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El Gobierno anunció la fase II del plan antievasión. Sus tres ejes son el combate contra el trabajo en negro, la subfacturación del comercio exterior y el contrabando. Entre las nuevas disposiciones se destaca un régimen especial destinado al blanqueo del empleo doméstico y el control de los aportes patronales por parte de los trabajadores. También se introducirá la figura del “espía fiscal”, quien tendrá la facultad de realizar operaciones simuladas para detectar la no emisión de facturas. En materia aduanera se implementará un sistema de identificación de las mercaderías importadas mediante código de barra y se buscará eficientizar de los controles de frontera. Muchas de estas medidas habían sido adelantadas en exclusiva por Página/12 el pasado abril.
Los anuncios, realizados en conjunto por el ministro de Economía, Roberto Lavagna, el secretario de Hacienda, Carlos Mosse, y el titular de la AFIP, Alberto Abad, suponen modificaciones tanto del Código Aduanero como del Sistema de la Seguridad Social.
En materia de combate al trabajo en negro, una de las principales medidas apunta a la regularización del trabajo doméstico, un sector que hoy se encuentra en su gran mayoría excluido de los beneficios sociales. De acuerdo con lo declarado por el titular de la AFIP, el trabajo doméstico emplea a cerca de medio millón de personas, de las cuales sólo el 10 por ciento se encuentra en regla con la seguridad social. El incentivo consistirá en permitir deducir las remuneraciones de la base imponible de Ganancias, lo que significará considerar los salarios y aportes pagados como un gasto, hasta un límite anual de 4020 pesos.
Otras medidas consistirán en establecer un control de los aportes patronales por parte de los trabajadores, posibilidad que funcionará con la simple habilitación de un sitio de consulta en Internet e indicaciones para denunciar la no aparición en los registros.
Además se combatirá la mala utilización de figuras jurídicas que gocen de beneficios fiscales, como las cooperativas, cuando sean empleadas para evadir impuestos.
La AFIP también podrá determinar los incumplimientos a la seguridad social sobre base presunta. Esto significa que cuando se detecte empleo en negro, el cobro de lo adeudado se realizará estimando la antigüedad presunta del trabajador. Hasta hoy sólo se aplicaba una multa y se comenzaban a cobrar aportes a partir de la detección de la irregularidad. Ahora se cobrará también para atrás.
Todas estas medidas se complementarán con la reducción de los plazos procesales para acelerar los cobros de las deudas previsionales. El camino elegido es asimilar para la seguridad social los plazos que rigen en materia impositiva: 15 días para apelar ante el tribunal fiscal y 30 para apelar ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo.
En materia de combate a la irregularidad en las transacciones comerciales, se creará la figura del “agente fiscalizador o fedatario”, también conocido como “espía fiscal”, cuya tarea consistirá en la realización de operaciones simuladas con el exclusivo objeto de detectar irregularidades. De esta manera, por ejemplo, se espera combatir la generalizada práctica de no emitir facturas. Luego de simulada la operación, se procederá a la devolución o anulación de la transacción.
Otra medida significativa es la creación del registro único de sociedades comerciales, en la órbita de la Inspección General de Justicia, y que además estará disponible para la consulta pública. Esta medida apunta a eliminar los problemas de interacción que existían entre la AFIP y los distintos organismos registrales de personas jurídicas. En adelante la CUIT será el único identificador de las sociedades y quien no esté inscripto en el registro no podrá inscribirse en la AFIP. La creación de un registro único resulta esencial para detectar sociedades cuyo principal objetivo es facilitar maniobras de evasión.
A esto se agregará la creación del “domicilio fiscal electrónico”, lo que evitará las mudanzas. La notificación enviada por vía informática será considerada como un acto administrativo válido. En la misma línea se espera una rápida reglamentación e implementación de las “facturas electrónicas”.
Al menos en número, el grueso de las medidas anunciadas ayer se dirigieron al área de la Aduana. Entre las más importantes se destacan:
- Un nuevo estampillado con código de barras para los productos importados que facilitará el seguimiento de todas las transacciones que siga en el mercado interno. Adicionalmente, esto aumentará el riesgo de la utilización de estampillados falsos.
- Se facultará a la DGA para realizar controles en instrumentos, como balanzas, tanques, sensores, etc., utilizados para medición y control de bienes en operaciones de comercio exterior. En caso de irregularidades, estos instrumentos, muchos de ellos operados actualmente por privados, podrán ser clausurados.
- Se permitirá que la Aduana venda las mercaderías en depósito, excluyendo una muestra que quedará para las tramitaciones judiciales. Con el obtenido se creará un fondo que servirá para restituir al importador si logra justificar las irregularidades que motivaron los decomisos. La razón de esta medida es evitar los gastos que tiene el organismo por el mantenimiento de los depósitos fiscales.
- Se incorporará la metodología “no intrusiva” de control de contenedores con scanners y se realizará el seguimiento satelital de los contenedores tanto exportados como importados.