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Las autoridades y consejeros superiores de la UBA no pudieron acordar una salida para la interminable crisis de la Facultad de Ingeniería (UBA), que ya se trasladó a la cúpula de la universidad. Ayer, la Comisión de Interpretación y Reglamento del Consejo Superior debatió qué hacer ante la remoción del ex decano Bruno Cernuschi Frías, la primera ocurrida en la historia de la UBA. Hubo tres posturas: una fue aceptar el recurso de Cernuschi para que se anule su destitución; otra fue denegar esa solicitud; y la tercera fue en el mismo sentido que la primera pero añadió la posible intervención de la facultad para lograr su “regularización institucional”. Al no haber acuerdo, se postergó la decisión. En tanto, el decanato de Ingeniería sigue tomado por los estudiantes, que no descartan extender la medida a otras unidades académicas. Mañana habrá una concentración en Ciudad Universitaria.
Como publicó este diario el viernes pasado, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la universidad consideró nula la destitución de Cernuschi por existir “cosa juzgada”: el consejo directivo de Ingeniería había tratado su remoción en octubre pasado y no la había aprobado al carecer de los 11 votos sobre 16 necesarios (faltó sólo 1). Este dictamen fue uno de los que se analizaron ayer en comisión.
Una postura contraria se expresó en un dictamen elaborado por el decano de la Facultad de Derecho, Atilio Alterini. Según esta propuesta, en octubre de 2003 los cargos formulados contra el decano no fueron rechazados por el consejo directivo, sino que simplemente no se alcanzó la mayoría especial requerida para aprobar la remoción del funcionario. Así, “no puede haber cosa juzgada administrativa al respecto y en todo caso los cargos han quedado intactos”. Además de señalar que el gobierno de la facultad tiene la potestad de revisar sus actos, este dictamen acepta que de las imputaciones presentadas contra Cernuschi se desprende la existencia de “actitudes reiteradas del decano que no han facilitado el ordenado gobierno de la facultad”.
Frente a esas dos posturas ayer se ubicó otra, elaborada a pedido del rector de la UBA. Para sumar elementos de juicio antes de resolver una “cuestión que tendrá graves implicancias para la vida de la universidad”, Guillermo Jaim Etcheverry decidió pedirle opinión al doctor Agustín Gordillo, especialista en derecho público. Gordillo concuerda en que existió “cosa juzgada” e indica que “no parece imaginable, al menos en el derecho argentino vigente, sino la revocación del acto sancionatorio y la restitución al cargo de quien fuera indebidamente separado de sus funciones”. Concluye: “Si (la universidad) no revoca el acto de destitución, la Justicia lo hará. Si revoca el acto y con ello no consigue la regularización institucional de la facultad, no le queda sino el camino de la intervención”.
La diversidad de los planteos hizo fracasar la reunión de la Comisión de Interpretación y Reglamento, en la que tienen representación profesores, decanos, alumnos y graduados. “Es un tema muy delicado. Se está analizando la intervención de una facultad, algo que no pasó nunca en democracia. Necesitamos tiempo para seguir discutiendo”, comentó un preocupado consejero. “Hace falta más tiempo para seguir discutiendo, no estoy en condiciones de dar una opinión”, se excusó el decano de Agronomía, Fernando Vilella, al término de la reunión. En el mismo contexto, el decano de Económicas, Carlos Degrossi, estimó que “las tres alternativas son complejas. Anular la remoción generaría un nuevo conflicto dentro de la facultad. Aceptar lo que ya pasó parece lo menos malo, pero existen otras opiniones jurídicas. Y la intervención parece la peor solución”.
Mientras las autoridades debatían, ayer continuaba la toma del decanato de Ingeniería, que lleva 13 días. El centro de estudiantes, encabezado por La Corriente (CEPA), apoya al ex decano y resiste al nuevo, Carlos Rosito. También reclama la democratización del gobierno universitario. Para sostener esos reclamos, los centros de estudiantes de siete facultades, e incluso gremiales docentes de la AGD, convocaron a manifestarse mañana, cuando se realizará una sesión ordinaria del Consejo Superior, en la Facultad de Ciencias Exactas, en Ciudad Universitaria. Los estudiantes y la federación que los nuclea (FUBA) amenazan con prolongar la toma o extenderla a otras sedes si no se atienden sus reclamos, agitando el recuerdo de aquella ocupación del Rectorado por más de 40 días.