[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Los últimos camiones arrojarán su carga hoy y ya no ingresarán más. El basural más grande del país, 735 hectáreas en la localidad bonaerense de Villa Dominico, cerrará sus puertas luego de 26 años que dejaron marcas: millones de toneladas de basura, un aire irrespirable y, según aseguran vecinos, una contaminación que dejó al menos diez muertos por leucemia. Desde la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse), la empresa responsable del lugar, explican que el cierre obedece a una iniciativa para clausurar todos los depósitos de residuos ubicados en los centros urbanos. En la otra vereda, distintas organizaciones sociales resaltaron que hace años se movilizan para erradicar el basural, denunciaron “negociados” y remarcaron que ahora las autoridades deben solucionar el foco tóxico que afecta a los partidos de Quilmes y Avellaneda, al sur del Gran Buenos Aires.
“Más que cerrarlo lo que están haciendo es dejar de tirar basura. Pero aún queda por resolver las millones de toneladas de residuos, la contaminación del agua y de todo el medio ambiente. Para tener una idea de qué hablamos: un estudio de las napas freáticas muestra que tienen más contaminación que lo que hay en las cloacas”, aseguró Jorge Trevín, de la entidad ambientalista Ambiente Sur. Los vecinos reclaman un estudio “independiente” que determine qué nivel real de contaminación existe y, a partir de ahí, un “verdadero plan de recuperación ambiental”.
El relleno del Ceamse en el sur de conurbano fue inaugurado por la última dictadura militar, en marzo de 1978. Ocupa 735 hectáreas, de las cuales 505 están con rellenos de basura. El presidente del organismo, Carlos Hurst, destacó que la clausura no es porque el predio esté sobresaturado sino por un plan que prevé acabar con los basurales en las zonas urbanas. Además del predio de Villa Dominico, funcionan espacios similares en Ensenada, La Matanza y San Martín.
Marcela Adriani es presidenta de las Madres de las Torres, una organización que fue creciendo a medida que sus hijos morían de cáncer en la sangre. Aseguran tener estudios que demuestran que el origen de la enfermedad estaba en las montañas de basura de hasta 35 metros que tienen frente a sus casas.
“Esta es sólo la primera etapa, que logramos por la movilización y concientización, pero ahora nos falta que se reconozca el altísimo grado de contaminación, recuperar las tierras, incluidas las que se les regalaron al grupo Techint, y lograr una reserva ecológica”, dijo Adriani.
El hijo de Marcela, Fabricio, tenía 9 años cuando enfermó de leucemia. Estuvo siete meses internado y falleció en noviembre de 1999. Luego llegaron otras nueve muertes y diez vecinos en tratamiento por la misma enfermedad: hasta el momento, un total de veinte casos en un barrio de once mil personas. “De esas toneladas de basura emanan 173 gases diferentes, todos altamente cancerígenos. Ceamse lo admite pero argumenta que son proporciones tolerables. Nosotros no le creemos y pedimos estudios independientes, pero ellos nunca acceden”, remarcó Marcela.
El presidente del Ceamse, Carlos Hurst, desligó responsabilidades sobre las enfermedades, aseguró que el organismo cuenta con periódicos monitoreos sobre contaminación y sostuvo que “hay que recordar que cerca del lugar funciona el polo petroquímico del Dock Sud”.
Los vecinos pidieron tres audiencias con el presidente Néstor Kirchner, y fueron derivados al ministro de Salud, Ginés González García. Aún no fueron recibidos. Además, pidieron la intervención de la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, que nunca accedió a realizar un estudio ambiental con participación de peritos de todas las partes. El actual titular de Medio Ambiente, Atilio Savino, fue durante once años gerente general del Ceamse.
En cuanto al manejo de las tierras, las organizaciones cuestionaron que la empresa Saneamiento y Urbanización SA (Syusa), a cargo del “control” en el procesamiento de la basura, debía obtener un tercio de las tierras utilizadas como rellenos como parte de pago. Denuncian que el convenio fue modificado y la empresa recibió las 230 hectáreas que estaban libres de basura. Hurst reconoció el hecho, señaló que el contrato ya estaba firmado cuando él llegó al organismo y destacó que “está todo dentro del marco de la ley. Es, si se quiere, una objeción que obedece a juicios de valor”.
Norberto Barolo tiene 66 años, todos en Wilde, a siete cuadras del basural. Integra la asamblea del barrio y cuando habla del tema se indigna, recuerda que en ese lugar había un bosque verde donde pasaba las tardes, lamenta que sus nietos “seguirán sufriendo este desastre ambiental creados por políticos y empresarios” y se indigna cuando mira por la ventana: “Desde este lugar antes veía el río, ahora veo un cordillera de basura”.

Informe: Darío Aranda.