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Por P. L.

Buenos Aires 2010, mensaje desde el futuro: los “centros comerciales a cielo abierto” están reemplazando a los shopping centers; varias leyes se han aprobado a partir de iniciativas populares gestionadas por Internet; no existe ya el impuesto a los Ingresos Brutos, sustituido por impuestos a los más ricos; hay en construcción cuatro nuevos puentes sobre el Riachuelo; los residuos domiciliarios, el tránsito y la salud se gestionan en conjunto con el Conurbano gracias a la creación del Area Metropolitana; la ciudad tiene su propia policía y una justicia vecinal. Esta discreta utopía urbana es el resultado, todavía preliminar, del trabajo conjunto de 159 entidades nucleadas en el Consejo de Planeamiento Estratégico de la ciudad: el Plan 2010, presentado ayer, resume los resultados del trabajo más ambicioso emprendido hasta ahora en Buenos Aires en el orden de la “democracia semidirecta”. Las experiencias de este tipo se iniciaron en Barcelona en la década del ’80 y se extendieron a diversas ciudades. En Buenos Aires, estas formas de democracia participativa tienen rango constitucional, pero son muy pocas las que empezaron a implementarse.
Las 159 organizaciones son un muestrario de diversidad; por ejemplo, la Asociación de Educadores Sexuales; la Universidad de Buenos Aires; la Cámara de Importadores de Relojería; la Unión Obrera de la Construcción: el Ejército de Salvación; la Asociación de Ciclistas Urbanos; el CELS; el Consejo Profesional de Ciencias Económicas; la Organización Islámica; la Fundación Judaica; Flacso. Las 159 entidades designaron un consejo de 25 miembros, que elaboró el plan, cuya versión preliminar fue presentada ayer en un acto presidido por el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra.
Entre las acciones propuestas se incluye “reformar la Ley 40, de Iniciativa Popular”, ya que “hasta el momento ningún proyecto logró cumplir los requisitos”: sugieren “reducir la cantidad de firmas y agilizar los procedimientos, por ejemplo utilizando Internet”. En cuanto a los partidos políticos, solicitan “una regulación efectiva de sus fuentes de financiamiento”.
Además piden la “ampliación y reforma de los organismos de control” y “auditorías didácticas”. Juan Abal Medina –subsecretario de la Coordinación del Plan Estratégico del Gobierno de la Ciudad– explicó que estas auditorías “incluyen a los ciudadanos, que así pueden aprender qué y cómo se audita”. El consejo pide también “un control más estricto del funcionamiento de los servicios privatizados”.
El consejo propone también lanzar los “Centros Comerciales a Cielo Abierto”. Se trata “de que no todo vaya a parar a los shoppings”, resumió Abal Medina. Estos centros comerciales se basarían en los núcleos ya existentes en distintos barrios, por acuerdo entre las asociaciones de comerciantes, las entidades vecinales y el Gobierno de la Ciudad.
La actividad productiva también se fortalecería, según el Consejo, “reduciendo la incidencia de impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos, que tienen un efecto disuasivo de todas las actividades económicas”; se reemplazarían por impuestos sobre las ganancias y bienes patrimoniales.
El plan estima que la ciudad debe tener su propia policía y su Justicia, para lo cual solicita “proponer al Congreso Nacional la reforma o derogación de la ‘Ley Cafiero’, que limita ese traspaso. Impulsa en especial una ‘justicia vecinal’ que priorizará la búsqueda de acuerdos entre las partes y la celeridad en las resoluciones”.
En materia de planeamiento urbano, incluye proyectos como la construcción de “nuevos puentes sobre el Riachuelo”, para los que anticipa posibles ubicaciones: “Uno en avenida Patricios para conectar con Avellaneda; otro en Zavaleta o Iberá, para Lanús; otro en Lacarra y otro en Escalada”. En materia de salud, propone crear una red que conecte los centros de atención y concentrar los datos en una ficha general de cada paciente.
El plan explicita también el “apoyo a la creación de la Región Metropolitana”, que abarcaría la Ciudad y su Conurbano. “Los temas de la salud, la gestión de los residuos y el tránsito no se pueden resolver a escala submetropolitana”, comentó Abal Medina.
“La participación de la sociedad civil en el planeamiento estratégico es una forma democracia participativa semidirecta que se inauguró en Barcelona hace casi 20 años; luego se implementó en otras ciudades como Zaragoza y Sevilla; en América latina se desarrollan experiencias en Río de Janeiro, Montevideo y, en la Argentina, en Rosario”, reseñó el coordinador del Plan, cuya versión definitiva se prevé para fin de año.