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La Legislatura porteña intentará hoy, nuevamente, avanzar en la sanción del nuevo Código Contravencional para la ciudad, que ya está aprobado en general y necesita, para cada uno de sus 180 artículos, el voto favorable de 31 de los 60 diputados del cuerpo. Los puntos más conflictivos de este primer tramo (50 artículos de la parte general) siguen siendo el que sanciona la reincidencia –que según expertos en Derecho Penal podría ser inconstitucional– y el que baja la edad mínima de imputabilidad, de los 18 a los 16 años, sobre el que insistirá el ala dura de los legisladores. En pos del consenso, los diputados intentan incluir una cláusula transitoria que prevé la creación de un régimen especial para menores contraventores. Según pudo saber este diario, en 2003 hubo 67 actas contra menores por contravenciones, de los cuales el 65 por ciento fue por oferta de sexo en la vía pública. “Más que infractores, los menores son víctimas”, dijo María Elena Nadeo, titular del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, encargada de atender estos casos.
Sea como fuere, la reforma al Código no permitirá resolver uno de los grandes problemas de su aplicación: “Sobre 84.229 actas labradas en 2003, el 90 por ciento fue archivado por irregularidades en su confección por parte de la policía”, dijo a Página/12 el fiscal general adjunto Contravencional y de Faltas, Luis Cevasco. “Esto ocurre por la exigencia a la policía de hacer determinada cantidad de actas para cubrir una estadística, sin dar cuenta de pruebas ni testigos del hecho, como deberían hacer”, aseguró el juez Marcelo Vázquez, presidente de la Cámara Contravencional de la Ciudad.
La reforma al Código, impulsada por el macrismo desde febrero último, fue aprobada en general a principios de julio y el tratamiento en particular debió suspenderse en dos ocasiones, primero por los incidentes del viernes 16 de julio; luego, por la falta de consenso entre los distintos bloques sobre los puntos más conflictivos, hace quince días. Ahora, voceros del macrismo, del kirchnerismo y el ibarrismo aseguran que hay acuerdo para aprobar los primeros 50 artículos “con un promedio de 40 votos”. Para hoy, nuevamente, fue anunciada una movilización de piqueteros, vendedores ambulantes y trabajadoras sexuales, que se oponen a la sanción. También está previsto un importante despliegue policial.
Uno de los puntos controversiales es el de la reincidencia. El artículo 17 del proyecto dice que “el que cometa una nueva contravención que afecte o lesione el mismo bien jurídico, dentro de los dos años de dictada la sentencia, será declarado reincidente y la nueva sanción que se le imponga se agravará en un tercio”.
Marcelo Buigo, titular de la cátedra de Derecho Penal de la UBA, sostiene que ese artículo “puede ser declarado inconstitucional, dado que la Constitución de la ciudad prohíbe que se impute a alguien por lo que es (derecho penal de autor) y no por lo que ha hecho”.
En cambio, para el juez Vázquez, la figura de la reincidencia es razonable ya que “debe haber una distinción entre quien vuelve a cometer el mismo hecho y quien lo comete por primera vez”. El Código Penal, que prevé esta figura, no establece agravantes automáticos como pretende hacerlo el Código Contravencional.
En cuanto a la edad de imputabilidad, el proyecto aprobado en general preveía reducirla a 16 años, pero ese punto no reunía los votos necesarios para quedar firme. Por eso, hay un consenso precario para que quede en 18 años, una opción que sigue siendo rechazada por los macristas más duros, lo que pone dudas sobre su viabilidad. Una prenda de conciliación podría ser la cláusula transitoria que supedite la punibilidad de menores a la sanción de un régimen contravencional especial.
“No veo qué sentido puede tener bajar la edad de imputabilidad, son muy pocas las contravenciones que pueden ser cometidas por menores”, dijo Cevasco a Página/12. En 2003, la policía labró 67 actas de contravencionescontra chicos, 44 de las cuales tenían relación con la oferta de sexo en la vía pública. “No deben ser castigados porque muchos de ellos son víctimas de explotación sexual. Son chicos travestis que todavía no tienen edad como para arreglar con la policía”, dijo Nadeo a este diario.
Nadeo agregó que no es necesaria ninguna cláusula transitoria: según lo dispone el Código Procesal de la ciudad, los chicos involucrados en contravenciones o en situación de riesgo deben ser derivados por los fiscales al Consejo de los Derechos, donde reciben asistencia en un centro de atención de ese organismo. Sobre el mismo tema, el constitucionalista Daniel Sabsay advirtió: “Esa cláusula debería preservar los derechos de los niños y no asimilarlos al régimen para mayores, porque en este caso se estaría violando la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución nacional”.
El camarista Vázquez destacó como punto positivo del proyecto en tratamiento la fijación de penas para cada contravención, pues “da certeza sobre la sanción que puede merecer una conducta”. “Acentuar la naturaleza penal contribuye a anticiparse a la comisión de un delito”, opinó. Buigo, por su parte, sostuvo que “en lugar de modificar el Código de Convivencia, es necesario crear un organismo de control de la ejecución de las penas: hoy nadie controla si un imputado cumple la probation que acordó con el juez”.