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Casi nadie que lo haya visto ayer sentado a la mesa del bar de Aeroparque, en el que concedió un reportaje a Página/12, debe haber imaginado que se trataba de un militar retirado porque tiene más bien el aspecto de profesor de educación especial que es hoy. Pero antes de adoptar esa profesión y de empezar a estudiar Ciencias de la Educación, José Almada era sargento del Ejército y como tal participó en la recuperación del cuartel de La Tablada. Allí, asegura haber sido testigo de graves violaciones a los derechos humanos que acaba de denunciar en la Justicia. Almada explicó que lo hizo ahora, quince años después de la toma del cuartel por parte de miembros del Movimiento Todos por la Patria, porque en todo este tiempo planteó el tema a sus superiores y no sólo no obtuvo respuestas, sino que además sufrió una persecución que incluyó su pase a retiro. “Mi verdad es irrefutable”, sostiene, y advierte que la conducción del Ejército debe admitir lo que ocurrió “por el bien de la institución”.
–¿Qué fue lo que pasó en La Tablada?
–En primera instancia, denuncié haber observado a dos personas que fueron rescatadas de la guardia cuando comenzó a incendiarse. Estas personas fueron entregadas al personal responsable y trasladadas al fondo del cuartel. Ahí comenzaron a ser interrogadas y a sufrir una sesión de torturas. Estas personas no representaban una amenaza, ya estaban doblegadas.
–¿Esas personas eran Iván Ruiz y José Díaz?
–Exactamente. Uno de ellos decía soy “Iván”, y el otro, “soy José”; eso lo recuerdo perfectamente.
–¿Quiénes eran los responsables a los que se refiere y qué le respondieron?
–No los conocía porque era personal vestido con ropa de diario y no eran orgánicos de nuestra brigada, pero eran dos oficiales superiores, un mayor y un teniente coronel, y presumo que de Inteligencia. No los reconocí entonces, pero sí a uno de ellos por una presentación que se hizo en un canal de televisión de que podía ser el jefe de seguridad del banco HSBC durante los hechos del 20 de diciembre.
–¿Quién, Jorge Varando?
–Sí, ésa era una de las personas que los interrogaba.
–¿Qué otra irregularidad vio durante la recuperación del cuartel?
–Cuando miro el informe de la OEA, encuentro que Varando y el general Arrillaga, que era la máxima autoridad militar, manifiestan que estas personas fueron subidas a una ambulancia y que quedaron en custodia del suboficial Esquivel. El sargento ayudante Esquivel fue a recuperar a su hermano que estaba prisionero. Esquivel estaba conmigo; en un momento que ve salir a su hermano, sale corriendo para recuperarlo y recibe un impacto y se nos muere ahí a nosotros. Es decir, cargan la responsabilidad sobre estas personas para aliviar lo que ellos hicieron. Es gravísimo cómo lastiman la honorabilidad de un hombre que murió combatiendo en defensa de las instituciones. También escuché por radio el diálogo que denuncié, en el que se ordenó poner fuera de combate a dos personas que habían sido capturadas. Y vi a una chica, que después me enteré que se llamaba Claudia Deleis, que levantaba los brazos en una clara señal de rendición y contra la que abrieron fuego.
–Todo eso ocurrió en 1989. ¿Qué pasó desde entonces?
–La primera vez que di la novedad de todo esto fue el 9 de julio de 1989. Ese día desfilé con el presidente (Carlos) Menem y había organizaciones de derechos humanos que pedían aparición con vida de estas personas. Entonces me dirigí a un alto jefe militar que estaba en el lugar.
–¿A quién se lo dijo?
–Al general (Martín) Balza, que era el jefe de tropa ese día. Pero en la confusión que había ese día, presumo que no se dio cuenta de lo que le quise decir por la forma en que se ha manejado con respecto al tema de los crímenes de lesa humanidad. Después le di la novedad al jefe máximo del Ejército, que era el general Bonifacio Cáceres, y le dije que tenía miedo de lo que podía ocurrir porque en el lugar en el que vivía cerca de La Plata me cargaban y me decían “ustedes los militares hicieron desaparecer chicos” y yo decía “la pucha, en qué estamos”. Lo que me dijo fue que el tema estaba en manos de la Justicia pero que lo iba a tratar. Eso fue en octubre del ‘89, y cuando se retiró el general Cáceres me llamó a su carpa el segundo comandante, que era el coronel Gasquet, y me reprimió violentamente. Me dijo que me iba a poner 45 días de arresto. Esa sanción nunca se me aplicó, pero sí me pusieron dos días de arresto por tener barba y llamativamente me dieron el pase a Paraná. Después me fui a Croacia, pero esto siempre me daba vueltas en la cabeza porque en la televisión española veía imágenes de estas personas caminando.
–¿Por qué no recurrió entonces a la Justicia?
–Porque usted debe comprender, señor, que no puedo pasar por sobre mis superiores; el Ejército es una institución jerárquica en la que debo respetar lo que dicen mis superiores. Mi función es la que dice el artículo 194 del Código de Justicia Militar, que establece que todo personal militar que conozca de un hecho en el que se viola la ley debe presentarse a sus superiores; el superior ya sabe lo que debe hacer y entonces no puedo hacer otra cosa. Al encontrar silencio, esto que parece una complicidad encubierta, uno también tiene un poco de temor. Ahora ya para el ‘95 recuerdo que hice en el cuartel una manifestación muy fuerte con respecto a lo que había pasado en Río Tercero y dije que era una cosa armada que lastimaba las instituciones. Entonces me empezaron a dar conceptos de que no acompañaba el criterio político de la fuerza. En el ‘97 una voluntaria me da la novedad de que está embarazada y el jefe de la unidad la intima y le dice que para “poder mantener su puesto de trabajo, usted ya sabe lo que debe hacer”. Esta chica se negó, y la obligó a pedir la baja. Esta chica fue abandonada por el Ejército y eso lastimó profundamente su conciencia, teniendo presente que a mí se me viene a la mente el recuerdo de las chicas que estaban prisioneras en La Tablada.
–¿Volvió a hablar del tema con Balza después de aquel desfile?
–No, tuve la intención de hablar con él y cuando fue a visitar un día la ciudad de Paraná pedí autorización para hablar con él, pero llamativamente me pusieron de guardia y no pude.
–En la denuncia que hizo ante la Justicia, usted aseguró haberle informado del tema al también ex jefe del Ejército Ricardo Brinzoni.
–Sí, envié dos expedientes en los que dejé establecidas cuáles fueron las violaciones que se cometieron.
–¿Qué le respondieron?
–Que los hechos por mí denunciados no serían materia de investigación. A esa altura ya me habían creado una falsa acusación, estuve privado ilegítimamente de mi libertad durante casi 24 horas dentro de un cuartel, tuve 30 días de arresto, fui confinado a la ciudad de Crespo y finalmente me pasaron a retiro. Después, estando retirado, recibí varias intimaciones por desobediencia y hasta el día de hoy sigue la persecución: en este momento el Ejército tiene un juicio contra mí para desalojarme; no reconocen que el Estado me llevó a Paraná y que me abandonaron a mí y a mi familia. Yo estoy aislado con mis hijas porque todo esto me costó la separación y un montón de cosas.
–¿Por qué ahora se decidió a hacer pública su denuncia?
–No es ahora. Cuando Brinzoni me da su respuesta, me presenté al juez federal de Paraná Juan Adolfo Godoy y le hice la denuncia, pero no me llamó. Entonces, lo comenté en la Universidad de Paraná, se hace eco un periodista y me lleva a un canal de televisión el 10 de julio del año pasado, pero se produce toda una censura y no se difunde. En ese momento me enteré de que el Comando de Brigada le ordena al servicio de Inteligencia la grabación del programa. Nunca jamás imaginé tener miedo amis superiores por decir una verdad, pero estaba asustado y empecé a manejarme por Internet y me comuniqué con organizaciones de derechos humanos y la OEA, y es así que una organización toma contacto conmigo.
–¿Qué organización?
–No sé cómo se llama. A mí me contactó el doctor (Carlos) Orzoacoa.
–¿Cómo llegó a reunirse con Enrique Gorriarán Merlo?
–Ellos me dijeron si accedería a tener un encuentro con él y dije que sí, porque eran otras épocas. Antes de la conferencia tuve una reunión con Gorriarán Merlo y le dije que si estaba dispuesto a pelear por un país plural y democrático, estaba de acuerdo en estar con él. Consideré que más allá de las diferencias, no tenía por qué tener prejuicios.
–¿Qué espera que ocurra a partir de su denuncia?
–Que la fuerza diga la verdad y que se cierren las cicatrices. Vine a decirles la verdad a las familias que perdieron sus chicos y que están desaparecidos para que encuentren una cristiana resignación.
–¿Qué supone que va a hacer el Ejército?
–Tiene la obligación de aplicarme una sanción y la quiero cumplir; me corresponde como soldado y la voy a afrontar como un hombre de bien.
–Me refería al tema de fondo, a lo que ocurrió en La Tablada.
–Creo que las autoridades van a tener una actitud de honestidad intelectual. Si yo dije la verdad, deben tener conmigo un gesto de honestidad por el bien de la institución. Mi verdad es irrefutable.