Comenzaron a llegar el viernes pasado, ayer, ya eran cerca de 500 las familias que ocupan un predio de 250 hectáreas en el kilómetro 7,5 de la ruta 25, en la localidad bonaerense de Moreno. El municipio, por un lado, dio intervención a la justicia, mientras que, por otro, a través del Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (Iduar) de Moreno, comenzó a censar a las familias que ocupan el predio y dialogar con sus integrantes. Desde el municipio, a cargo de Walter Festa (FpV) responsabilizaron al ex intendente Mariano West por la ocupación.

El viernes de la semana pasada, por falta de trabajo o por no poder afrontar alquileres impagables, cientos de familias comenzaron a llegar al predio desde diferentes lugares, en muchos casos desde localidades cercanas. Familias numerosas, parejas y personas solas, desde los primeros días empezaron a levantar refugios precarios, al tiempo que parcelaron el terreno de manera provisional. La mayoría recurrió a lonas o plásticos que, sostenidos por palos, funcionan de techo; con ello y algunos otros elementos precarios armaron donde quedarse. Sólo unos pocos llegaron a hacer casillas de materiales.

Los acampantes coincidieron en explicar que la plata no les alcanza, contar que muchos están sin trabajo y que tienen muchas necesidades, por lo que, dijeron, esperan que el Gobierno les brinde soluciones habitacionales.

El decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Morón, Antonio Angrisani, desmintió que las hectáreas que pertenecen a la universidad hayan sido afectadas por la toma, como habían informado algunos medios.

El predio ocupado es privado y sus diecisiete dueños lo tienen bajo la forma de condominio.

Inicialmente, la municipalidad de Morón estimó que eran alrededor de 300 las familias que habían llegado al predio, pero con el correr de los días los grupos familiares que se fueron asentando en el lugar llevaron el número hasta alrededor de quinientas.

A través del IDUAR de Moreno, el municipio abrió una instancia de diálogo con los ocupantes e inició el censo de las familias. Al mismo tiempo, fuentes cercanas a la intendencia aseguraron que “el municipio nada tiene que ver con la toma y (que) sería una lectura muy equivocada pensar que podemos promover algo que afecta a nuestro propio distrito”.

Por otra parte, en paralelo al diálogo y el proceso del censo, las autoridades locales dieron intervención a la Justicia. La causa recayó en el Juzgado de Garantías Nº 1, a cargo de Adriana Julián, y de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Moreno, a cargo del fiscal Emiliano Buscaglia.

La Fiscalía General de Moreno anunció que no hay orden de desalojo, ya que aún se estaba evaluando si existían los elementos suficientes para requerirla al Juzgado de Garantías, algo que podría definirse en la próximas 48 horas. Otras fuentes judiciales señalaron que la jueza Julián ya habría ordenado el desalojo y que ayer se analizaba, junto a la Policía Bonaerense, el momento oportuno para llevarlo adelante.

Fuentes cercanas a la investigación de la UFI 5 aseguraron que las tareas se concentran en la recolección de pruebas, y detallaron que, si bien existe una actitud “hostil” por parte de los ocupantes, se intentará “comprobar el ilícito, pero preservando a la gente”.

El ministro del Interior de la Nación, Rogelio Frigerio, dijo que este tipo de tomas de tierras “responde a dos componentes: el déficit habitacional, con más de 3,5 millones de familias con problemas de viviendas, y mafias que especulan con esta necesidad de la gente”. Fuentes cercanas al intendente Walter Festa apuntaron al ex intendente Mariano West como responsable de la toma, mediante “punteros políticos y micros escolares, aprovechando la gran cantidad de gente que hay en disponibilidad, producto de la situación económica y social”.

Ayer por la noche, la policía custodiaba para que el número de familias no se incrementara.