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Eran las nueve de la mañana. Afuera, lejos del salón de Arturo Illia del Senado, en los puntos previamente establecidos comenzaban a formarse los piquetes que interrumpirían los ingresos a Buenos Aires. Adentro, los líderes piqueteros saludaron a los senadores de la Comisión de Trabajo, a quienes los líderes de los desocupados entregaron su proyecto que plantea la nulidad de la ley de los sobornos. Intercambiaron opiniones en un tono cordial. El radical Carlos Prades, presidente de la comisión, se animó a pedirles mesura y respeto durante las horas que iban a durar los cortes. Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), acarició su larga barba y sorprendió al legislador santacruceño al invitarlo a participar del corte en el Puente Pueyrredón. Prades atinó sólo a pestañear.
Los representantes de las organizaciones piqueteras –Castells, Néstor Pitrola del Polo Obrero, Gustavo Giménez (Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive), Oscar Cuperman (Coordinadora Unidad Barrial), Alberto Ibarra (Movimiento Testimonial de Liberación), Antonio Bitto (Teresa Vive) y Santiago Gima (FUBA)– ingresaron al salón en silencio y con una copia del proyecto en sus manos. Prades, quien hizo las veces de anfitrión, estuvo acompañado de los senadores justicialistas Mabel Caparrós y Raúl Ochoa, y Nancy Avelín, de Cruzada Renovadora de San Juan. Así, la comisión funcionó sin quórum, lo que demostró el poco interés y, sobre todo, el destino que tendrá la iniciativa de los desocupados.
El clima de la reunión fue cordial, sin embargo ello no evitó que los desocupados lanzaran críticas al proyecto oficial, pero también al Gobierno y, sobre todo, el Senado: “Yo ni la gente pobre veía con buenos ojos estas instituciones ni a sus integrantes, que siempre han estado al servicio de los ricos y empobreciendo al país”, lanzó Castells. El jefe del MIJD aseguró que el proyecto que remitió el Gobierno “es una ley con maquillaje, una ley negrera, explotadora y esclavista”. Para más datos, Castells dijo que la prueba de ello es la defensa que hace de ella el secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, “que no representa a nadie”.
A su turno, Pitrola remarcó que la exigencia del sector duro de los piqueteros es “la anulación de la ley Banelco y que no se reemplace con un simple maquillaje, porque así seguirán en vigencia los 500 convenios en el cual se establecieron normas flexibles”. Antes de que algún senador le respondiera, la cara visible del Polo Obrero solicitó que se tenga en cuenta su propuesta alternativa que tiene por objeto “recuperar el salario mínimo equivalente a la canasta familiar, una jornada de 6 horas y la anulación de las AFJP y las ART”.
El proyecto que presentaron los líderes piqueteros prohíbe taxativamente y por ley los despidos, reduce la jornada laboral a 6 horas por tres años para recuperar el empleo, establece un salario mínimo equivalente a la canasta básica y declara la nulidad absoluta de la reforma laboral cuestionada por las sospechas de sobornos.
“Lo más importante que tiene la democracia es el respeto a la pluralidad”, sostuvo Prades a manera de respuesta a las expresiones de los piqueteros, e indicó que el reclamo del sector en cierta medida “es coincidente con lo expresado por otros sectores que han venido”.
Más allá de las palabras del radical santacruceño, la iniciativa de las organizaciones de desocupados no tiene prácticamente posibilidades de que prospere. El justicialismo sólo debatirá el proyecto que remitió el Ejecutivo y el radicalismo, a pesar de lo que expresan algunos de sus integrantes, acompañará la iniciativa oficial casi sin chistar. “No hay tiempo para estudiar el proyecto piquetero. Pero, además, la anulación de la norma provocaría un vacío legal”, se justificó uno de los integrantes del bloque de la UCR. Cuando todo terminó, los saludos volvieron a ser cordiales. Los senadores tomaron un café a la espera del encuentro con los representantes de la Confederación Económica, y los piqueteros partieron hacia los cortes.