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La Asamblea Popular 20 de Diciembre, que desde hace dos años transformó un viejo local abandonado, en Parque Avellaneda, en un comedor comunitario y sede de tres cooperativas de trabajo, había vaticinado que iba a sufrir un intento de desalojo con represión policial. El momento llegó ayer a las 7: llegaron diez patrulleros, tres carros de asalto, bomberos y dos ambulancias. La policía llegó con una orden judicial de desalojo, pero desde adentro, los vecinos que permanecían en vigilia estaban decididos a resistir, y en pocos minutos recibieron el apoyo de organizaciones sociales. La policía, por fin, rompió la puerta, las mujeres lucharon cuerpo a cuerpo con los efectivos, que no ahorraron golpes de bastón. El lugar, por fin, quedó bajo control policial, pero dos horas después, tras un operativo de distracción, los vecinos lograron reingresar y recuperar el lugar. Ya había cámaras de TV y algunos legisladores: era tarde para volver a reprimir. El operativo de desalojo fue ordenado por el juez Gerardo Vasallo por pedido de un miembro de la Liga de Rematadores, urgido porque la próxima semana la Legislatura porteña tratará un proyecto para la expropiación del inmueble.
Los últimos policías llegaron a la esquina de Directorio y Lacarra, en Parque Avellaneda, a las 6.50. El enorme operativo ya estaba listo: habían cortado las calles cercanas, cercado el local y, cuando comenzaba a amanecer, gritaron la orden de desalojo. Adentro había 25 personas, hombres, mujeres y un chico de doce años. Intentaron entablar negociación, pero la Federal estaba ansiosa: intentó abrir a patadas las tres puertas del local. Las de las calles laterales estaban soldadas, la de la ochava la mantenían en pie los cuerpos de los hombres. Estuvieron así quince minutos, tiempo suficiente para comenzar la cadena de llamados alertando a organizaciones amigas, medios y legisladores afines. También alcanzó para dar la señal acordada a los vecinos: subieron al techo del local y encendieron cohetes y bombas de estruendos. En minutos comenzaron a llegar los primeros vecinos.
Como la policía no podía ingresar, rompió los vidrios y arrojó gases lacrimógenos y luego los bomberos convirtieron el comedor en una laguna. Con barretas rompieron las tres puertas e ingresaron repartiendo palos y patadas. La veintena de ocupantes fueron acostados en el piso, mojados y golpeados por las botas de la Guardia de Infantería. “Al que levantaba la cabeza o se animaba a intentar un diálogo, la respuesta era una patada policial. Mostraban particular ensañamiento con los ciudadanos bolivianos, muy activos en el espacio recuperado”, relató uno de los asambleístas a Página/12. También insultaron a una joven militante: “Te vamos a reventar judía de mierda”, amenazó un policía, al conocer su apellido.
En el lugar funciona un comedor comunitario para 200 personas y tres cooperativas de trabajo autogestionadas que emplean a cuarenta personas. También hay una panadería, una librería, un centro de copiado y un taller textil, todo con fines sociales. Funciona donde estaba el viejo bar La Alameda, abandonado durante años y recuperado luego de la movilización popular de diciembre de 2001. Cuenta con un subsidio del gobierno nacional para poner en marcha sus cooperativas, pero enfrentan al poderoso lobby de la Liga de Rematadores: uno de sus integrantes adquirió, en los ya clásicos remates, el inmueble a ochenta mil pesos, precio muy por debajo de la tasación inmobiliaria. De ninguna forma aceptan alquilar el local ni venderlo, aun por encima del costo del remate.
A las 8 ya había más de cien personas en la calle que intentaba ingresar al lugar. Las fuerza aún eran dispares, pero igual las mujeres bolivianas empujaban a los azules de casco y escopeta en mano. La llegada de las primeras cámaras de televisión fueron un remedio para que la policía frenara la represión. A casi una hora de haber ingresado al local, permitieron que los hombres y mujeres se levanten del piso, se sienten y los golpeados comiencen a ser atendidos. “Si no llegaban las cámaras no sabemos qué pasaba, los policías estaban sacados”, contó Gustavo Vera, integrante de la Asamblea 20 de Diciembre. Trece personas fueron detenidaspor “resistencia a la autoridad”, la mayoría estaba muy golpeada, tres fueron derivadas al hospital por la gravedad de las heridas. “Estaban muy maltratadas. La represión fue terrible, pero no debiéramos sorprendernos”, resumió la legisladora porteña por Autodeterminación y Libertad, Noemí Oliveto.
Entre vecinos, integrantes de decenas de asambleas barriales y organizaciones de desocupados, a las 9 ya había más de doscientas personas que tenían la única meta de reingresar al local y echar a la policía. Las mujeres bolivianas hacían punta, empujaban en una de las puertas laterales y amenazaban quebrar el cordón policial. Entonces los efectivos reforzaron ese sector y descuidaron la entrada que da a la otra calle, que fue la puerta por donde ingresaron decenas de personas que volvieron a recuperar el espacio. La policía estaba desbordada, seguían llegando organizaciones y legisladores que apoyan la expropiación y las cámaras inhibían cualquier intento de represión. Media hora más tarde, los diez patrulleros, los tres carros de asalto y los bomberos se retiraron del lugar.
“El jueves que viene vamos a tratar la expropiación en la Legislatura. Aunque aún no tenemos mayoría porque el oficialismo no apoya la medida, la Liga de Rematadores y los sectores más reaccionarios exigen que privilegiemos la propiedad privada por sobre cualquier otro derecho”, afirmó Andrés Devoto, del Movimiento por un Pueblo Libre.

Informe: Darío Aranda.