Desde hoy, para ingresar materiales de la construcción a las Villas 31 y 31 bis, los habitantes del lugar deberán realizar un trámite en la oficina que la Secretaría de Inclusión Social y Urbana (Secisyu), del Gobierno porteño, tiene en uno de los ingresos. El organismo señaló en un comunicado que el requerimiento, que entre otras cosas debe informar por cuadruplicado fechas de inicio y final de la obra y las tareas a realizar, se debe a un fallo judicial de octubre de 2008. La indicación hace referencia a la resolución con la que la jueza federal Cecilia Gilardi de Negre ordenó, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo nacional arbitrara “los medios necesarios para impedir la persecución de nuevas construcciones en el predio de la villa 31 y 31 bis que no cumplan la normativa vigente relacionada con la urbanización, edificación y habilitación de las mismas”.

El Gobierno de la Ciudad detalló que la aplicación de la resolución dictada hace ocho años por la titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9 como respuesta a una presentación de la administración porteña, buscar “contribuir al ordenamiento del programa urbanizador del barrio 31”.

A partir de hoy, quienes quieran ingresar materiales de construcción a alguna de las dos villas deberán presentarse, entre las 8 y las 13, en la oficina que la Secisyu tiene en avenida Gendarmería Nacional y calle 4. Para tramitar el requerimiento, debe brindar sus datos, domicilio, teléfono y también los del contratista; además, deberá informar fecha de inicio de las tareas, plazo de la obra y final estimado del trabajo; eso deberá estar acompañado por una descripción de lo que se proyecta hacer. La solicitud debe ser presentada por cuadruplicado: una copia para la Secretaría, otra para el transportista, otra para el control y una última que quedará, como constancia del trámite, en poder de quien haga el pedido.

Luego de realizado el trámite, un arquitecto y un trabajador social visitarán la casa en la que se pretende hacer la obra, para “analizar el caso, corroborar la necesidad de obra y realizar el informe de autorización”.

El 21 de octubre de 2008, la jueza Gilardi de Negre concedió al Gobierno porteño la cautelar que había pedido poco después de que el entonces jefe comunal Mauricio Macri advirtiera que en la Villa 31 “en cualquier momento sopla un viento y vamos a tener una desgracia” por la altura alcanzada por las construcciones del lugar. Esos inmuebles, había agregado Macri, “tienen hasta cinco pisos de altura y sin columnas”, y “todos los materiales (para construirlos) salen del gobierno nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social”. Poco después, el Gobierno porteño denunció al Estado nacional por violar, para los habitantes de las Villas 31 y 31 bis, de manera “pertinaz, reiterada y manifiesta” la garantía constitucional del derecho a la vivienda digna, la salud y un ambiente sano. “El objeto final de la demanda es que la Justicia ordene demoler las construcciones que superan los dos pisos, ya que hay informes técnicos que demuestran el riesgo de derrumbe. Pero, además, como medida cautelar solicitamos que se frenaran nuevas construcciones durante el transcurso del juicio. La jueza accedió al pedido”, detalló en octubre de 2008 el entonces procurador general de la ciudad, Pablo Tonelli.

La medida también responsabilizaba al Organismo Nacional Administrador de Bienes del Estado (Onabe).

La resolución de la magistrada aseguró que las construcciones en cuestión “carecen de estructuras acordes con la cantidad de plantas edificadas”, que “la elocuencia de las fotografías y la vista aérea” presentadas permitían afirmar eso y ratificar “el peligro que conlleva este tipo de edificación para la vida y la salud de los habitantes del predio”.