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Un oficial y dos suboficiales de la Bonaerense (uno de ellos ya se encontraba en disponibilidad) fueron detenidos y un subcomisario permanece prófugo junto a un amigo civil. El quinteto está acusado de haber secuestrado a un hombre y a su hermana de 15 años. Los policías integraban hasta diciembre pasado la subdelegación de la DDI de San Miguel. La víctima fue secuestrada el 15 de diciembre y para su liberación pidieron un rescate de 60 mil pesos, que se acordó realizar en dos pagos. Tras la primera cuota, fue liberado. Pero no pagó la segunda. El reclamo de la banda no llegó por carta documento: dos días después de vencido el plazo, secuestraron a la hermana del comerciante.
El secuestro de Marcelo Hernández –que había estado preso acusado de comercializar drogas– tiene características de insólito. No por la participación policial, sino por su protagonismo directo y a cara descubierta. Hernández fue secuestrado el 15 de diciembre. Según relató más tarde al fiscal federal Jorge Sica, lo metieron en una camioneta y lo mantuvieron durante varias horas oculto. Durante su cautiverio, Hernández fue amenazado para pagar un rescate de 60 mil pesos.
“Al final –reveló una fuente de la investigación–, arreglaron que pagaría en dos veces.” La primera entrega la hizo la esposa del secuestrado. Con el dinero embolsado, Hernández fue liberado, con el compromiso de que en no más de dos días hiciera el segundo pago. En concreto, la banda le estaba extendiendo una novedosa fórmula de carta de crédito. Pero Hernández falló con el segundo vencimiento.
La respuesta de la banda no se hizo esperar. El 19 de diciembre, secuestró a la hermana, una menor de 15 años de edad. “La mantuvieron durante un día, y la golpearon”, para amedrentar a Hernández. Pero en lugar de efectivizar el pago, presentó una denuncia que recayó en la fiscalía de Jorge Sica.
Según los investigadores, las descripciones del denunciante ubicaron como hipótesis principal la participación policial. Hernández dijo que “lo habían transportado en dos autos –confió la misma fuente–, uno que parecía una camioneta policial. También dijo que se comunicaban por medio de un aparato tipo handy o Nextel, con alguien a quien mencionaban como ‘jefe’”. “Jefe, ya lo tenemos al muchacho, se está portando bien”, fue una de las comunicaciones que escuchó Hernández apenas lo ubicaron en la camioneta.
“Durante la búsqueda de pruebas –agregó el investigador– también se comprobó que la camioneta, con el secuestrado adentro, fue estacionada frente a un edificio muy semejante en la descripción al que ocupan la subdelegación de San Miguel y la comisaría.” La banda también utilizó un Volkswagen Gol. Los investigadores determinaron que el auto pertenecía a un oficial de la misma DDI. Se realizaron intervenciones de teléfonos y, finalmente, los integrantes de la banda terminaron siendo el subcomisario Néstor Peralta, jefe de turno del Comando de Patrullas de Esteban Echeverría; el oficial subinspector Javier Altafini, hasta el lunes pasado en funciones en la subdelegación de San Miguel; el sargento primero Fabio De Manueli, en funciones en una oficina de Delitos Complejos en la comisaría local, o sea, en el mismo edificio que Altafini; el cabo primero Juan Ramón Torres, en disponibilidad, y el amigo del subcomisario.
¿Qué tenían en común los cinco? Que eran uniformados y actuaban en la subdelegación de la DDI de San Miguel cuando ocurrió el secuestro. Poco después, Peralta fue enviado a Echeverría; De Manueli desplazado a la comisaría; Torres pasado a disponibilidad el 30 de marzo pasado, después de que descubrieran que tenía un auto con documentación trucha. Altafini permanecía en la subdelegación. El civil está incluido en los dos puntos en común. En una errónea interpretación de la participación ciudadana, el amigo del subcomisario acostumbraba formar parte de los operativos, con chaleco antibala policial tal cual lo estipulan las reglas.
El lunes pasado, con las pruebas en la mano, Sica ordenó las detenciones. A Altafini lo encontraron en la subdelegación. A De Manueli, en la comisaría. Torres estaba en la casa. Peralta y el amigo son, técnicamente, prófugos. Según el mismo investigador, “uno de los tres detenidos se negó a declarar, pero los otros dos admitieron su participación”. Entre las cuestiones insólitas del caso, también se puede considerar la rareza de la participación policial a cara descubierta.
De todos modos, semejante rareza tiene su antecedente: el del subcomisario de la DDI de Lomas de Zamora, José Hernández. Hernández investigaba el secuestro de Diego Peralta y luego el del padre de Pablo Echarri, pero fue detenido junto a cinco integrantes de la DDI por secuestrar a un hombre que cumplía libertad condicional tras una condena como narco. Hernández le exigió el pago de un rescate. El secuestrado no estuvo alojado en cualquier lugar. Lo tenían guardado en la misma DDI. La víctima logró hacer una marca debajo del escritorio de Hernández, marca que fue tomada como prueba de que estuvo allí. Ayer, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora confirmó la preventiva de los ex seis bonaerenses (ver aparte).