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Con una agresiva cruzada orquestada por la Iglesia Católica como telón de fondo, el Senado uruguayo debatirá hoy un proyecto de ley (que ya tiene media sanción de Diputados) que consagra el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y despenaliza el aborto hasta la semana 12ª de gestación. En una virulenta cruzada en contra del proyecto, que se profundizó durante la Semana Santa, el arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, llegó a comparar el aborto con los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001 a la Torres Gemelas y del 11 de marzo en Madrid. Paralelamente, las denominadas entidades Pro Vida denostaron a través de volantes y correos electrónicos a los legisladores que apoyan la iniciativa y los amenazaron con impulsar campañas para que no sean votados en las elecciones legislativas previstas para este año. La sanción de la ley sería histórica: convertiría a Uruguay en el primer país de Sudamérica con una amplia normativa que autoriza la interrupción del embarazo.
El proyecto divide a la sociedad. Según una encuesta de opinión, siete de cada diez uruguayos estarían a favor de la iniciativa. Sin embargo, “el debate quedó enturbiado por la ofensiva de la jerarquía católica”, describió a Página/12 el senador Pablo Millor, del oficialista Partido Colorado, quien votará en contra. La presión eclesiástica sorprendió, sobre todo, porque se trata de un país en el que la Iglesia está separada del Estado y el catolicismo tiene poco arraigo. “La campaña de la Iglesia Católica ha sido horrible. El debate ha quedado enturbiado por su ofensiva. Los senadores que apoyan el proyecto tienen argumentos muy respetables. No merecen una campaña tan estigmatizante”, objetó Millor.
Anoche, organizaciones de mujeres realizaron una marcha de apoyo a la iniciativa y hoy se espera que se produzcan manifestaciones a favor y en contra alrededor del Parlamento. Al parecer, en el Senado no habría los votos suficientes para aprobar el proyecto: 14 a favor (13 del Encuentro Progresista-Frente Amplio y uno del oficialismo), frente a 17 en contra (10 de la bancada del Partido Colorado y los siete del bloque Partido Nacional). La votación está signada, además, por el año electoral. Los principales líderes políticos del país –incluidos el presidente Jorge Batlle; los precandidatos nacionalistas, el ex presidente Luis Lacalle y el senador Jorge Larrañaga, así como Tabaré Vázquez, de la izquierda– se pronunciaron contra de la iniciativa. Batlle, incluso, se comprometió ante el Vaticano a vetarla en caso de que sea sancionada.
El proyecto recibió media sanción el 10 de diciembre de 2002, con una ajustada votación (47 a 40). Tuvo apoyo de legisladores de todos los partidos, con excepción de los del Partido Blanco. Además de autorizar el aborto hasta la semana 12ª de gestación, permite la interrupción del embarazo cuando implique “un grave riesgo para la salud de la mujer o se verifique un proceso patológico, que provoque malformaciones congénitas incompatibles con la vida extrauterina”. A la vez, obliga al Estado a entregar gratuitamente anticonceptivos y a brindar educación sexual en las escuelas (ver aparte). De hecho, el proyecto avanzó con el siguiente lema: “Educación para prevenir, anticonceptivos para no abortar, legalizar para no morir”. El eje no estuvo puesto en la despenalización del aborto sino en la importancia de los derechos sexuales y reproductivos.
Uno de los apoyos fundamentales que recibió fue el de la corporación médica, especialmente de los profesionales del Hospital Materno Infantil de Referencia Pereira Rossell, de Montevideo. Originalmente, el proyecto fue una iniciativa conjunta, avalada y consensuada entre diputadas de distintas bancadas y el movimiento de mujeres. “El aborto es un problema de salud pública de primer orden. La mortalidad por abortos inseguros es la principal causa de muerte materna en Uruguay. Son muertes evitables. Las que mueren son las mujeres pobres. Quien puede pagar entre 600 y 800 dólares puede acceder a un aborto con garantías sanitarias, pero rodeado de un clima de clandestinidad. La ley que rige actualmente es ineficaz y lo único que ha logrado son muertes y lesiones en las mujeres. Por eso es tan importante esta ley”, explicó a Página/12 la senadora Mónica Xavier del Encuentro Progresista-Frente Amplio, que tendrá a su cargo hoy la defensa del proyecto en el recinto. Un estudio de la Universidad de la Paz, de la Unesco, estimó que se realizan 35.000 abortos ilegales por año en Uruguay, contra 55.000 nacimientos, lo que significa que cuatro de cada 10 embarazos se interrumpen.
El Código Penal sancionado en 1934 no penalizaba el aborto, pero el hecho fue convertido en un delito a partir de una reforma de 1938. La legislación vigente prohíbe y penaliza el aborto en Uruguay, salvo en cuatro casos excepcionales: para salvar el honor (no se detalla en qué situaciones); frente a una violación; para salvar la vida de la madre, y frente a situaciones de angustia económica.