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Con el correr de las horas, el dolor y la tristeza se apoderaron de la comunidad de Río Turbio y las esperanzas de hallar sobrevivientes dentro del socavón de la mina se redujeron a su mínima expresión. Ayer, en el interior de las galerías oscuras y humeantes del yacimiento fueron encontrados otros tres mineros sin vida, con lo que se elevó a siete el número de fallecidos, mientras otros siete trabajadores continuaban desaparecidos. El presidente Néstor Kir- chner realizó una visita relámpago a la localidad santacruceña y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas. Además, se comprometió a investigar las causas del accidente “para deslindar responsabilidades” y aclaró que “no se va a encubrir a nadie”. La empresa que explota el yacimiento –bajo control de la Secretaría de Minería desde 2002– quedó este año bajo la lupa de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT): el organismo detectó que tiene un índice de accidentalidad que duplica el promedio estimado para la actividad minera, según reveló a Página/12 Carlos Rodríguez, gerente general de la SRT. “El control del cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene –explicó el funcionario– es responsabilidad de la provincia.”
El índice de accidentalidad mide la relación entre el número de accidentes y el de trabajadores de la empresa. Para la actividad de “minería y canteras” el índice promedio es de 59,2. En la explotación del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio es de 123,8, lo que significa que allí “ocurren muchos más accidentes que los estimados para el tipo de actividad”, señaló Rodríguez. Cuando una empresa supera el 10 por ciento del índice promedio establecido para su rubro, la SRT la ubica dentro de lo que se denomina “grupo testigo”, por el cual obliga a la ART a cargo de la cobertura de los trabajadores a implementar un plan especial de reducción de la siniestralidad. Eso ocurrió este año con el yacimiento de Río Turbio. La ART de la mina es la empresa Responsabilidad Patronal.
En medio del desconsuelo generado por el hallazgo de otros tres cadáveres, crecieron ayer las acusaciones gremiales por la falta de medidas de seguridad en el yacimiento y la ausencia de controles de la provincia, tanto durante la privatización de la explotación minera en la era menemista a manos del empresario Sergio Tasselli (actualmente al frente de la cuestionada concesión de Trenes Metropolitano) como a partir del 2002, cuando la Secretaría de Minería de la Nación intervino la empresa.
La investigación del accidente quedó a cargo del juez federal de Santa Cruz, Gerardo Caamaño. ATE presentó una denuncia ante el magistrado, en la que señaló “la ausencia de sistemas de alarma y sensores de la cinta (transportadora de carbón, donde se originó el fuego) que en ningún momento del siniestro funcionaron”. Además, presentó documentación con los reclamos por la falta de seguridad que venían haciendo desde hace años los trabajadores. Uno de los directivos de la ex concesionaria de la mina, Juan Leis, deslindó ayer cualquier responsabilidad de la firma en el trágico accidente. A Leis le resultó llamativo que el accidente e incendio hayan sucedido “en un cambio de turno, ya que normalmente la cinta debería estar parada en ese momento”.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, sostuvo que la empresa “tiene que hacerse responsable de lo que sucede en su ámbito”. Además, destacó que “desde la Secretaría de Minería, que tiene a su cargo el yacimiento, se va a generar una auditoría técnica que refleje el cuadro de situación”. Dirigentes gremiales de ATE de Río Turbio anunciaron que los mineros no van a regresar a trabajar hasta que la Justicia determine las responsabilidades en la tragedia, que comenzó el lunes por la noche al generarse un derrumbe en uno de los túneles de la mina 5, por un incendio causado por una falla en la cinta transportadora del mineral. El fuego comenzó en momentos en que se hacía un recambio de operarios: por la baja visibilidad, un camión que trasladaba a unos cincuenta operarios chocó contra una columna. Treinta y siete mineros lograron salir a tientas y otros catorce quedaron atrapados. El martes se encontraron cuatro cadáveres, ayer, otros tres.
Con siete operarios todavía desaparecidos en el interior de las galerías, ayer por la tarde debieron suspenderse momentáneamente las tareas de búsqueda por la alta presencia de monóxido de carbono y metano en las galerías de la mina, que dificultaba el trabajo de los brigadistas (ver recuadro). Al equipo de rescate se sumaron 16 hombres de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal, llegados de Buenos Aires, y ocho operarios de la empresa Barrick, que explota una mina de oro en San Juan. El secretario de Economía del municipio, Raúl Paredes, estimó que la posibilidad de encontrar con vida a los mineros atrapados son “remotas por las características del accidente”. El gobernador Sergio Acevedo, presente en Río Turbio, declaró dos días de duelo en todo el territorio provincial.
Los siete mineros muertos fueron identificados como José Sixto Alvarado Díaz, José Víctor Hernández Zambrano, Nicolás Arancibia, Miguel Cardozo, Julio Alvarez, Ricardo Cabrera y Oscar Marchand. Entre los desaparecidos se encuentra Silverio Méndez, un jujeño de origen muy humilde, que fue secretario adjunto de la seccional ATE-Río Turbio desde 1999 a 2003, opositor a la conducción de Víctor De Gennaro, que –según recordaron sus compañeros– luchó siempre por mejorar las condiciones laborales de los operarios. En su pelea, llegó a tildar durante una asamblea como “negrero” al ex interventor en la mina y actual diputado nacional por el PJ Eduardo Arnold, lo que le valió una querella del funcionario santacruceño por calumnias e injurias y el reclamo de una indemnización de 50.000 pesos por daño moral. Arnold finalmente retiró su presentación.