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El Chino dejó una firma pendiente: la evaluación de la conducta del juez de Garantías de San Isidro, Diego Barroetaveña, en el caso García Belsunce. La Suprema Corte de Justicia bonaerense le había entregado un expediente con el resultado de la actuación del magistrado durante el intrincado crimen del Carmel. Esta semana debía decir si pedía o no un jury de enjuiciamiento para el juez. Ahora, Barroetaveña y la Corte tendrán que esperar. El domingo a la madrugada, el procurador general de la Corte, Eduardo Matías de la Cruz, conocido por sus allegados como El Chino, falleció en el Hospital Español de La Plata.
En febrero de este año De la Cruz registró los primeros síntomas de un tumor y fue sometido a una operación inmediata. A pedido de su familia, las fuentes de la Procuración consultadas por este diario prefirieron no difundir las características de la enfermedad. Lo cierto es que después de la operación, De la Cruz se reintegró a la actividad de la fiscalía hasta el lunes de la semana pasada.
“Sólo se preocupaba con más cautela de cuidar los horarios para no excederse”, explicó ayer uno de sus colaboradores más estrechos. El lunes entró al hospital de La Plata sólo para hacerse un tratamiento de rutina complementario. Entre la noche del sábado al domingo 2 de mayo murió después de un paro cardiorrespiratorio.
El Chino De la Cruz había nacido en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay. Quienes narraron algunos de sus perfiles recuerdan a su padre como uno de los fundadores del Partido Justicialista de la provincia, donde él mismo comenzó su militancia política años después. En el ‘61 se trasladó a Buenos Aires para empezar la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata, donde empezaron sus años de militancia política.
De allí en más fue secretario legislativo del Senado bonaerense desde el ‘73, durante el tercer gobierno peronista. Después del golpe del ‘76 se dedicó a la actividad privada, ámbito donde se mantuvo hasta el ‘92 cuando retomó la función pública en la Legislatura, como secretario de la Comisión de Acuerdos del Senado. En el ‘94 comenzó su actividad en la esfera judicial. Fue presidente de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial hasta 1998, cuando lo designaron procurador bonaerense.
Desde el retorno de la democracia y hasta ahora seguía de cerca el ámbito académico como profesor de la cátedra de Historia Constitucional en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Además de sus clases, el procurador acaba de dejar pendientes algunos pesados expedientes de trabajo. En los últimos días estuvo controlando la postura que asumiría el Ministerio Público Fiscal sobre la reforma al Código de Procesamiento Penal de la provincia. Desde hace más tiempo, en cambio, tenía puestos sus alfiles en la investigación del crimen de María Marta García Belsunce, desde donde sostuvo a capa y espada las decisiones del cuestionado fiscal Diego Molina Pico.
Hacia el ‘98, cuando daba sus primeros pasos en la Procuración, creó la Policía Judicial, una fuerza operativa propia con la que ganaría varios enfrentamientos con la policía de la provincia. Las disputas empezaron durante la investigación del crimen del empresario Mariano Perel y su esposa, en una cabaña de Cariló, en 1999. La Policía Judicial estableció la conexión entre el doble crimen y el lavado de dinero ligado a un cartel de la droga mexicano. El resultado contradecía la hipótesis de la Bonaerense.
Los puntos oscuros de su foja de servicios aún no están a la vista. De la Cruz fue duramente cuestionado el año pasado por los informes que difundió la Procuración donde se detallaban llamados telefónicos que se hacían desde la Casa de Gobierno en casos de secuestros extorsivos. Los informes finalmente nunca se investigaron. Tuvo un enfrentamiento con Mario Coriolano, defensor oficial de Casación, por el control del banco de datos sobre tormentos, y se enfrentó con el gobernador Felipe Solá por la intervención de la policía en los secuestros. Ahora será el gobernador el encargado de designar a su reemplazante, quien debe ser ratificado por el Senado provincial.