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El lunes, la Corte Suprema de Justicia será notificada de un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que pide la restitución a su familia biológica de una niña bonaerense que está viviendo en Misiones, con una familia sustituta, por decisión de una jueza de ese fuero, sin que exista decisión alguna de los padres de darla en adopción, como informó Página/12 el 7 de marzo pasado. El padre de la niña, Arciliare Sarruggi, de 45 años, está en Posadas, junto con su abogado, para intervenir por primera vez en la causa y lograr la inmediata restitución. El matrimonio que tiene la guarda provisoria y que intenta obtener la adopción plena está integrado por un alto jefe de la policía del Departamento de Apóstoles, según pudo confirmar este diario. El fallo de la CIDH fue recibido ayer en la Cancillería y tenía que ser comunicado al secretario de Derechos Humanos, Oscar Fappiano, quien la semana próxima viajará a Misiones para ocuparse personalmente del tema. La resolución del caso estará en manos del máximo tribunal de Justicia argentino.
“El fallo de la CIDH es una medida cautelar que se expide en favor de la unidad de la familia y del derecho a la identidad, lo que habla claramente en favor de la inmediata restitución de la niña a su familia biológica”, explicó anoche una fuente oficial consultada sobre el contenido del dictamen del organismo internacional. La intervención de la CIDH fue solicitada por el abogado Fernando Sorrentino, de la Defensoría de la Dirección Nacional de la Niñez de Avellaneda, cuya titular es Mary Martín. A partir de la denuncia del caso, tomaron intervención la Secretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Coordinadora de Entidades Paraguayas.
La madre de la pequeña, Concepción Flecha González, es nacida en el Paraguay, pero reside con su esposo en la localidad bonaerense de Villa Dominico. A ella le arrebataron la niña, que hoy tiene 20 meses, el 22 de noviembre de 2000, durante un control de Migraciones realizado en Posadas, cuando viajaba hacia Paraguay para visitar a su familia. La mujer, por los nervios, sufrió un leve trastorno psicológico y su propia defensora oficial, María Estévez de Kuri, fue la que solicitó que la internaran en un hospital neuropsquiátrico, mientras que la niña fue llevada al Hospital de Pediatría de Misiones, cuando tenía apenas tres meses de vida.
“Recién ahora, porque antes no tuvimos acceso a la causa, supimos que la nena contrajo una enfermedad intrahospitalaria y que fue la defensora oficial, la que tenía que representar a la madre, la que resolvió separarlas sin tener en cuenta que la menor debía ser amamantada”, dijo el abogado Sorrentino. La jueza de Familia de Posadas Carmen Liliana Bertolotti decidió la entrega de la niña a una pareja integrada por un policía viudo que hoy ocupa un alto cargo en el Departamento misionero de Apóstoles. Se mantiene en reserva su nombre y el de su concubina para preservar la identidad de la niña que está viviendo con ambos.
Después de estar unos días en el neuropsiquiátrico, “la misma defensora oficial decide el traslado a la Unidad Correccional 5 de Posadas, sin que se abriera ninguna causa penal que justificara esa detención”, explicó Sorrentino. El abogado se entrevistó el miércoles, por primera vez, con la jueza Bertolotti, quien citó para la semana que viene a la pareja que tiene en su poder a la niña, para que exponga su posición frente al pedido de restitución planteado por los padres, ahora con el apoyo de la CIDH.
La primera decisión concreta de la jueza, en la reunión con el abogado de la Defensoría de Avellaneda, fue conminarlo a mantener “silencio de radio” sobre los hechos que motivaron su viaje “para preservar el nombre y la seguridad de la menor”. La jueza Bertolotti invocó la ley 20.056, sancionada por el ex dictador Juan Carlos Onganía. Por medio de un proyecto de resolución, varios diputados nacionales propiciaron la “inmediata restitución” de la menor a su familia biológica y que se investigue al juzgado de Bertolotti, a fin de establecer “la existencia deprocedimientos similares” que puedan demostrar la presencia de “una práctica administrativa” que se haya aplicado en otros casos.
Fuentes de la Secretaría de Derechos Humanos anticiparon que Fappiano espera la notificación del fallo de la CIDH para presentarse ante la Corte Suprema y luego viajar a Misiones, donde se reunirá con los miembros del Supremo Tribunal de Justicia de la provincia. Para asumir la defensa, Sorrentino presentó su matrícula federal y esperó el trámite de acreditación porque “ningún abogado de Misiones quiso tomar el caso, algo que resulta significativo”, explicó el abogado.
El caso fue analizado de manera informal por el Superior Tribunal de Posadas y el miércoles figurará entre los temas del día. Lo que se busca es que la Corte Suprema revoque un fallo anterior mediante el cual se dio intervención a la Justicia de Misiones, en desmedro de la Justicia bonaerense, que se había expedido por la restitución de la niña. “Todo caso que involucre a un menor debe ser resuelto por el tribunal del lugar de residencia del chico”, recordaron Sorrentino y los diputados nacionales encabezados por Alfredo Bravo.