“Se enojó con el nene de 15 años porque empezó a tocar cumbia y él quería chamamé. Siempre el problema acá fue la música. Empezó a golpear las cosas, a tirar, a romper todo. Los chicos le decían basta. Les pegaba. Yo estaba abajo y escuchaba. Cuando llegué me lo estaba ahorcando al nene. Pensé que me lo estaba matando a mi hijo. Toda la vida aguantando lo que nos hacía… Le pegué para que lo soltara. Era gordo, grandote, medía como dos metros. Y después pasó lo que pasó. ´Vamos que te mata, vamos que te mata´, decía mi hijo mayor. Y nos fuimos. No lo abandonamos. Tenía tanto miedo de que nos mate. Por no haberlo dejado antes pasé por todo esto. Yo lo amaba con toda mi alma. Cada día lo extraño. Yo lo amaba, por eso no lo dejaba. ¿Por qué la justicia no vino antes?”. Nilda Beatriz Álvarez, solloza. Se ahoga en sus propias palabras. Su relato es conmovedor. El martes fue condenada –junto a su hijo mayor, de 25 años– a 12 años de prisión por el delito de “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación”, por el asesinato de su esposo con un cuchillo. Su caso es emblemático: muestra la mirada sexista de la justicia a la hora de aplicar la figura de legítima defensa. El contexto de violencia machista en que ocurrieron los hechos, como pidió su defensa, no tuvo eco en el Tribunal Oral de Juicio de Villa Constitución, provincia de Santa Fe, integrado por los jueces penales Mariel Minetti, Alberto Jesús Rizzardi y Griselda Strologo, que le aplicaron una condena durísima.

Aquella madrugada del 9 de agosto de 2014 terminó de la peor manera el matrimonio de 24 años –y cuatro más de convivencia– entre Nilda y Armando, durante los cuales ella y luego sus hijos, sufrieron golpizas, palabras hirientes, cada vez que él, que era guitarrero, se iba de juerga –y lo hacía seguido– y volvía borracho. En la casa no queda mobiliario: él se ocupó de romper todo a lo largo de los años, cuenta Nilda a este diario. Ella lo denunció a partir de 2008 en cuatro oportunidades, pero la Justicia nunca llegó a darle una protección adecuada. Las dos primeras denuncias fueron archivadas. Recién en 2011 dictaron la exclusión del hogar y le prohibieron a él no acercarse a Nilda, pero nunca cumplió las órdenes judiciales. Es más, recuerda Nilda, una vez un policía llegó a su casa para notificarle las medidas cautelares, y como no estaba su marido, le dijo a ella, la víctima y denunciante, que le comunicara al agresor y denunciado, que se tenía que ir de la vivienda. “Imagínese, yo le tenía que decir, con el miedo que le tenía”, recuerda la mujer a Página/12. Y no le dijo.

Está privada de la libertad desde la muerte de su esposo y le concedieron la prisión domiciliaria y un permiso para trabajar, en un pequeño almacén que tiene en su casa, donde vive con su hijo menor, que ya tiene 17 años. Nilda tiene 49. No terminó la secundaria. Su marido era empleado en la fábrica Siderar.

“El fallo contra Nilda pone de manifiesto la insensibilidad, desconocimiento y ceguera en cuestiones de género del sistema Judicial y lo mucho que aún falta para transformar los paradigmas patriarcales sobre los cuáles se sustentan no sólo los fallos de este tipo, sino las formas institucionales de abordaje de las violencias de género por parte de un importante número de funcionarios/as judiciales”, señaló a este diario Milena Páramo Bernal, coordinadora nacional de Cladem Argentina, una de las organizaciones de mujeres que expresaron su apoyo a Nilda durante el juicio.

Los fundamentos de la sentencia se conocerán en los próximos días. La fiscal, Valeria Pedrana, pidió prisión perpetua para Nilda y su hijo. Su abordaje del caso no tuvo en cuenta el contexto de violencia de género que atravesó la vida matrimonial –sobre el que dieron amplio testimonio vecinos y amigos de la pareja– y el episodio concreto en el que murió Ferreyra. La defensa de la mujer estuvo a cargo de un defensor oficial, Facundo Principiano, junto con la representante de la Unidad de Apoyo a Juicios Orales del Ministerio Público de la Defensa de la provincia, Melisa Andreatta. Plantearon que se trató de un caso de legítima defensa. Apelarán. El hijo tuvo una abogada particular, Mabel Bevaqua.

“Las mujeres que padecen violencia doméstica cuando llegan al sistema judicial con sus denuncias no son escuchadas, no son atendidas con oportunidad y celeridad –sostuvo Páramo Bernal—, no encuentran respuestas efectivas que garanticen que cese la violencia contra ellas. Por ello encontramos que dentro de los femicidios reportados, las víctimas habían denunciado, contaban con medidas de protección y sin embargo, encontraron la muerte en manos de sus compañeros o esposos. Muchos de esos casos quedan en la impunidad. Ahora, cuando quien muere es el agresor y quien ocasiona la muerte es una mujer víctima de violencia de género, suceso inesperado y fortuito que se da en el contexto de esa violencia cotidiana provocada por su pareja como fue el caso de Nilda y en el que estaba en riesgo la vida de su hijo y la suya propia, la Justicia actúa desconociendo ese contexto e impone una sentencia desproporcionada omitiendo la razón de la legítima defensa. Consideramos que este fallo injusto debe ser revisado en otra instancia”.

No es vida

“Si lloraba porque lloraba. Si le contestaba, porque le contestaba. Siempre buscaba un motivo para pegarme. El quería hacer ver que él mandaba en mi casa”, cuenta Nilda. Como en otras relaciones de pareja, atravesadas por la violencia machista, al principio no hubo agresiones físicas. Los golpes llegaron algunos años después de casarse. “Me agarraba a las trompadas. Sus amigos me defendían”, dice Nilda. Cuenta que su esposo se ponía agresivo cada vez que tomaba alcohol y se emborrachaba. Se iba de juerga con sus amigos por dos o tres días. Incluso, recuerda, que el día de la tragedia, se había ido de fiesta y –como tantas otras veces– había conseguido un certificado médico para poder faltar a su trabajo.

La historia familiar está signada por los malos tratos. Una vez, su esposo la quemó con agua caliente. “En ese momento, yo tomaba pastillas para dormir porque tenía miedo de que si venía y me agredía, borracho, yo no podía defenderme, porque no me podía mover, por las quemaduras, caminaba agachada. Tenía el pecho y la panza quemadas”, se acuerda. Por ese hecho, no lo denunció. “Yo creía en el matrimonio para toda la vida”, dice Nilda. Otra vez, su esposo le pegó en la espalda tan fuerte que la tiró al piso: hacía pocos días que la habían operado para extraerle un riñón. Ese hecho si lo denunció. Nilda se defendía como podía. Pero él medía casi dos metros, gordo y pesado, era difícil contenerlo. Varias veces, dice, ella se fue de la casa. “Pero él venía y me convencía, me pedía perdón, y yo volvía porque lo amaba. Mientras él no tomaba era una gran persona”, dice Nilda. Como sucede con la violencia machista en relaciones de pareja, después del estallido y la agresión, viene el pedido de perdón: es un círculo, está estudiado. Le pasó a Nilda como a tantas. Pero el violento –si no tiene una intervención terapéutica apropiada y de largo plazo– no cambia. El círculo vuelve a girar.

Los vecinos escuchaban, la veían golpeada, dice Nilda. También los amigos de él, que llegaban de madrugada borrachos después de varias noches de juerga, cuenta en su casa, hoy su propia cárcel.

¿Y la Justicia?

La primera vez que lo denunció en la comisaría de su barrio fue el 10 de octubre de 2008. Sus hijos tenían 17 y 10 años. La denuncia pasó al juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de 2da Nominación de Villa Constitución. En esa oportunidad Nilda declaró: “Hace ya bastante tiempo que mi marido, está tomando mucho, bebe demasiado al punto de que cuando llega borracho, me vive agrediendo verbalmente, diciéndome cosas horribles y degradándome como mujer y como persona, cosa que ya me tiene cansada y me afecta totalmente, psicológicamente me hace sentir como que yo no soy nada y me dice que no sirvo como mujer y para nada. Entonces ya estoy harta de tolerar sus agresiones y ya le pedí en varias oportunidades que se vaya de la casa y me deje vivir en paz y tranquila con mis hijos, pero él no quiere irse. No quiero vivir el resto de mi vida así, aparte el no cambia más, ya le di muchas oportunidades y el sigue siendo el mismo, una persona totalmente violenta. Quiero que se vaya de una vez por todas”. Nilda pidió a la Justicia que ordene la exclusión del hogar de su marido, que se fije una cuota alimentaria para sus hijos y una restricción de acercamiento hacia su persona y lugares que frecuentaba. Página/12 tuvo acceso al expediente 1073/2008. La jueza Griselda Ferrari lo único que dispuso es que los dos, víctima y victimario, inicien “un tratamiento psicológico en el Servicio de Autoayuda en Violencia Familiar del Hospital SAMCO de esta ciudad”. La magistrada pidió a la policía local que el matrimonio fuera notificado, como no los encontraron en su domicilio, el oficial que fue a la vivienda les dejó una orden para que se presenten en la comisaría. El 10 de noviembre de 2008, el comisario Gustavo Beutel informó al juzgado que todavía no logró notificarlos. Y el 19 de noviembre, la causa fue archivada.

Nilda volvió a denunciar a su esposo 9 meses después, el 29 de julio de 2009. “Hace 23 años que estoy casada con Armando Jesús Ferreyra, que en toda nuestra vida en matrimonio fue muy agresivo tanto verbal como físicamente, conmigo y con mis hijos, que hace varios años que se puso muy problemático y toma alcohol, que no es vida la que llevamos con mis hijos (…), que yo tengo un kiosco con el cual me mantengo porque él no me da un centavo”, declaró la mujer. Y volvió a pedir las mismas medidas cautelares. Esta vez, intervino el asesor de Menores del Distrito Judicial N° 14, Hugo Daniel Batallana y sugirió que se remita el caso a “mediación a fin de lograr una posible solución a la problemática familiar expuesta”. Dice que la mujer le contó que le pegó en la espalda y la hizo caer al piso y que ella estaba recién operada porque le extrajeron un riñón. Las mediaciones están expresamente desaconsejadas cuando se trata de casos de violencia de género, por la desigualdad de poder entre víctima y victimario para poder negociar cualquier aspecto. No obstante, la jueza Ferrari dio intervención a un mediador. Y se fijó una audiencia para el 8 de octubre de 2009. Pero en el expediente –al que tuvo acceso Páginað12– no consta ningún movimiento más. Y figura luego que fue archivado.

La tercera denuncia la hizo Nilda el 26 de setiembre de 2011. Expuso que “hace 25 años que estoy en pareja con el señor Armando Jesús Ferreyra (…) Que yo ya hice denuncias desde el 2008. Que mi marido me maltrata desde hace tiempo. Que Armando es una persona alcohólica y agresiva. Que el jueves de la semana pasada me agarró del cuello y me golpeó porque contesté a una agresión verbal. Que tengo miedo pero estoy cansada de sus agresiones. Que cuando toma se pone muy violento, me grita, me insulta y si contesto me pega. Que a L. (uno de los hijos) también lo insulta y en el 2009 cuando tenía 10 años lo agarró del cuello y le pegó. Que también dejé asentada esa denuncia. Que tengo miedo por mi hijo y por mí. Que mi deseo es que el juzgado intervenga y ordene la exclusión de Armando y una prohibición de acercamiento”. En esta ocasión, la jueza Ferrari hizo lugar a las medidas cautelares. El fiscal Osvaldo Chiappeeco, que interviene, sugirió que “las partes se sometan a un tratamiento psicológico”. Las medidas, dice Nilda, las cumplió por un par de días. El 25 de noviembre de ese mismo año, Nilda volvió a denunciar a su esposo. Declaró: “Que en el mes de septiembre de este año la relación no daba para más y solicité la exclusión de hogar. Que Armando siempre volvía borracho y me pegaba y me rompía todas las cosas de la casa. Que en setiembre se fue un par de días a la casa de la madre. Que me pidió volver a la casa porque no quería molestar a la madre. Que lo dejé que se quede en la parte de abajo. Que en el día de la fecha, hace un rato nomás precisamente Armando vuelve de una salida re borracho. Que me rompió un par de cosas de la casa y me levantó de la cama a mí y a mi hijo L. Que me dijo que si no quería estar más con él que me iba a quemar la casa. Que llaméal comando y vine a dejar la presente. Que quiero dejar constancia de lo sucedido. Que quiero que Armando se vaya de la casa. Que mi deseo es que el juzgado intervenga y ordene la exclusión del hogar de Armando”. Nuevamente la jueza hizo lugar al pedido, dictó las medidas. Pero no se cumplieron. El fiscal volvió a sugerir que las partes “se sometan a un tratamiento psicológico”. De los dichos de la mujer, no se abrió una causa en el fuero penal: por amenazas, por lesiones. Nada.

En diálogo con Página/12, Nilda dice que no lo volvió a denunciar porque “para qué, si no pasaba nada y yo corría mucho peligro porque él se enojaba más. Después dicen que hay que hacer denuncias, pero nadie hace nada”.

Hoy Nilda –igual que su hijo mayor– está condenada a 12 años de cárcel. Otra vez, la Justicia no la escuchó.