La Justicia porteña ratificó que, en los contratos de alquiler, las inmobiliarias no pueden cobrar comisiones superiores “al 4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato”, un monto que suele rondar el valor de un mes de alquiler. Así, el fallo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°17 resolvió la cuestión de fondo sobre el cobro de comisiones y dictó la nulidad de la resolución del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), que permitía a esos comercios cobrar importes superiores a los establecidos por la ley.

En su fallo, el juez porteño Marcelo Segón dictaminó que “los corredores inmobiliarios no podrán cobrar en concepto de comisión a inquilinos y/o potenciales inquilinos de un inmueble con destino a vivienda única un importe superior al 4,15 por ciento del valor total del respectivo contrato”.

La justicia dispuso la conformación de una mesa de trabajo integrada por el Colegio de Corredores, la Defensoría del Inquilino –área creada este año dentro de la Defensoría del Pueblo–, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) e Inquilinos Agrupados. Además, ordenó al Cucicba que en el plazo de treinta días “implemente un plan para el control efectivo sobre el cobro de aranceles por parte de los corredores inmobiliarios”, “confeccione un plan integral para la difusión pública del monto máximo”, y “elabore un plan a los efectos del control respecto de sus matriculados”.

En diálogo con Página/12, Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, dijo que “la primera implicancia del fallo es que beneficia a un sector mayoritariamente ignorado, de 900.000 inquilinos que va a mejorar su situación, le va a permitir alquilar de manera más justa”. “Nació un nuevo sujeto, que es el sector de los inquilinos, un 30 por ciento de los que viven en buenos aires y a los que nadie había dedicado políticas públicas para solucionar su situación. Un sector que ha decidido reclamar su derecho a vivir en la ciudad de forma digna, justa y equitativa”, añadió.

El fallo sostiene que “librar a la autonomía de la voluntad y, por tanto, a la libertad de mercado fuera de los estándares estatales y en términos exorbitantes, el precio a abonar por comisión de inmobiliarias en miras a acceder a la vivienda única y digna (...), no se condice con la protección estatal, a nivel legal, constitucional, y los tratados con esta última jerarquía”.

Muñiz acotó que “ese sector (el de los inquilinos) empieza a tener voz, aunque por ahora es una relación entra las organizaciones, la justicia y el mercado inmobiliario”. Por otra parte, dijo que se calcula una pérdida de alrededor de 1100 millones de pesos al año para el mercado inmobiliario, un dinero que salía de los bolsillos de los inquilinos. “Espero que la clase política empiece a opinar sobre el tema” acotó.

El dictamen también estableció multas de entre $ 5.000 y $ 20.000, según el tipo de incumplimiento en que incurran las inmobiliarias.

El fallo avaló el amparo colectivo pedido en mayo de este año por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y por la agrupación Inquilinos Agrupados, y al que la Justicia porteña respondió favorablemente, por lo que suspendió en forma inmediata la resolución del Cucicba que habilitaba a las inmobiliarias a cobrar más de lo permitido por la Ley N° 2340.

Hasta el 6 de mayo, la resolución de Cucicba permitía que a los inquilinos les fueran cobrados dos meses de adelanto en concepto de comisión. Ese día, el juez Marcelo Segón suspendió la medida autoregulatoria e impuso una multa de 20 mil pesos por cada incumplimiento acreditado. Además, obligó a las inmobiliarias a la publicación de comisiones, precios y condiciones de los alquileres en vidriera y en las página web.