El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció sorpresivamente como candidato a ocupar una vacante de la Suprema Corte provincial a un camarista conocido por fallos misóginos y homofóbicos, y que dejó en libertad al principal imputado por las desapariciones de una adolescente y una joven –ocurridas con un año de diferencia en el departamento de Lavalle– en un fallo que este año el máximo tribunal local revocó por la falta de perspectiva de género. En Mendoza, el rechazo a la candidatura del postulante cuestionado, el juez José Valerio, integrante de la Segunda Cámara del Crimen será uno de los ejes de la convocatoria a las protestas de hoy. Organizaciones sociales y de derechos humanos provinciales lanzaron una campaña para que sea una mujer con perspectiva de género quien ocupe el lugar que dejará vacante el juez Herman Salvini, que renunciará por razones de salud.

Las desapariciones de Soledad Olivera y Johana Chacón son una herida abierta en Mendoza, donde la ausencia de la joven y la niña marcaron un antes y un después. Johana fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012, en la localidad de Tres de Mayo. Tenía 13 años y cursaba 7º grado en la escuela pública Virgen del Rosario. La directora del colegio, Silvia Minoli, fue desde entonces el motor para que nadie olvide en la provincia su nombre, y el de Soledad, de 28 años, la mujer cuyos hijos concurrían a la misma escuela y de quien tampoco se sabía nada, aunque había desaparecido nueve meses antes que Johana.

A lo largo de estos cuatro años, Silvia organizó marchas, pintó murales, y encabezó el reclamo de justicia en ambos casos. Incluso, presentó un proyecto ante la Legislatura –que se aprobó en 2015 y se empezó a implementar este año– para que cada 4 de setiembre, aniversario de la desaparición de Johana, se trabaje en todas las aulas mendocinas, en una jornada de reflexión sobre violencia de género, trata y protección integral a la niñez.

El camarista que el gobernador Cornejo quiere premiar con un ascenso fue uno de los que firmó la sentencia que –en setiembre de 2015– aplicó el beneficio de la duda y absolvió a Mariano Luque, de 34 años, en el juicio por la desaparición de Soledad, a pesar de las pruebas contundentes en su contra. Los jueces de la Sala Penal del máximo tribunal provincial, al que Valerio podría sumarse, consideraron que la sentencia era arbitraria porque no se habían valorado las pruebas del caso desde el paradigma de la violencia de género y porque los fundamentos esgrimidos no tenían sustento probatorio. En agosto Luque volvió a prisión por orden de la Cámara de Apelaciones del Crimen. Todavía no se hizo el juicio por la desaparición de Johana.

Luque vivía con la hermana mayor de Johana, Beatriz, entonces de 17 años, cuando Johana fue vista por última vez, bajando del micro escolar, en la finca rural en la que vivían esa pareja y un matrimonio que tenía a su cargo la crianza de Johana. Después se supo que Soledad había ido a ver a Luque el último día que fue vista con vida, el 18 de noviembre de 2011, y que la joven tenía en su teléfono un centenar de mensajes y llamadas de él. Dos meses después de la absolución de Luque, Beatriz, declaró que ella había visto cómo su pareja mataba a su hermanita y quemaba su cuerpo.

Las organizaciones que lanzaron la campaña contra la candidatura de Valerio sacaron a la luz otros fallos suyos, también atravesados por prejuicios sexistas y homofóbicos. Hace algunos años, el tribunal que integra Valerio absolvió a Diego Arduino, principal sospechoso de matar a Alejo Hunau, hijo de Silvia Ontivero, militante de DDHH y ex presa política. Alejo se había recibido de Comunicador Social apenas unas semanas antes de ser asesinado y era homosexual. Su crimen ocurrió el 22 de noviembre de 2004. El fallo decía textualmente, que el joven practicaba una “desviada sexualidad”, y por eso los jueces determinaron que su conducta era “licenciosa”, por lo que podía terminar asesinado. Arduino fue finalmente condenado en 2008 a 18 años de prisión por el asesinato, con alevosía, de Alejo. La condena fue posible a partir de la lucha por justicia de su madre.

Valerio firmó también el fallo en la causa por el femicidio de Fernanda Toledo, una mujer de 30 años asesinada por su pareja el 21 de julio de 2009 en presencia de dos de sus hijos, de 2 y 3 años. En un juicio abreviado, que duró 15 minutos, el tribunal benefició al único acusado, Gustavo Calderón, con una pena de 10 años de prisión, aunque le hubiera correspondido cadena perpetua. Calderón conservó la patria potestad de sus hijos.