Ni el establishment del Poder Judicial, ni los fiscales históricos de Comodoro Py, ni los fiscales federales de juicio oral, ni las organizaciones de un amplio espectro ideológico, ni la socia política del oficialismo Elisa Carrió aceptan el proyecto de reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal que impulsan Cambiemos y el Frente Renovador con el objetivo de desplazar a la titular de la Procuración, Alejandra Gils Carbó. Todos ellos difundieron ayer su rechazo al dictamen votado la semana pasada en un plenario de comisiones: la principal coincidencia es que lo consideran inconstitucional porque, tal como publicó Página12, habilita la intromisión del poder político a través de una Comisión Bicameral, en el diseño de la política criminal, la creación de unidades especializadas de fiscales y la designación de sus titulares así como los de las procuradurías temáticas, cuando la Constitución define al Ministerio Público como órgano independiente y autónomo. Algunos también objetan el plazo de cinco años para el cargo del/la procurador/a, ahora vitalicio. Están los que dicen que si la cuestión es echar a Gils Carbó, le hagan juicio político (para lo cual el Gobierno no tiene los votos).

La primera que salió a plantear ayer la inconstitucionalidad fue Carrió y última hora presentó una “objeción” al dictamen del martes pasado. Ella no pertenece a ninguna de las comisiones que se reunieron (Justicia, Legislación Penal y Presupuesto), por eso su presentación se incluirá en el debate en el recinto. Carrió discrepa con un mandato de cinco años porque considera que su duración debería exceder la de un gobierno. Ese punto es coherente con su oposición en la convención constituyente de 1994, donde se opuso a un dictamen del Frente Grande que proponía el límite de cinco años. La “objeción” presentada dice: “debo advertir al resto del cuerpo de esta Honorable Cámara de Diputados que la reforma propuesta en algunas de sus disposiciones contempla la posibilidad de vulnerar el principio de autonomía funcional que garantiza la Constitución” al Ministerio Público Fiscal. Otro tramo alienta el juicio político a Gils Carbó a quien acusa de haber favorecido al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y de hacer nombramientos irregulares.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios (AMFJN), la entidad tradicional de la corporación judicial, que preside el camarista civil antikirchnerista Ricardo Recondo, emitió un comunicado para dar a conocer su “preocupación ante la posibilidad de que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (…) pueda atentar contra la independencia que garantiza a esa institución” la Constitución Nacional, por lo que “exhorta a los legisladores a que obren con la mayor prudencia a la hora de decidir la participación de la Comisión Bicameral (…) en las decisiones del organismo”. Al final dice que “los fundamentos de la iniciativa parecen reposar básicamente en cuestiones que tienen que ver con la persona de la Sra. Procurador General de la Nación, que deberían ser planteadas en el ámbito del pertinente proceso disciplinario”.

Un dato notable es que en las fiscalías de Comodoro Py hay un ánimo compartido contra la ley de Cambiemos y el massismo. El fiscal federal y electoral Jorge Di Lello entregó a varios diputados un documento suyo, crítico. Según explicó Di Lello a Página/12, el dictamen votado, además de ser inconstitucional, “va en contra de lo que pregonaba el oficialismo cuando era oposición y cuestionaba la ley anterior porque daba poderes omnímodos al procurador y sometía la independencia de los miembros del MPF, su autonomía y su autarquía financiera”. El documento del fiscal señala una paradoja: “El proyecto conserva los aspectos que desnaturalizan la esencia y el sentido del Ministerio Público Fiscal sometiéndolo a la voluntad de los otros dos poderes que se reparten su conducción de manera que todos sus miembros puedan ser perseguidos y extorsionados”.

El fiscal federal Carlos Rívolo señaló a este diario que “por echar a una persona no se puede implosionar una institución constitucional. Aunque no comparta la gestión de Gils Carbó, no puede retrocederse con los preceptos que establecieron los constituyentes del 94”. Otro fiscal, Federico Delgado, reflexionó: “el proyecto se inscribe en esta lógica que condensa el drama ontológico del estado argentino: es capturado tras cada período electoral por intereses particulares y, en consecuencia, se resiente la calidad de nuestras instituciones”. También enviaron un oficio a ambas Cámaras del Congreso los siete fiscales federales de juicio. “Resulta un imperativo a inherente a nuestra función velar por que no se vean menoscabados” la “independencia orgánica y la autonomía funcional” que explican que les permite ejercer su función.

El fin de semana el oficialismo deslizó ante las primeras críticas su voluntad de hacer modificaciones, como quitar una exigencia de antigüedad de cinco años como fiscal para encabezar una procuraduría, o mantener las unidades que investigan AMIA y la de violencia contra las mujeres. También admitía revisar la obligación de retornar en 48 horas a su lugar de origen a fiscales trasladados. Pero nada dijo sobre las funciones otorgadas a la bicameral ni del mandato de cinco años, que forman el eje central del proyecto.

Una coalición de ONG también postuló sus reproches. Su documento cuestiona: las “funciones inconstitucionales de la comisión bicameral” al recibir “funciones de gestión y cogobierno” del MPF; si bien acuerda con un mandato limitado para el procurador, cinco años le parece poco para desarrollar políticas; la exigencia de cinco años de antigüedad es señalada como el modo de desplazar a los actuales titulares de procuradurías y unidades; la facultad del procurador de reasignar causas podría habilitar “su manipulación” y alerta sobre la injerencia del Poder Ejecutivo en los concursos de fiscales. Firman el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación Pensamiento Penal (APP), Poder Ciudadano y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).

La propia Gils Carbó dijo que la reforma en danza “sería claramente inconstitucional” al facilitar la injerencia de otros poderes. “Estaría dada porque 16 legisladores tendrían la facultad de designar fiscales, titulares de procuradurías, unidades especializadas, traslados y hasta aprobar o rechazar instrucciones generales”.