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Carlos Juárez se enfrenta ahora a una vieja deuda pendiente: la causa de los desaparecidos santiagueños. El ex jefe del aparato de represión de su gobierno, Musa Azar, lo vinculó ante la Justicia con la desaparición de un concejal peronista durante 1975. Musa Azar imputó además a otro de los hombres del antiguo gobierno de Juárez que ayer se trasformó en el personaje del día: el ex ministro de Gobierno Robin Zaiek. En diálogo con Página/12, este ex funcionario deslindó sus responsabilidades en la desaparición del concejal, pero aseguró que “existía connivencia entre Juárez y el Ejército” y además que “muchas cosas se hacían por encima o por atrás mío”. Estos dichos, los de Musa Azar y un fallo de la Cámara del Crimen de Santiago del año 1988 podrían transformarse en elementos de prueba contra Juárez en la causa abierta por los desaparecidos. Las fuentes judiciales consultadas por este diario aseguraron que se analiza una imputación contra el caudillo, pieza estructural del resquebrajado poder de Santiago.
Los Juárez están cada vez más acorralados. Desde hace poco más de dos semanas, el matrimonio que está en el poder desde hace 50 años se despierta con nuevas denuncias judiciales, cada vez más y más explosivas.
Esta vez, el nombre del caudillo Carlos Juárez comienza a aparecer con más claridad en la causa abierta en el juzgado federal por su presunta responsabilidad en los casos de cinco santiagueños desaparecidos antes de la dictadura militar.
La primera piedra contra Carlos Juárez fue lanzada el miércoles pasado por uno de sus viejos alfiles políticos: el archidenunciado ex comisario Musa Azar. Durante una entrevista se refirió a uno de los casos denunciados desde hace años por la Asociación de Familiares y Víctimas de la dictadura: el caso del concejal Emilio Abdala, detenido en 1975.
En público, frente a la prensa, Musa Azar había precisado a quién, en qué circunstancias y de qué modo detuvo al concejal de la ciudad de Clorinda, dirigente en aquella época de la JP. Ayer volvió a detallar los datos en la sede de Gendarmería donde está detenido. El juez Angel de Jesús Toledo y la fiscal Cecilia Indiana Garzón lo indagaron durante cuatro horas por dos casos: el del concejal y el caso Carrizo, una empleada doméstica desaparecida después de marzo del ‘76. Una causa que en este momento está prácticamente cerrada y en la que la fiscalía imputa a una cadena de mandos que alcanza a los represores Antonio Bussi y Benjamín Menéndez.
¿Qué dijo Musa Azar? No habló directamente de Juárez. Pero lo comprometió lo suficiente. Una fuente consultada por este diario mencionó los detalles que ahora abren el camino de la investigación “para analizar una imputación”.
Según esa fuente, los datos centrales que alimentan esa hipótesis aparecieron en la primera media hora, el tiempo de la indagatoria dedicado al concejal. Musa Azar admitió que fue a buscarlo porque “me hizo llamar el ministro de Gobierno, Antonio Robin Zaiek”. Y especuló con un poco más de soltura: “Si me llaman de la Casa de Gobierno y me ordenan que lo lleve a Abdala, esto tiene que estar en conocimiento del gobernador”. Para la fuente en cuestión, “Musa Azar infirió de ese modo que un ministro no puede actuar sin la aprobación de un superior”.
Pero eso no fue todo. Tal como lo sostuvo Musa Azar en la indagatoria, al concejal se lo llevó desde la Casa de Gobierno. A pedido del ex ministro, lo llevó a la División de Informaciones para registrarlo. Desde allí lo llevó a la sede del Batallón 141 dependiente del Ejército, desde donde había emanado la orden de detención. Al día siguiente, Abdala desapareció. Sus familiares supieron a través del coronel Correa Aldana, a cargo del regimiento, que se había fugado. Después Abdala no apareció más. Musa Azar le dijo al juez que en ese contexto “se lanzó una orden de captura nacional e internacional para encontrarlo”. Y agregó un detalle insólito: que la captura “fue una orden directa de Juárez”.
Para entender el compromiso del gobierno de Santiago en este caso, ayer tomó la palabra el ex ministro imputado por Musa Azar. Robin Zaiek es uno de los viejos dirigentes del peronismo santiagueño. Fue ministro de Carlos Juárez previamente a la dictadura y más tarde uno de sus perseguidos políticos, como se define. Quedó detenido después del golpe. Con la reapertura democrática, le disputó la provincia a Juárez, pero perdió. Ese enfrentamiento político se tradujo en un conflicto judicial: un fiscal de la provincia abrió de oficio una causa para imputarlo por la desaparición de Abdala. Amenazado por un pedido de captura, Zaiek permaneció fuera de Santiago del Estero durante tres años. Recién en 1988, cuando el juarismo estaba fuera del juego político, consiguió un fallo de la Cámara con su sobreseimiento.
Su relato, y su defensa, planta a Juárez en medio de la desaparición de Abdala. “La casa del concejal había sido allanada poco antes de la desaparición”, dice ahora. En ese momento, Abdala no estaba. Quienes la allanaron, les anunciaron a sus familiares que existía una orden de citación del Ejército contra el concejal. Desesperada, su familia comenzó una peregrinación a Casa de Gobierno. Le pidieron una audiencia a Juárez para pedirle ayuda. En ese encuentro, el entonces jefe de gobierno les dio las garantías suficientes como para que el mismo Abdala se presentara en la Casa de Gobierno para resolver el problema.
Y dice Zaiek: “El día de la audiencia, Juárez no pudo atenderlo por un viaje a Capital; me llamó a mí y al jefe de informaciones Musa Azar para atenderlo”. El diálogo en el despacho del ministro fue el siguiente, según Zaiek:
–¿Qué hago? –le dijo Abdala–. Me cita el Ejército. ¿Qué hago con eso?
–Mirá, bueno, no sé –respondió el ex ministro–, mantenete prófugo, presentate en el juzgado federal...
El concejal estaba con su mujer y otro amigo de apellido Jaime. Después decidió presentarse en el Ejército: “Me dijo que se iba a presentar, pero me pidió que dejáramos constancia porque estaba seguro de que iba a desaparecer”.
Lo que siguió es idéntico al relato contado por Musa Azar. Zaiek abrió la puerta. “Me encontré con Musa ahí”, dijo y le indicó que lo registrara para garantizar su vida. Al día siguiente, los familiares le avisaron de la supuesta fuga.
En la sede del regimiento, Zaiek le pidió explicaciones al coronel Aldana. “Este muchacho es un buen muchacho, de la JP.” El coronel le respondió con una frase que ahora Zaiek repetirá ante la Justicia: “Esa no es la opinión de su gobernador”.
Con estos elementos, Zaiek consiguió en diciembre de 1988 un fallo de la Cámara con su sobreseimiento. El tribunal indicó: “No queda duda entonces de que Zaiek tomó intervención en los problemas suscitados al concejal Abdala por requerimiento de Jaime (un amigo) y por disposición del gobernador”.
De acuerdo con la información de este diario, la Justicia tomará en cuenta este fallo como elemento de análisis de su situación y en la del propio Juárez. A esta altura de la investigación, la fiscalía intenta encontrar las verdaderas intenciones del ex gobernador en este asunto: “Si hubieran existido intenciones de salvarlo –confió una fuente de la causa–, Abdala no hubiera sido detenido y desaparecido”.