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Mejorar una escuela de la zona, construir una sala de salud en el barrio, poner más luces en determinado lugar, podar los árboles de alguna plaza. Los vecinos porteños podrán en poco tiempo decidir cuáles de esas u otras tantas obras realizar y en qué orden de prioridades, según aseguraron ayer las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires al presentar los planes de Prioridades Presupuestarias 2002 y de Presupuesto Participativo 2003. “Frente a la crisis y los cuestionamientos a la política y las instituciones sólo es posible salir con mayor democratización y participación y no encerrándose en viejas lógicas”, explicó el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, acerca de su decisión de implementar ambas iniciativas que pretenden involucrar a la gente en la definición del presupuesto y la gestión de la comuna.
La implementación de un mecanismo de esas características es una asignatura pendiente en la ciudad. La Constitución porteña reconoció el “carácter participativo del presupuesto” y estableció que una ley debía “fijar los procedimientos de consulta sobre las prioridades de asignación de recursos”. En la Legislatura se presentaron varios proyectos, pero no se avanzó demasiado en la discusión. Durante su gestión como jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa lanzó una experiencia piloto en la Boca que finalmente quedó en la nada.
El motivo por el que Ibarra decidió avanzar en la materia –el Ejecutivo no esperará la discusión legislativa, sino que implementará directamente su plan– tiene mucho que ver con el escenario planteado desde el 20 de diciembre pasado a la fecha, como explican sus propias palabras: “Estamos convencidos –subrayó– de que hubo un punto de inflexión y nos hacemos cargo de la demanda de participación”. El jefe de Gobierno presentó los planes junto al secretario de Descentralización, Ariel Schifrin, quien coordinó su diseño y ahora tendrá a cargo su ejecución.
El Plan de Prioridades Presupuestarias 2002 permitirá a los vecinos elegir qué acciones de las ya pautadas por el Ejecutivo para el año en curso realizar. Se trata de una suerte de aperitivo del Plan de Presupuesto Participativo, mediante el cual podrán ya intervenir en la elaboración y control del presupuesto 2003.
Para la gestión del Plan de Presupuesto Participativo se tomará como base los dieciséis Centros de Gestión y Participación, que serán divididos en cuatro o cinco áreas barriales sobre la base de un criterio que tenga en cuenta la identidad cultural y la centralidad de cada barrio. La delimitación final será sometida a consideración de un Consejo Asesor de ONG que se creará con el objeto de monitorear permanentemente el plan.
Según prevé el programa, en cada una de las áreas barriales los vecinos se reunirán en asambleas –la intención es que empiecen a deliberar en un mes– para debatir y definir qué destino prefieren darle a los fondos públicos de base geográfica; es decir, fuera de discusión quedarán aquellos recursos afectados a finalidades de escala distrital, como por ejemplo la recolección de residuos. Schifrin precisó que, a fin de garantizar la mayor participación posible, se convocará a la ciudadanía a través de “las boletas de ABL, los cuadernos de comunicación de los chicos, publicidad callejera e, incluso, puerta a puerta”.
Las asambleas vecinales fijarán sus prioridades e irán recibiendo aportes de las “asambleas temáticas”, como ser las que referidas específicamente a cuestiones de salud que se harán en los hospitales y las que habitualmente organizan las cooperadoras en las escuelas, así como de los Consejos de Prevención de Delito. El Ejecutivo, por su parte, acercará las propuestas técnicas que mejor satisfagan las demandas de los vecinos. “Tal vez se pide la apertura de una sala de salud y el tema se soluciona ampliando el horario de atención del hospital”, comentó Schifrin.
El orden de preferencias que surgirá de las asambleas vecinales será validado posteriormente con una encuesta que recogerá la opinión de todoslos vecinos de la zona. Finalmente las prioridades serán sometidas a un sistema de ponderación para ser volcadas al presupuesto.
“¡Era hora!”, manifestó el economista la CTA Claudio Lozano y dijo ver “mucha voluntad de implementarlo en el área de Descentralización”. De todos modos, advirtió que “Ibarra deberá demostrar que no es De la Rúa y que el tema no quedará en nada” y cuestionó que las inversiones a escala no puedan ser discutidas por los vecinos.