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Pasaron años y años, parecía que el momento nunca iba a llegar, pero llegó. María Julia Alsogaray tendrá que sentarse hoy ante el Tribunal Oral Federal 4 para rendir cuentas ante la sociedad acerca de cómo se hizo rica durante los años en que fue funcionaria. Semejante exposición en un juicio público por enriquecimiento ilícito no le había tocado aún a ningún integrante de la vieja plana mayor menemista. Ella tendrá que explicar cómo logró aumentar su patrimonio en 2,5 millones de dólares. Aunque tiene cerca de treinta causas en trámite su contra, recién ahora podría recibir la primera condena.
En la audiencia de hoy, martes 13, la ex secretaria de Recursos Naturales tendrá que escuchar la lectura íntegra de la acusación formulada por los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, que son los que llevaron adelante la investigación sobre el aumento de su fortuna. Al juicio oral que comienza, Alsogaray llega procesada por el juez Juan José Galeano por haberse enriquecido aprovechando los cargos públicos que ocupó entre 1985 y 1998 y por haber falsificado documentos para aparentar que su dinero tenía origen legítimo.
El delito de enriquecimiento ilícito tiene penas de dos a seis años de prisión y la sentencia puede derivar en el remate de los bienes de la ingeniera, sobre los que ya tiene un embargo de 3 millones de pesos trabado durante la instrucción de la causa. También podrían multarla para que indemnice al Estado. María Julia pediría, al comenzar la jornada, que se declare la inconstitucionalidad del proceso de inversión de carga de la prueba propio de esa figura penal: es el funcionario cuestionado quien debe demostrar su inocencia y no la Justicia, como en los demás delitos, la que debe probar su culpabilidad.
El tribunal 4 –que integran Horacio Vaccare, María San Martino y Leopoldo Bruglia– podrá resolver los planteos de excepción en el momento o, si prefiere, más adelante. Después de la enumeración de los cargos contra Mary July, está prevista su indagatoria. Pero ella puede decir que todavía no quiere hablar y pedir postergación de las preguntas. Todo hace pensar que es eso lo que ocurrirá, según lo que viene conversando con su abogada. María Julia no paga letrados en forma privada (con los últimos que tuvo terminó peleada y endeudada), sino que la representa una defensora oficial, Pamela Bisserier. Es una defensora de pobres y ausentes, como se llamaba hace unos años a quienes ejercen esa función.
La ex funcionaria será trasladada a los tribunales de Retiro desde la Unidad de Delitos Complejos de la Policía Federal, en Palermo. Allí está presa desde agosto del año pasado, cuando fue procesada en otro expediente por irregularidades y pago de sobreprecios millonarios en la remodelación de la Secretaría de Recursos Naturales. Pero el motivo con que la Cámara Federal sostuvo encarcelamiento es la peligrosidad de fuga ante la gran cantidad de procesos judiciales que arrastra.
Está previsto que durante el juicio oral declaren 46 testigos. La lista, que igual podría achicarse, incluye al ex secretario presidencial Eduardo Bauzá, al ex titular de la DGI Ricardo Cossio, al ex marido de María Julia, Francisco Erize, y al ex ministro bonaerense Juan Pablo Cafiero. Habría también una ronda estelar de peluqueros: está citado el que atendía a Carlos Menem, Enrique Kaplan, que trabajó con Alsogaray (y fue procesado con ella), y el propio estilista personal de la ex funcionaria, Diego Impagliazzo, que tenía una extensión de su tarjeta de crédito.
La causa por enriquecimiento ilícito empezó en 1993, pero recién tuvo el impulso de la fiscalía cinco años más tarde. La primera denuncia, que hizo un radical llamado Roberto Bases, le adjudicaba a María Julia gastos desproporcionados para lo que ganaba (entre 3000 y 5000 pesos/dólares según el cargo), empezando por la compra de su petit hotel en Recoleta, valuado en cerca de un millón de dólares, pero por el que dijo haber pagado 250 mil. La pesquisa de los fiscales mostró que mientras a fines de los ochenta declaraba 10 mil pesos, a fines de los noventa su patrimoniotrepaba a 2,5 millones. Es la cifra que pudieron probar, pero puede haber sido mayor.
Así, pasó de tener un departamento sencillo, una cochera y dos autos, a adquirir varios inmuebles y vehículos costosos, una bóveda en el cementerio de la Recoleta, bienes del hogar por 200 mil pesos y hasta un departamento doble frente al Central Park de Nueva York valuado en medio millón de dólares, entre otras cosas. Sus pagos con tarjeta de crédito llegaron, según la pesquisa, a 228.539 pesos en 1998. Y se registraron depósitos muy superiores a sus ingresos. Por ejemplo, en 1996 puso en el banco 445.100 pesos/dólares, mientras que sus ingresos habían sido de 253.153.
En los largos años que el expediente estuvo en el juzgado de Galeano, la ex interventora tuvo la oportunidad de justificar cómo hizo para multiplicar sus bienes. Pero no sólo no lo logró, sino que complicó mucho más su propio escenario al usar argumentos que la Justicia consideró forzados y poco creíbles. Los puntos más controvertidos son:
- Alsogaray dijo que recibió honorarios por 500 mil pesos por asesorar a Astilleros Alianza, del fallecido menemista Arnaldo Martinenghi. Pero los fiscales determinaron que el contrato presentado era falso, que el pago no existió y que fue una maniobra para justificar el incremento patrimonial.
- Alegó donaciones de 1.400.000 por parte de su padre, Alvaro Alsogaray, quien no podría sustentar esa cifra según sus declaraciones de bienes.
- María Julia dijo haber recibido cerca de 650 mil pesos de fondos reservados como secretaria de Recursos Naturales. Sin embargo, esa repartición no podía recibir ese tipo de aportes.
- Al reportar sus bienes en 1993 señaló un ingreso de 100 mil pesos de la empresa Estibajes Norte, pero luego desconoció su existencia. En otro caso reportó ganancias por 500 mil pesos de la firma Pincar, que en realidad corresponderían a una operación de blanqueo.
Más allá de que María Julia ya esté presa, el juicio que comienza tiene un fuerte valor simbólico por ser la primera exponente otrora poderosa del menemismo que debe responder públicamente por lo que hizo con el dinero del Estado. Ahora está obligada a ir a todas y cada una de las audiencias que, se estima, se extenderán por uno o dos meses.