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“Nosotros dimos un paso (con la suba de las retenciones), espero que ustedes den otro: no me hagan dar a mí el siguiente.” Con esas palabras, Néstor Kirchner conminó a los empresarios para que disminuyan el precio del gas en garrafa, que aumentó un 140 por ciento desde la devaluación. Casi tan volátil como el fluido, difícilmente la retórica presidencial sirva de algo a 15 millones de argentinos sin acceso a la red de gas natural. Pese a la cautela con que se maneja el tema en la Rosada, en el Senado ya avanza un proyecto para declarar servicio público al GLP, lo que habilitaría una intervención mucho más agresiva del Estado en el sector y permitiría proteger de un tarifazo garrafal a las familias más pobres.
En diciembre de 2001, la garrafa de 10 kilogramos costaba menos de 10 pesos. Hoy no se consigue a menos de 24 pesos, y la Cámara de Distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo advirtió que podría subir a 30 pesos en los próximos días, habida cuenta de los aumentos que ya están aplicando las petroleras. En el Gobierno imaginan que el combo “suba de retenciones más amenaza presidencial” puede cambiar esa historia y aseguran que el objetivo es que el precio del gas envasado caiga a los valores del año pasado, un 40 por ciento menos que los actuales. No obstante, a menos que el Estado diese un paso más audaz, dicho objetivo pareciera ser sólo una utópica expresión de deseos.
Entre las medidas anunciadas el martes está la suba de las retenciones a las exportaciones de GLP del 5 al 20 por ciento. Poco más de la mitad de la producción local de GLP se vende a granel, fundamentalmente a Brasil. Además de ser un eficaz instrumento de recaudación, las retenciones son un mecanismo disciplinador de precios internos, al bajar el precio que recibe el exportador en el exterior y, por lo tanto, reducir, fronteras adentro, el precio internacional en dólares del producto.
Por ejemplo, aunque la exportación es a granel, si alguien exporta una garrafa a 10 dólares, en lugar de percibir (en números redondos) 30 pesos, cobraría 24 pesos, porque los restantes 6 se los quedaría el Estado en concepto de retención (20 por ciento). De ahí que si este exportador quisiera “dolarizar” el precio interno, no podría cobrar nunca más de 24 pesos. Ahora bien, simultáneamente con el módico aumento de las retenciones, el Gobierno dispuso la desregulación del gas en boca de pozo, en un momento en que el petróleo cotiza al nivel record de los últimos 16 años, una excusa inmejorable para que las petroleras justifiquen una nueva explosión del GLP.
En este contexto, ¿por qué esperar que las cinco compañías que oligopolizan el mercado del GLP –al igual que el mercado del gas y del petróleo– bajen sus precios? ¿Por qué resignar ganancias extraordinarias cuando no hay instrumentos de política pública que las obliguen a hacerlo? En agosto de 2002, Roberto Lavagna, como ministro de Duhalde, dispuso una medida simétricamente opuesta a la adoptada el martes: aplicó una reducción a las retenciones al GLP del 20 al 5 por ciento. De esa manera, transfirió del fisco a las petroleras unos 225 millones de dólares al año. A cambio, las multinacionales del sector, con Repsol a la cabeza, se comprometieron a frenar los aumentos; y más tarde a abastecer con una “garrafa social” a 18 pesos a los sectores más carenciados. Pero en el último año, el gas envasado subió alrededor del 40 por ciento y hace rato que la “garrafa social” sólo se consigue a precio de “mercado”.
Muy distinta sería la historia si el Gobierno hubiera decidido una medida más potente, como elevar las retenciones al 50 por ciento, una alícuota que no suena descabellada aplicar a un oligopolio que se sospecha que fija precios sin atender a su estructura de costos y se apropia de rentas extraordinarias a costa de los consumidores más pobres. Si Repsol –que está integrada verticalmente en el mercado de GLP– vendiera en el mercado interno la garrafa por arriba del precio teórico de exportación podría caberle las sanciones de la Ley de Defensa de la Competencia, porque estaría abusando de su posición dominante para discriminar precios en contra de los argentinos.
En el Gobierno dicen que una de las cartas en la manga del Presidente sería, precisamente, apelar a dicha ley para penalizar al cartel, en caso de que éste no aceptara las “nuevas reglas de juego”. Sin embargo, suena extraño escuchar a funcionarios amenazar con una ley que debe ser de aplicación obligatoria y no barajada en una negociación.
El otro instrumento al que podría recurrir al Estado sería declarar al GLP un servicio público, lo cual abriría las puertas a una regulación mucho más estricta. La jugada no formó parte del paquete anunciado por el Presidente. Pero avanza en el Congreso. Según pudo saber este diario, los senadores Rubén Giustiniani (Socialista por Santa Fe) y Vilma Ibarra ya presentaron el proyecto de ley que, de apurarse los trámites parlamentarios, podría ser tratado la semana próxima en el recinto. Sólo tiene dos artículos. El primero declara servicio público la producción, comercialización y distribución de gas licuado de petróleo. El segundo, faculta al Poder Ejecutivo a “fijar una tarifa que garantice la universalidad del servicio”.