Cuando fue puesto en posesión del cargo, el 28 de diciembre pasado, el entonces flamante director del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, fue presentado pomposamente por las actuales autoridades de la provincia de Buenos Aires como un “emergentólogo” capaz de ponerle fin a “muchos años de desidia, de corrupción y de malas administraciones”. Tan sólo un mes después, el 29 de enero de este año, Página/12 recordó en una nota que el “emergentólogo” había sido denunciado por gravísimos hechos de corrupción y por la muerte de 33 presos en el penal de Magdalena, durante un período anterior –2005/2009– en el que había sido titular del SPB. Casi nueve meses después de publicado ese artículo, el ministro de Justicia provincial, Gustavo Ferrari, le pidió la renuncia a Díaz –y a la cúpula del SPB– porque el jefe anticorrupción ha sido llamado a declarar como imputado, por la Justicia de Salta, en una causa en la que se investigan “irregularidades millonarias en el servicio de catering” del Complejo Penitenciario Federal de esa provincia.

Díaz fue citado a prestar declaración indagatoria por el juez federal de Salta Miguel Antonio Medina, en un expediente donde se señala que las irregularidades administrativas derivaron en “un régimen de hambre para los detenidos”, según la denuncia presentada por los fiscales federal dos de Salta, Eduardo Villalba; su par de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), Miguel Palazzani, y el fiscal ad-hoc coordinador del Área de Corrupción en las Fuerzas de Seguridad, Fernando Vallone.

El anuncio sobre la destitución de Díaz y de toda la cúpula del SPB, fue acompañado por la convocatoria a una conferencia de prensa que realizarán hoy, a las 10, en la Casa de Gobierno, la gobernadora María Eugenia Vidal y el ministro Ferrari. Adelantaron que el reemplazante de Díaz será Juan Baric, actual subsecretario de Política Penitenciaria, y anticiparon que el “nuevo esquema” de conducción del SPB “será cien por ciento civil”.

Conocida la decisión de relevar a Díaz, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) “saludó” la decisión del ministro Ferrari y la calificó de “buena noticia que debe venir acompañada de cambios estructurales para transformar la grave crisis que enfrenta el sistema de encierro bonaerense”. La CPM recordó que el miércoles pasado se reunió con la gobernadora Vidal para entregarle su décimo informe anual El sistema de la crueldad, sobre políticas de encierro y seguridad en la provincia. Allí insistieron en reclamar la renuncia de Díaz en el SPB.

La CPM le recordó a la mandataria provincial que ya en diciembre de 2015, cuando asumió Díaz, había expresado su “preocupación” por sus “antecedentes (...) en su paso previo por el mismo cargo entre los años 2005 y 2009” porque “entre sus responsabilidades figura la de haber estado al frente de la institución cuando ocurrió la masacre de Magdalena en la que fueron asesinados 33 presos”. El pedido de renuncia de Díaz había sido reiterados dos veces más ante Vidal y luego ante el ministro de Justicia.

La denuncia judicial que finalmente puso fin a la jefatura de Díaz en el SPB tiene relación con una causa en su contra en la época en la que se desempeñaba como auditor general del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Está acusado de “administración fraudulenta” en un sistema de viandas para el Complejo Penitenciario Federal de Salta, entre 2012 y 2015. En el mismo expedientes están imputados otros 37 funcionarios del SPF. Ante la contundencia de la acusación contra Díaz, la CPM pidió también a las autoridades bonaerenses la realización de “una auditoría externa para evaluar la compra de alimentos” durante la gestión de Díaz en el SPB desde diciembre pasado.

En Salta se investigan las irregularidades en el suministro de alimentos a los internos del Complejo Penitenciario Federal NOA, en la localidad de General Güemes. Los fiscales le pidieron al juez salteño la indagatoria de los 38 imputados, entre ellos Díaz. Los acusados son miembros jerárquicos del SPF, entre ellos los directores nacionales desde el 2012 a la fecha, las máximas autoridades de administración, contrataciones y auditoría del organismo.

Entre los citados a indagatoria figuran también siete directores de la empresa Servicios Integrales de Alimentación S.A. (SIAL), encargada de abastecer el alimento para las personas detenidas en el Complejo Penitenciario NOA.

En la acusación fiscal se afirma que en ese centro de detención se había establecido “una modalidad ilegal de contratación que favoreció a la empresa y que incluye sobrefacturación y actualización arbitraria de los costos”.

Los fiscales sostuvieron que la deficiente alimentación se tradujo en “un régimen de hambre” que generó “graves padecimientos” a los detenidos por la mala prestación del servicio de catering. Villalba, Palazzani y Vallone consideraron que hay pruebas suficientes para sospechar que los imputados habrían incurrido en la comisión del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de vejaciones”. El análisis de la documentación secuestrada en varios allanamientos llevó a los fiscales a precisar que el servicio se dio en el marco de un régimen “irregular y excepcionalísimo” de contratación pública denominado “legítimo abono”, por el cual se pagó la suma de 42.799.317,87 pesos a la firma proveedora. Ese mecanismo de contratación, que según la parte acusadora viola las normas de contratación pública, se hizo habitual hasta ocupar “el 68 por ciento de lo gastado” para las compras de alimentos facturadas para ese establecimiento durante 2015.

Para los fiscales “está demostrado” que existía “una maniobra para demorar los trámites licitatorios y así dar paso a esa forma paralegal de contratación”, que se habría ejercido de forma encriptada en el interior del SPF, en beneficio de la empresa y tal vez, de los propios imputados.

“Esta situación provocó el direccionamiento de las contrataciones a favor de SIAL S.A. por sumas millonarias y la imposibilidad de activar los mecanismos legales para transparentar los procesos de compra y generación de criterios de eficiencia para obtener un adecuado servicio de alimentación”, detalló la parte acusadora.

El cotejo de las raciones facturadas desde septiembre de 2013 a diciembre de 2015 con la cantidad de población del Complejo Penitenciario, se advirtió que existió sobrefacturación por un monto de 1.957.725,5 pesos en beneficio de SIAL. Además, la empresa “diferenciaba el servicio que le daba a los internos y al personal penitenciario”. En reiteradas ocasiones, a los guardias se les entregaba asado, al punto que se contabilizaron 789 kilogramos, incluyendo chinchulines, chorizo, morcilla y vacío.