 o 0,70 centavos por prenda.” Agregó, además: “es importante que se difunda el fallo, que las personas se enteren, porque nadie quiere trabajar en esas condiciones. Sólo que no tienes opciones, llegas a un país que no conoces, muchas veces te retienen los documentos, o simplemente no te pagan, y entonces no tienes cómo irte y piensas que allí por lo menos te dan comida y un techo”. Rodríguez Palma estaba acompañado por la abogada de la querella e integrantes de la asociación Simbiosis Cultural; él debió regresar a Argentina para asegurarse de lograr Justicia, mientras que su esposa Sara permanece en Bolivia, donde es maestra.

“Mientras leían el veredicto, recordaba cuando años atrás estábamos cuatro o cinco personas solas haciendo un escrache, pintando el mural en la puerta del taller. Hoy vemos tanta gente involucrada en la problemática y pensamos, esperamos que no haya sido en vano”, señaló Juan Vázquez, de Simbiosis Cultural.

El incendio ocurrió el 30 de marzo de 2006, cuando un cortocircuito desató el incendio en el taller clandestino de Luis Viale 1269, el lugar en en el que, además de trabajar en condiciones de esclavitud, vivían 64 personas, entre ellas 38 menores de edad. Buena parte de los trabajadores provenían de Cantón Cohana, un pueblito muy pobre de Bolivia ubicado a 100 kilómetros de La Paz.