La Justicia ordenó al gobierno porteño que en el término de 10 días releve la cantidad de personas que viven en situación de calle o se encuentren en situación de “vulnerabilidad habitacional” en la Ciudad. La resolución fue dictada por la jueza María Elena Liberatori, en el marco del amparo presentado por la diputada del bloque Libres del Sur Victoria Donda y por Laura González Velasco, del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Los datos del último censo de GCBA indican que unas 850 personas viven en la calle, sin embargo, según las denuncias de organizaciones sociales a la Auditoría de la Ciudad la cifra asciende a 17.000. Por su parte, comuneros del Frente para la Victoria (FpV) realizaron un pedido de informe al ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano para saber cuántas familias viven en esta situación y qué políticas implementaron las autoridades para asistirlas.

A partir de la resolución de la magistrada, el Ejecutivo porteño deberá, en los próximos diez días, realizar un relevamiento provisorio que contemple a las personas en efectiva situación de calle, pero también a aquellas en riesgo de estarlo o en instituciones de tránsito. Además, la jueza ordenó al gobierno local que realice un diagnóstico provisorio sobre estas personas, analice las causas que provocaron la situación.

Para fundamentar su decisión, la titular del juzgado Nº 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, cita normas internacionales y nacionales que ratifican el derecho a la vivienda como un derecho humano y la obligación del Estado como su garante. “No obstante ello –aclara la magistrada–, habré de destacar que no solo razones jurídicas de toda índole y jerarquía normativa me guían en la presente decisión, sino que encuentro imperativos de orden moral que avalan la medida de amparar, mediante la tutela judicial que se solicita, al colectivo de personas en situación de calle o en riesgo de estarlo”.

La presidenta de la Auditoría General de la Ciudad –organismo que ya pidió informes sobre el tema a las autoridades– contó a Página/12 que si bien los datos del último censo el GCBA arrojan que hay unas 850 personas que viven en la calle, “para las organizaciones que trabajan conteniendo a esta población la cantidad asciende a 17 mil”. “Hay una situación muy concreta –apuntó Segura–, tenés que conocer la problemática para abordarla y la Ciudad sistemáticamente realiza censos que no se ajustan a la ley, dan cifras que no tienen ninguna relación con la realidad”.

Además, Segura enumeró una serie de problemas que tienen los paradores del gobierno porteño a partir de denuncias radicadas por organizaciones sociales. “Lo que nos cuentan es que estos centros además de ser insuficientes no están abiertos todo el día y todos los días, como deberían, pero también que suelen darse situaciones como que les impiden ingresar con herramientas de trabajo o que les piden a miembros de una familia que se separen, por lo que prefieren dormir en la calle”, contó. Además, la presidenta de la Auditoría relató que “hay mujeres trans que denuncian discriminación, a las que les exigen vestirse de hombre para entrar a los paradores”.

En su presentación, Donda y Velasco afirman que, hasta la fecha, el gobierno porteño no elaboró ni dio a conocer el relevamiento anual de las personas en situación de calle conforme a los requisitos que impone la mencionada ley. En ese punto, aclaran que el censo poblacional que el gobierno realiza cada año no implica el cumplimiento del relevamiento anual que prevé la ley.

Donda y Velasco también aseguran que el dato que se desprende de ese censo (800 personas que viven en las calles porteñas) no coincide en lo más mínimo con lo reflejado por la propia página web del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, el cual afirma que la línea 108, un número gratuito al que llaman personas en situación de calle o vecinos que ven a alguien en situación de calle, recibe 36.500 llamados por año por dicha problemática.

“Esta sentencia es un hecho inédito en materia de protección de personas cuyos derechos han sido sistemáticamente vulnerados, y acredita nuestra alarma por el crecimiento y la desprotección de las personas en situación de calle en la Ciudad”, apuntó la diputada Donda. En el mismo sentido, Velasco remarcó que hasta la propia Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad reconoce que durante la gestión macrista “la pobreza creció hasta el 43 por ciento y la indigencia un 7,3 por ciento”.

En tanto, representantes de las comunas 5, 6, 8, 9,10,11,13 y 15 de la Ciudad presentaron un pedido de informes al gobierno porteño para solicitar información vinculada a responsabilidades de la Subsecretaria de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. A través de esta presentación exigen conocer la fecha y metodología del último censo de personas en situación de calle. Entre otras cosas, los comuneros exigen que se detalle cuántos niños, niñas, adolescentes y adultos mayores forman parte de la población que vive en la calle, dónde se ubican y cuántos paradores ofrece el GCBA para estas personas.

Informe: Paz Azcárate.