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A casi once años de la muerte de su hijo, asesinado en medio de un tiroteo brutal entre policías y ladrones, una mujer debe afrontar un juicio civil que le inició uno de los jueces del caso. La víctima es Sergio Schiavini, un joven poeta de Lomas de Zamora; la mujer es su madre, María Teresa, quien cuestionó con dureza a los investigadores del caso, y el juez es Marcelo Soukop, que se sintió agraviado por declaraciones de la madre y le inició una demanda por 250.000 pesos, que alcanza también al diario que publicó la nota y a los dos periodistas que la redactaron.
La demanda se inició a fines de 1999 y pocos se explican por qué el juez siguió adelante: los tres particulares demandados son insolventes y el diario –La Unión, de Lomas de Zamora– está en convocatoria de acreedores. Las audiencias del juicio comenzaron hace diez días, con algunas particularidades: no es un juez el que está al frente del caso, sino el abogado Eduardo Valcarce, elegido por sorteo, pues los 14 jueces civiles y los cuatro camaristas, más cuatro defensores oficiales, se excusaron de intervenir o fueron recusados, por haber firmado en su momento una carta de apoyo a Soukop.
Sergio Schiavini fue la única víctima del enfrentamiento que se produjo en la confitería Dalí, donde tomaba un café el 29 de mayo de 1991, cuando unos 40 policías se tirotearon con cuatro asaltantes. Soukop era juez de instrucción de Lomas de Zamora en esa época, cuando le tocó intervenir en una causa lateral: la denuncia contra dos médicos policiales por presuntas irregularidades en la autopsia: los profesionales no tomaron fotos del cadáver ni le hicieron una radiografía de cráneo, procedimiento de rutina cuando hay heridas de bala en la cabeza. Finalmente, Soukop absolvió a los policías de los cargos por “falso testimonio, ocultamiento de prueba y falsificación de documento público”, aunque los sancionó con un apercibimiento por las falencias cometidas. Durante la investigación, el juez no pudo establecer por qué desaparecieron partes del cuerpo de la víctima, decisivas para la investigación.
En un reportaje publicado por el diario La Unión en octubre de 1994, María Teresa Schiavini cuestionó en duros términos al juez y anunció que le iniciaría juicio político. Luego, su denuncia contra el juez fue rechazada por la Corte bonaerense. Soukop se sintió agraviado por estas expresiones y demandó por daño moral a Schiavini, al diario que publicó sus declaraciones, al autor de la nota, Alejandro Córdoba, y a su editor, Oscar Padrón. La Unión de Trabajadores de Prensa expresó que ese hecho “amenaza la libertad de expresión y el derecho a la información”.
El gremio no exagera: en su demanda, el juez –a través de su abogado patrocinante, José Bilbao– había advertido que “en muchas oportunidades, la prensa se ha vuelto insoportable”. Para Soukop, los dichos de Schiavini y su publicación tenían “la intención bastarda de influenciar para que los camaristas se vieran apretados a decidir” en un sentido opuesto, para no “ser acusados por el mismo medio del juicio político”.
Ante una consulta de este diario, Soukop se negó a hacer comentarios sobre la causa. En estos once años, el juez fue ascendido a camarista. Para Schiavini, en cambio, la Justicia tiene una deuda pendiente. “De los jueces argentinos nunca recibí nada. Por eso es que tuve que recurrir a los organismos internacionales”, dijo la madre a Página/12. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó su denuncia contra el Estado argentino por denegación del derecho de justicia.